Arduos dilemas

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Un uso politiquero de los dramas venezolanos solo aumenta los riesgos para Colombia, su mayor vecino.
El sorpresivo llamado de Maduro a la oposición venezolana para adelantar un diálogo permite diversas interpretaciones.
Quizás pretenda mostrarse triunfante al cerrar un ciclo de resistencia opositora, protesta social y fisura en el chavismo, liquidando de paso cualquier amenaza a la hegemonía de su partido-Estado. A este aparente triunfo han contribuido diversos factores.

El apoyo de las fuerzas armadas, hoy incondicionales de un gobernante que les ha entregado buena parte del Estado y la economía del país; el control presidencial de los poderes públicos –judicial, electoral y ciudadano, que incluye Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo– y su desconocimiento del Legislativo cuando perdió la mayoría; el cambio de las reglas de juego electorales al alterar el calendario y el sufragio universal, suspender referendos y elecciones, inhabilitar o encarcelar opositores; el cogobierno con una constituyente que, por encima de la Constitución, destituye y nombra autoridades, anula, retrasa o anticipa elecciones, suprime inmunidades y enjuicia a opositores; el uso clientelista de recursos públicos para manipular a un elector ofreciéndole comida, beca, vivienda y empleo; la represión ejercida por cuerpos de seguridad y colectivos armados, la cárcel, el exilio y división de la oposición; la parálisis de la OEA, Unasur y la Celac.

Los dilemas son múltiples. Sin producción interna, al reducir más importaciones, aumentando la escasez y carestía, el Gobierno arriesga la elección presidencial en 2018, que cree asegurada. Pero las reservas ya no alcanzan ni para pagar intereses de la abultada deuda externa que el chavismo generó, aun con altos precios del petróleo. Ahora, esa producción y precios caen, la economía está devastada, Venezuela ha sido declarada en default selectivo y PDVSA, en default restrictivo.
El llamado de Maduro podría significar, entonces, que esté buscando reconocimiento y financiación internacional para una nueva presidencia, lo que le exige negociar con sectores de la oposición. Podría buscar, incluso, el respaldo de la Asamblea Nacional, a la que ha tratado de anular, cuyo apoyo necesita ahora para el levantamiento de sanciones económicas y negociar la reestructuración de la deuda.

Por su parte, la oposición se encuentra dividida y, mientras que unos actúan a través de partidos que se disputan candidaturas, otros se niegan a participar en el diálogo o en las elecciones. El sector dispuesto al diálogo exige testigos internacionales que garanticen el cumplimiento de los eventuales acuerdos, el sufragio universal y libre, el levantamiento de inhabilidades a los líderes y la liberación de presos políticos. Pero si lograra un acuerdo parcial no consensuado, el costo político sería altísimo. Comprometería la posibilidad de triunfo electoral de cualquiera de los candidatos opositores al no contar con el apoyo de los ausentes del acuerdo.

Abrir una transición constitucional y democrática exige a la oposición no dejar cerrar espacios de participación. No obstante, el diálogo será muy difícil. El Gobierno ofrecerá concesiones insustanciales, que no pongan en peligro su triunfo en unas elecciones competitivas. Y si percibe que las restricciones internacionales son inamovibles o que la oposición avanza en su unidad, suspenderá el diálogo, señala Michael Penfold en Prodavinci. Pero si no cede, y no puede obtener el acceso a los mercados internacionales, la economía colapsaría.
Socorro Ramírez