
Con el nombramiento ayer de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba se cumple un traspaso de poder político en la isla sobre el que, en principio, no hay razones para albergar grandes esperanzas de cambio real. Al menos a corto plazo.
Con el nombramiento ayer de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba se cumple un traspaso de poder político en la isla sobre el que, en principio, no hay razones para albergar grandes esperanzas de cambio real. Al menos a corto plazo.
Latinoamérica no es inmune a las turbulencias que experimentan las democracias del mundo. Así ha quedado reflejado en la cumbre de las Américas que acaba de concluir en Lima. El encuentro se ha caracterizado tanto por las tensiones internas que viven algunos países participantes, inmersos en decisivos procesos electorales, como por las implicaciones del escándalo Odebrecht, que ha alcanzado una escala continental.
La decisión de la oposición democrática venezolana de no acudir a las elecciones convocadas por el régimen chavista para el próximo 22 de abril está más que justificada. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de los partidos de la oposición, no quiere ser una comparsa de una farsa electoral cuyo único objetivo es dotar de apariencia de legitimidad a la perpetuación de Nicolás Maduro en poder.
Zapatero confunde su rol mediador y aporta un apoyo crucial al chavismo. La carta enviada por José Luis Rodríguez Zapatero a la oposición venezolana tras el fracaso de las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro es impropia de un mediador. Porque una cosa es la frustración del que ha trabajado para acercar a las partes en conflicto y otra muy distinta cargar las culpas en solo uno de los negociadores.
La puesta en marcha de un mecanismo administrativo que prohibirá a los partidos de oposición presentarse a las elecciones presidenciales que Venezuela celebrará el año próximo constituye un acto ilegal cuyo único objetivo es perpetuar al chavismo en el poder en la persona de Nicolás Maduro, dejando a la oposición fuera de la ley.
La entrega ayer por parte del Parlamento Europeo del Premio Sájarov de libertad de conciencia a la oposición venezolana envía un doble mensaje. Por una parte, que Europa respalda incondicionalmente a los políticos venezolanos implicados en la democratización del país; en segundo término, que la vía de salida de la dificilísima situación de Venezuela pasa por respetar la legalidad, liberar a los presos políticos, restaurar la Asamblea Nacional y convocar elecciones libres.
La hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de Argentina en 2013 cuando su Gobierno firmó un memorándum con Teherán que habilitaba a Irán para interrogar a los sospechosos del atentado contra la mutua judía AMIA (85 muertos en 1994). Aquel documento nunca entró en vigor porque Irán no lo ratificó, pero fue la base de las investigaciones del fiscal Nisman, que iba a presentar sus conclusiones ante el Congreso cuando apareció muerto de un disparo en su casa en Buenos Aires, en enero de 2015. Y lo es ahora en el caso que impulsa el juez Bonadio.
El exilio en España del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, es una buena prueba de la brutal represión que está ejerciendo en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro quien ha redoblado su presión sobre la oposición con medidas tales como los registros arbitrarios de domicilios o la colocación de pulseras electrónicas a opositores sin ningún tipo de mandato judicial.
El premio Sárajov del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia es un balón de oxígeno para una oposición venezolana que atraviesa una crisis profunda. A la arrogancia y la indecente represión del régimen de Nicolás Maduro se ha añadido una corrosiva división interna; alentada, eso sí, por las grotescas maniobras antidemocráticas del presidente venezolano.
En lo que representa una nueva vuelta de tuerca en el proceso de asfixia de las libertades de los venezolanos, la Asamblea Constituyente —un órgano ilegal e ilegítimo— ha decidido abrir un “juicio histórico por traición a la patria” a los líderes de la oposición y otros disidentes.
La destrucción de la democracia venezolana y el asalto continuado a los derechos y libertades de los ciudadanos de ese país a manos del régimen chavista es, sin ninguna duda, el hecho más relevante que experimenta en la actualidad la comunidad iberoamericana.
La ONU ha tomado por fin la palabra en el caos venezolano. Y lo ha hecho con un informe contundente en el que emerge el rostro más siniestro del Gobierno de Maduro. La brutal represión desencadenada contra las movilizaciones ciudadanas que inundaron las calles del país una vez que el régimen convocó elecciones para fabricar una Asamblea Constituyente ha llenado Venezuela de cadáveres, y sus cárceles de prisioneros. Lo que ha hecho la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH) es poner un poco de claridad en el brumoso desorden de las protestas.
No hubo ayer en Caracas sustitución de la legítima Asamblea Nacional, que salió de las urnas en 2015, por la llamada Constituyente que fue elegida el pasado domingo en unos comicios cuestionados por no cumplir los más elementales requisitos democráticos. El Gobierno de Nicolás Maduro intenta ahora la extravagante fórmula de que convivan en la misma sede del poder jurídico “esa Asamblea podrida que está ahí”, según sus propias palabras, con la que el chavismo puso en marcha para destruirla.
