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Con el nombramiento ayer de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba se cumple un traspaso de poder político en la isla sobre el que, en principio, no hay razones para albergar grandes esperanzas de cambio real. Al menos a corto plazo.

La decisión de la oposición democrática venezolana de no acudir a las elecciones convocadas por el régimen chavista para el próximo 22 de abril está más que justificada. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de los partidos de la oposición, no quiere ser una comparsa de una farsa electoral cuyo único objetivo es dotar de apariencia de legitimidad a la perpetuación de Nicolás Maduro en poder.

La puesta en marcha de un mecanismo administrativo que prohibirá a los partidos de oposición presentarse a las elecciones presidenciales que Venezuela celebrará el año próximo constituye un acto ilegal cuyo único objetivo es perpetuar al chavismo en el poder en la persona de Nicolás Maduro, dejando a la oposición fuera de la ley.

La hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de Argentina en 2013 cuando su Gobierno firmó un memorándum con Teherán que habilitaba a Irán para interrogar a los sospechosos del atentado contra la mutua judía AMIA (85 muertos en 1994). Aquel documento nunca entró en vigor porque Irán no lo ratificó, pero fue la base de las investigaciones del fiscal Nisman, que iba a presentar sus conclusiones ante el Congreso cuando apareció muerto de un disparo en su casa en Buenos Aires, en enero de 2015. Y lo es ahora en el caso que impulsa el juez Bonadio.

El premio Sárajov del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia es un balón de oxígeno para una oposición venezolana que atraviesa una crisis profunda. A la arrogancia y la indecente represión del régimen de Nicolás Maduro se ha añadido una corrosiva división interna; alentada, eso sí, por las grotescas maniobras antidemocráticas del presidente venezolano.

La destrucción de la democracia venezolana y el asalto continuado a los derechos y libertades de los ciudadanos de ese país a manos del régimen chavista es, sin ninguna duda, el hecho más relevante que experimenta en la actualidad la comunidad iberoamericana.

No hubo ayer en Caracas sustitución de la legítima Asamblea Nacional, que salió de las urnas en 2015, por la llamada Constituyente que fue elegida el pasado domingo en unos comicios cuestionados por no cumplir los más elementales requisitos democráticos. El Gobierno de Nicolás Maduro intenta ahora la extravagante fórmula de que convivan en la misma sede del poder jurídico “esa Asamblea podrida que está ahí”, según sus propias palabras, con la que el chavismo puso en marcha para destruirla.

Este domingo, si la presión combinada de la diplomacia y los venezolanos no logran impedirlo, Venezuela cruzará la última línea roja que separa a una democracia de una dictadura. A partir del momento en el que el régimen de Maduro dé por válida la elección, fraudulenta y anticonstitucional, de la llamada “Asamblea Nacional Constituyente”, habrá disuelto la última institución democrática que queda en ese país: la Asamblea Nacional, elegida en las elecciones el 6 de diciembre de 2015.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha liberado a Leopoldo López. El dirigente del partido Voluntad Popular (VP), y exalcalde del municipio caraqueño de Chacao, fue detenido durante las movilizaciones de 2014 y declarado culpable de instigación a la violencia por los 43 muertos con los que se saldaron aquellas protestas. Lo condenaron, en un proceso fraudulento y sin garantías, a pasar más de 13 años en la cárcel en unas condiciones de aislamiento tan lamentables como crueles.

Nicolás Maduro sigue avanzando en su huida hacia ninguna parte. En lugar de convocar elecciones presidenciales bajo supervisión internacional, insiste en violar la Constitución, asfixiar a la oposición y disolver la única institución con legitimidad democrática que queda en el país, la Asamblea Nacional.

En lugar de liberar a los presos políticos, convocar elecciones presidenciales y dar así una salida democrática a la crisis institucional que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha decidido dinamitar el orden constitucional de su país. Fracasado su empeño en despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, Maduro quiere ahora dotarse de una legalidad a su medida en la que no quepa ninguna oposición a su régimen.

Nicolás Maduro ha pedido a sus seguidores que se preparen para una “victoria electoral pronta”. En paralelo, decenas de miles de venezolanos llevan ya dos días saliendo a las calles del país exigiendo que el Gobierno acate la Constitución y que se celebren elecciones cuanto antes. No parece haber pues impedimento alguno para que el mandatario convoque inmediatamente unos comicios presidenciales libres y transparentes bajo supervisión de la Organización de Estados Americanos.

La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional venezolana, el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el chavismo— y la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro supone un mazazo institucional de una gravedad extrema, sin parangón desde que comenzara la crisis institucional en Venezuela. Es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización.