En lo que representa una nueva vuelta de tuerca en el proceso de asfixia de las libertades de los venezolanos, la Asamblea Constituyente —un órgano ilegal e ilegítimo— ha decidido abrir un “juicio histórico por traición a la patria” a los líderes de la oposición y otros disidentes.
La destrucción de la democracia venezolana y el asalto continuado a los derechos y libertades de los ciudadanos de ese país a manos del régimen chavista es, sin ninguna duda, el hecho más relevante que experimenta en la actualidad la comunidad iberoamericana.
La ONU ha tomado por fin la palabra en el caos venezolano. Y lo ha hecho con un informe contundente en el que emerge el rostro más siniestro del Gobierno de Maduro. La brutal represión desencadenada contra las movilizaciones ciudadanas que inundaron las calles del país una vez que el régimen convocó elecciones para fabricar una Asamblea Constituyente ha llenado Venezuela de cadáveres, y sus cárceles de prisioneros. Lo que ha hecho la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH) es poner un poco de claridad en el brumoso desorden de las protestas.
No hubo ayer en Caracas sustitución de la legítima Asamblea Nacional, que salió de las urnas en 2015, por la llamada Constituyente que fue elegida el pasado domingo en unos comicios cuestionados por no cumplir los más elementales requisitos democráticos. El Gobierno de Nicolás Maduro intenta ahora la extravagante fórmula de que convivan en la misma sede del poder jurídico “esa Asamblea podrida que está ahí”, según sus propias palabras, con la que el chavismo puso en marcha para destruirla.
El régimen chavista debe saber que su asalto al poder tendrá consecuencias. Como no podía ser de otra manera, la farsa organizada por Nicolás Maduro el pasado domingo en Venezuela ha obtenido un amplio rechazo internacional, empezando por los principales países de la región. Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Brasil, México, Costa Rica y Chile han advertido que no reconocen la elección de una Asamblea Constituyente con la que Maduro pretende redactar una nueva Constitución a su medida y enterrar definitivamente a la democracia en su país.
Este domingo, si la presión combinada de la diplomacia y los venezolanos no logran impedirlo, Venezuela cruzará la última línea roja que separa a una democracia de una dictadura. A partir del momento en el que el régimen de Maduro dé por válida la elección, fraudulenta y anticonstitucional, de la llamada “Asamblea Nacional Constituyente”, habrá disuelto la última institución democrática que queda en ese país: la Asamblea Nacional, elegida en las elecciones el 6 de diciembre de 2015.
Los venezolanos demostraron de forma masiva el domingo al presidente Nicolás Maduro que es imposible solucionar el desastre económico e institucional que vive el país si no es mediante una solución dialogada que pase por el respeto a la legalidad. Que más de 7,5 millones de personas vencieran el miedo a la violencia y volvieran a convertir las calles en una manifestación contra el régimen es una señal clara del momento que se atraviesa. La oposición anunció ayer la próxima creación de un Gobierno paralelo de Unidad nacional y ha convocado una huelga general para el jueves.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha liberado a Leopoldo López. El dirigente del partido Voluntad Popular (VP), y exalcalde del municipio caraqueño de Chacao, fue detenido durante las movilizaciones de 2014 y declarado culpable de instigación a la violencia por los 43 muertos con los que se saldaron aquellas protestas. Lo condenaron, en un proceso fraudulento y sin garantías, a pasar más de 13 años en la cárcel en unas condiciones de aislamiento tan lamentables como crueles.
Venezuela ha entrado en el mes que decidirá su futuro político e institucional sumida en una espiral de violencia política que cada día suma episodios de mayor gravedad.
A la tragedia del goteo casi diario de víctimas mortales en las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro —que el próximo lunes cumplirán 100 días ininterrumpidos— y que ya alcanzan la cifra de 90, se suma el asalto ayer a la Asamblea Nacional venezolana tanto de simpatizantes del chavismo como del propio Ejecutivo venezolano.
Nicolás Maduro sigue avanzando en su huida hacia ninguna parte. En lugar de convocar elecciones presidenciales bajo supervisión internacional, insiste en violar la Constitución, asfixiar a la oposición y disolver la única institución con legitimidad democrática que queda en el país, la Asamblea Nacional.
Ejercer el periodismo allí donde la libertad de expresión está secuestrada por la violencia, el narcotráfico o el crimen organizado es un acto heroico. En América Latina, este periodismo se paga con la vida. El año pasado fueron asesinados 31 informadores, según los registros de Reporteros sin Fronteras, 13 de ellos en México. Este país lleva camino de marcar un nuevo récord: en lo que va de año son ya seis los profesionales abatidos.
En lugar de liberar a los presos políticos, convocar elecciones presidenciales y dar así una salida democrática a la crisis institucional que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha decidido dinamitar el orden constitucional de su país. Fracasado su empeño en despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, Maduro quiere ahora dotarse de una legalidad a su medida en la que no quepa ninguna oposición a su régimen.