El régimen chavista debe saber que su asalto al poder tendrá consecuencias. Como no podía ser de otra manera, la farsa organizada por Nicolás Maduro el pasado domingo en Venezuela ha obtenido un amplio rechazo internacional, empezando por los principales países de la región. Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Brasil, México, Costa Rica y Chile han advertido que no reconocen la elección de una Asamblea Constituyente con la que Maduro pretende redactar una nueva Constitución a su medida y enterrar definitivamente a la democracia en su país.
Este domingo, si la presión combinada de la diplomacia y los venezolanos no logran impedirlo, Venezuela cruzará la última línea roja que separa a una democracia de una dictadura. A partir del momento en el que el régimen de Maduro dé por válida la elección, fraudulenta y anticonstitucional, de la llamada “Asamblea Nacional Constituyente”, habrá disuelto la última institución democrática que queda en ese país: la Asamblea Nacional, elegida en las elecciones el 6 de diciembre de 2015.
Los venezolanos demostraron de forma masiva el domingo al presidente Nicolás Maduro que es imposible solucionar el desastre económico e institucional que vive el país si no es mediante una solución dialogada que pase por el respeto a la legalidad. Que más de 7,5 millones de personas vencieran el miedo a la violencia y volvieran a convertir las calles en una manifestación contra el régimen es una señal clara del momento que se atraviesa. La oposición anunció ayer la próxima creación de un Gobierno paralelo de Unidad nacional y ha convocado una huelga general para el jueves.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha liberado a Leopoldo López. El dirigente del partido Voluntad Popular (VP), y exalcalde del municipio caraqueño de Chacao, fue detenido durante las movilizaciones de 2014 y declarado culpable de instigación a la violencia por los 43 muertos con los que se saldaron aquellas protestas. Lo condenaron, en un proceso fraudulento y sin garantías, a pasar más de 13 años en la cárcel en unas condiciones de aislamiento tan lamentables como crueles.
Venezuela ha entrado en el mes que decidirá su futuro político e institucional sumida en una espiral de violencia política que cada día suma episodios de mayor gravedad.
A la tragedia del goteo casi diario de víctimas mortales en las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro —que el próximo lunes cumplirán 100 días ininterrumpidos— y que ya alcanzan la cifra de 90, se suma el asalto ayer a la Asamblea Nacional venezolana tanto de simpatizantes del chavismo como del propio Ejecutivo venezolano.
Nicolás Maduro sigue avanzando en su huida hacia ninguna parte. En lugar de convocar elecciones presidenciales bajo supervisión internacional, insiste en violar la Constitución, asfixiar a la oposición y disolver la única institución con legitimidad democrática que queda en el país, la Asamblea Nacional.
Ejercer el periodismo allí donde la libertad de expresión está secuestrada por la violencia, el narcotráfico o el crimen organizado es un acto heroico. En América Latina, este periodismo se paga con la vida. El año pasado fueron asesinados 31 informadores, según los registros de Reporteros sin Fronteras, 13 de ellos en México. Este país lleva camino de marcar un nuevo récord: en lo que va de año son ya seis los profesionales abatidos.
En lugar de liberar a los presos políticos, convocar elecciones presidenciales y dar así una salida democrática a la crisis institucional que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha decidido dinamitar el orden constitucional de su país. Fracasado su empeño en despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, Maduro quiere ahora dotarse de una legalidad a su medida en la que no quepa ninguna oposición a su régimen.
Los acontecimientos de las últimas horas en Venezuela desbordan los escenarios más pesimistas y confirman la disposición del presidente Maduro a conducir al país por la senda de la violencia y el estallido social antes que a dar la palabra democrática a los venezolanos.
Nicolás Maduro ha pedido a sus seguidores que se preparen para una “victoria electoral pronta”. En paralelo, decenas de miles de venezolanos llevan ya dos días saliendo a las calles del país exigiendo que el Gobierno acate la Constitución y que se celebren elecciones cuanto antes. No parece haber pues impedimento alguno para que el mandatario convoque inmediatamente unos comicios presidenciales libres y transparentes bajo supervisión de la Organización de Estados Americanos.
El Gobierno pierde apoyos entre sus bases y no controla a los grupos armados chavistas.
Resulta revelador del grado de descomposición al que está llegando Venezuela que el pasado martes el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, fuera agredido con una andanada de huevos durante la celebración de un acto patriótico en una localidad de signo indiscutiblemente chavista.
La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional venezolana, el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el chavismo— y la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro supone un mazazo institucional de una gravedad extrema, sin parangón desde que comenzara la crisis institucional en Venezuela. Es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización.