Democracia, Elecciones y Legalidad

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Cuando nos referimos a los términos “Democracia”, “Elecciones” y “legalidad”, pareciera inexorablemente que estamos hablando sobre un mismo tema; ya que es difícil, por no decir imposible, analizar el alcance, contenido y significado de la Democracia, sin examinar obligatoriamente uno de los mecanismos fundamentales por la cual se ejerce y mucho menos sin revisar el régimen jurídico aplicable a cada uno de estos supuestos.

Las elecciones son una institución característica e inequívoca de la Democracia y particularmente de la Democracia representativa; sin embargo, debemos acotar que la pura y sola presencia de elecciones, no garantiza el ejercicio pleno de la Democracia y un ejemplo claro de ello es que en la mayoría de los regímenes autoritarios de la historia, incluso de los todavía existentes, se ha hecho uso de las elecciones para presentar ante la comunidad internacional y ante ellos mismos, que sus supuestos “lideres” son aclamados por su pueblo y que ellos están allí porque han sido electos para ello; pero lo cierto es, que si bien existen elecciones, las mismas no cumplen los requisitos mínimos para que puedan considerarse como libres y transparentes, de manera que puedan garantizar la verdadera expresión del pueblo.

Para que una elección pueda considerarse como instrumento de la democracia, se deben cumplir ciertos principios básicos como la universalidad, la igualdad, la libre elección sin coacción, el secreto del voto y otros tantos, como la representación proporcional y directa, que podrían variar dependiendo del tipo de democracia asumida por uno u otro País. Pero existe otro requisito básico e indispensable y que es de obligatorio cumplimiento, que es la sujeción total al principio de legalidad, es decir, que todos los actores de una elección, lo cual incluye de manera referencial no solo a candidatos y electores, sino a todos aquellos que de manera directa e indirecta participan en el proceso electoral y cuando hablamos de proceso electoral, nos referimos no solo al acto en si, sino a todo el proceso, incluyendo sus fases previas y preparatorias; deben cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y constitucionales establecidas y que no solo rigen el proceso electoral sino que constituyen el ordenamiento jurídico del País.

En Venezuela, la Constitución Nacional establece como uno de sus principios fundamentales que es un Estado Democrático y Social de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. De igual forma, establece que el sufragio es un derecho, que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas.

Ello así, observamos como nuestra Carta Magna, es clara al señalar que somos un Estado Democrático y Social de Derecho, pero esto no es una mera declaración, sino que para poderse constituirse como tal, debe ajustar su actuación a cada uno de esos valores superiores; siendo que de no ajustarse a ellos, no puede considerarse un Estado Democrático, ni mucho menos social de Derecho. Es decir, sin libertad, justicia, igualdad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, sin ética y pluralismo político, no podrá haber democracia y muchos menos si no existe el ejercicio libre, universal, directo y secreto del sufragio.

Hoy en Venezuela, observamos como el Estado no ajusta su actuación a los valores y principios fundamentales contenidos en la Constitución Nacional; no hay respeto a la vida, muchos menos a la libertad y la justicia se utiliza como un mecanismo de control social, donde es castigado por la “justicia” quien disienta y manifieste su inconformidad con el Gobierno Nacional. No hay igualdad ante la Ley, la política se ejerce sin ética y se pretende eliminar el pluralismo político inhabilitando a los partidos y a las iniciativas electorales independientes; no se respeta los derechos humanos y la libertad y universalidad del voto están en tela de juicio. De igual manera, el voto directo y secreto ha sido violentado, utilizando medios como el carnet de la patria y sistemas de representación no contenido en la Ley Electoral.

Todo ello hace que no se puede hablar de democracia en Venezuela; que existan elecciones y se cumpla, en parte o incluso en su totalidad (cosa que no pasa en Venezuela) las normas que regulan el proceso electoral, no garantiza que estemos en presencia de ella; ya que mientras no exista justicia y legalidad, así como el respeto a los demás valores y principios contenidos en la Constitución, no podrá decirse que existe una verdadera Democracia.

Es importante recalcar, que no existe Democracias a medias o cuasi democracias, o se es Democracia o no se es; aún cuando en el País se hayan realizado alrededor de 19 elecciones, para escoger los representantes de los distintos niveles de gobierno, ya sea nacional, estadal o municipal, en los últimos 20 años, es decir, teniendo casi una elección por año; no puede hablarse de Democracia mientras no exista una estricta sujeción al principio de legalidad, mientras no se cumplan y se garanticen los principios fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna.

Democracia, elecciones y legalidad son conceptos inherentes uno del otro, que se complementan y condicionan su existencia, pues si falta alguno de ellos, pues no se podrá hablar de Democracia. Mas elecciones no es mas Democracia, existirá mas Democracia cuando existan mas libertades ciudadanas, mientras esto no suceda, no estaremos en Democracia y así hay que hacerlo denotar a los ciudadanos dentro y fuera del País.
Angel Dominguez