Los acontecimientos de las últimas horas en Venezuela desbordan los escenarios más pesimistas y confirman la disposición del presidente Maduro a conducir al país por la senda de la violencia y el estallido social antes que a dar la palabra democrática a los venezolanos.
Nicolás Maduro ha pedido a sus seguidores que se preparen para una “victoria electoral pronta”. En paralelo, decenas de miles de venezolanos llevan ya dos días saliendo a las calles del país exigiendo que el Gobierno acate la Constitución y que se celebren elecciones cuanto antes. No parece haber pues impedimento alguno para que el mandatario convoque inmediatamente unos comicios presidenciales libres y transparentes bajo supervisión de la Organización de Estados Americanos.
El Gobierno pierde apoyos entre sus bases y no controla a los grupos armados chavistas.
Resulta revelador del grado de descomposición al que está llegando Venezuela que el pasado martes el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, fuera agredido con una andanada de huevos durante la celebración de un acto patriótico en una localidad de signo indiscutiblemente chavista.
La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional venezolana, el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el chavismo— y la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro supone un mazazo institucional de una gravedad extrema, sin parangón desde que comenzara la crisis institucional en Venezuela. Es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización.
La derrota de la xenofobia y el populismo acaecida en las elecciones legislativas celebradas ayer en Holanda constituye una buena noticia en tres aspectos diferentes aunque conectados entre sí.
El caos, los escándalos y las amenazas marcan el primer mes de presidencia
El primer mes de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos ha confirmado que el mandatario está dispuesto a llevar a cabo todo aquello que prometió durante su campaña electoral, por muy polémico, irracional, ilegal o peligroso que pueda resultar. Pero estas primeras cuatro semanas en el Despacho Oval también han puesto de manifiesto que la firmeza funciona y que el presidente, aunque redoble su oposición cuando encuentra un obstáculo, no necesariamente va a salirse siempre con la suya.
Mañana se cumplirán tres años del encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López, quien ha permanecido todo este tiempo aislado en una prisión militar acusado injustamente de ser el responsable de la muerte de 43 personas fallecidas en 2014 durante la durísima represión de la Guardia Nacional Bolivariana sobre las protestas desencadenadas en todo el país contra el régimen de Nicolás Maduro.
Un año más, el Foro Económico Mundial de Davos ha permitido tomar el pulso a los principales desafíos —políticos, económicos y medioambientales— que enfrenta el mundo. De los muchos informes presentados, el relativo a los riesgos globales (Global Risks Report) es el más relevante por su rigor e interés tanto para los Gobiernos como para las empresas con proyección internacional. En él se vienen identificando, desde hace 12 años, los factores de riesgo más relevantes y sus interconexiones.
La toma de posesión de Trump ratifica el pesimismo sobre su presidencia
Cumpliendo las peores previsiones, las primeras palabras de Donald Trump como presidente de Estados Unidos han estado impregnadas de populismo, nacionalismo y agresividad. Si un discurso inaugural sirve para avanzar cómo pueden ser los próximos cuatro años, del de Trump se desprende que el mundo debe prepararse para atravesar tiempos difíciles llenos de turbulencias y actitudes tan hostiles como imprevisibles.
A pasos agigantados, Venezuela se aleja peligrosamente de la senda del diálogo que, aunque fuera tímidamente y de cara a la galería, había comenzado en diciembre entre el Gobierno de Nicolás Maduro y algunas fuerzas de la oposición.
Cuando apenas queda una semana para que se produzca una ceremonia política tan importante como la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, cualquier acto público en el que participe la persona que ocupará la Casa Blanca durante los próximos cuatro años adquiere un tono especial. Si además este acto coincide con la primera rueda de prensa desde que venciera en las elecciones de noviembre, lo que los estadounidenses y el mundo esperan es ver al futuro presidente en un papel casi institucional.
El procesamiento decretado ayer de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunta formación de una asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra pública hacia Austral Construcciones —una empresa propiedad de un empresario vinculado al kirchnerismo— supone un importante giro en la situación de la exmandataria desde que dejara el poder en diciembre de 2015.
Cada día que pasa, el Gobierno de Venezuela da un paso más hacia el abismo. No se trata ya solo del fanatismo ideológico de Nicolás Maduro y sus adláteres, que ha logrado dividir y enfrentar a los venezolanos entre sí, destruir su aparato productivo y mandar a la cárcel a los principales opositores mediante juicios fraudulentos basados en pruebas amañadas. Se trata, además, de la incompetencia manifiesta del Gobierno a la hora de gestionar siquiera aquellos aspectos de la realidad que todavía permanecen, al menos teóricamente, bajo su control.
