Fiscalía investiga caso del avión que salió de Valencia sin autorización


La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al ser consultada sobre el caso de un avión que salió del aeropuerto de Valencia, informó que el Ministerio Público desplegó un equipo multidisciplinario conformado por el director general contra la Delincuencia Organizada, Alejandro Castillo, quien conjuntamente con la fiscal 3º nacional, Eylin Ruiz; y los fiscales 5º y 13º del estado Carabobo, Analí Aguilar y Asdrúbal Durán, respectivamente, coordinan la práctica de las primeras diligencias de investigación.

Asimismo, informó que por este caso se han detenido 26 personas, entre ellos uno de los principales accionista de una empresa que presta servicio de aviación civil, quienes serán presentados en las próximas horas ante el tribunal de control correspondiente.

Ortega inauguró este martes 14 de agosto de 2012 la Fiscalía Municipal Cuarta del estado Miranda, con competencia en los municipios Simón Bolívar, Independencia y Paz Castillo.

Este nuevo despacho municipal está ubicado en la avenida Bolívar con calle Independencia de la población de Santa Teresa.

Durante el acto de inauguración, la Fiscal General manifestó que desde el año 2008, cuando se creó la primera fiscalía municipal ubicada en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), el Ministerio Público se planteó acercar la justicia al pueblo.

En este sentido, se buscaron los mecanismos necesarios para que las personas sintieran la justicia y pudieran palparla, es por ello, que se crearon estos despachos municipales.

Ortega Díaz refirió que recientemente el Ejecutivo Nacional creó la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, programa en el cual se circunscribe la municipalización de la justicia, por lo que las instituciones del Estado deben trabajar de manera conjunta para que en cada parroquia, municipio o población exista justicia.

Asimismo, dijo que la municipalización de la justicia es la forma en el que los ciudadanos puedan resolver los conflictos de cerca.

La máxima autoridad del Ministerio Público señaló que a través de las fiscalías municipales se han obtenido nueve condenas por faltas, entre las que destacan casos de algunas diferencias surgidas entre vecinos por equipos de sonidos funcionando a alto volumen.

Explicó que en estas causas las personas son condenadas, pero no son privadas de libertad, sino que se les impone trabajo comunitario para resarcir a la comunidad el daño ocasionado.NP

DJ

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