La OEA y Venezuela

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Es difícil concebir un dictamen más contundente: “Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana”. Palabras de Luis Almagro, secretario general de la OEA, en su informe del 14 de marzo, donde sugiere a la Asamblea General suspender la participación del gobierno venezolano.

¿Su razón para pedir medida tan extrema? Se habría agotado el camino del diálogo entre Gobierno y oposición promovido por la Santa Sede. El diálogo se ha utilizado “como cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario” del régimen. Según el artículo 21 de la Carta, que regula el procedimiento para la suspensión, esta puede tener lugar cuando “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.

Esta es una razón procedimental. Las de fondo se encuentran en la serie de problemas que aquejan a la población, resultado de un régimen que abandonó hace tiempo el rumbo democrático.

El Secretario General ya había producido un informe crítico el 23 de junio del 2016, con detalles sobre la gravedad de las condiciones venezolanas. Su texto más reciente enfatiza que, desde entonces, la “crisis económica, social, política y humanitaria” se ha agudizado.

Interesa observar que Almagro identifica el “deterioro del sistema democrático” como la “causa directa de la crisis económica y humanitaria” que sufre Venezuela.

Las señales son múltiples y alarmantes. Es difícil contar con cifras confiables, pero nadie duda de la descomposición socioeconómica del país, evidente en la escasez de alimentos y drogas. Tasas de inflación por encima de dos dígitos, hace tiempo. Estancamiento palpable de la economía. El índice de homicidios (91 por cada cien mil habitantes) está hoy entre los más altos de la región.

En teoría, la democracia ofrece unos procedimientos para encontrarles solución a tales problemas. Estos procedimientos, sin embargo, han dejado de operar efectivamente en Venezuela.

El referendo revocatorio, un mecanismo de democracia participativa introducido por el mismo régimen, fue suspendido en octubre pasado por las autoridades electorales, amigas del Gobierno. Las elecciones de gobernadores y legislaturas locales han sido también suspendidas. El estado de Amazonas se quedó sin representación en la Asamblea Nacional –miembros de la oposición cuyas curules fueron desconocidas por las autoridades electorales–. Allí también están pendientes de elecciones.

Estas suspensiones del juego electoral, de carácter procedimental, tienen mucho de sustancia. Si la democracia se define como el gobierno de tiempo limitado (magistral enseñanza de Juan Linz), los hechos venezolanos indican que el régimen chavista, con intenciones de perpetuarse en el poder, se apartó de tal definición hace rato. Los calendarios electorales han dejado de obedecer normas constitucionales; están sujetos, en cambio, al arbitrio de las autoridades electorales.

La inoperancia de la definición ‘linziana’ de la democracia ha ido acompañada de otros problemas, examinados en el informe de Almagro: anulaciones del Tribunal Supremo de Justicia (también controlado por el Gobierno) de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, medidas represivas contra la oposición, amenazas contra la libertad de expresión y la prensa. “El Estado de derecho no está vigente en Venezuela”, concluye Almagro.

Es muy difícil que la propuesta de Almagro vaya a recibir los requeridos dos tercios de apoyo de los 34 miembros de la OEA. Su informe aclara muy bien que no se trata de “derrocar a un gobierno”: Se trata de volver a confiar en el electorado, “la única salida real que existe”. Esa debería ser la meta del diálogo. El presidente Maduro debería escuchar.

Eduardo Posada Carbó

Fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/eduardo-posada-carbo/la-oea-...