Diálogo entre sordos parlanchines

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Son pocos los países del ámbito occidental en donde no hay consternación por las diversas crisis que están azotando a Venezuela, más allá, inclusive, de la creencia de que sólo es alarmante por la manera como se registran las que tienen que ver con lo económico y lo político.

Desde luego, lo que provoca semejante reacción son sus ya identificadas repercusiones a nivel global. Y que no serían tales si, por otra parte, además de la posición que asumió desde el año pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) y particularmente su Secretario General, Luis Almagro, el propio gobierno venezolano no hubiera incurrido en tantos errores que se tradujeron en lo peor para él: que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) hiciera esta semana lo que ahora pasó a ser materia prioritaria para el resto del mundo.

Porque, desde el lunes 18 de septiembre de 2017 Venezuela, después de todo lo que se expuso ante Asamblea General de la ONU, además de un país en donde hay severas crisis del tipo más inimaginable, también es un lugar en donde los derechos humanos son poco menos que un privilegio; configuran una concesión de sus autoridades. De resto, los ignoran o violentan.

Por primera vez, un país latinoamericano es el centro de la atención y de las críticas de parte de tantas naciones en referencia a la violación de los derechos humanos. Y, de paso, por otra parte, se le carga un comportamiento asociado a delitos tan graves como el narcotráfico, que lo colocan en el epicentro del interés de instituciones no gubernamentales globales, entre ellas las que consideran que también habría que ventilar cuán oportuno es apelar a los recursos institucionales y sociales que hacen necesaria la aplicación a Venezuela de lo que prevé la Convención de Palermo.

El narcotráfico es madre y padre de una infinidad de males humanos en el mundo. Involucra la atención y preocupación de todas las naciones por el daño social que repercute en la degradación moral y física del género humano.

En el caso venezolano, la Nación está calificada como punto de partida o puente continental para el tráfico de drogas que se produce en varios países del continente, y siempre con un propósito: atender la demanda -siempre creciente- de un altísimo porcentaje del consumo mundial, especialmente el de los Estados Unidos, Europa, y, en menor escala, de Africa, Asia y 0ceanía.

Ciertamente, dicho indetenible floreciente negocio tendría otro rostro si, a la vez, no estuviera asociado y relacionado como producto final con grandes volúmenes de capital ilícito que requiere ser ocultado o blanqueado con la complicidad de todo género de organizaciones a nivel mundial, incluyendo a varias que están en los propios centros de consumo. Pero es precisamente dicha alianza o sinergia financiera la que, de una u otra manera, provoca las apreciables reacciones en contra de los países en donde se aprecian desvíos morales de parte de individualidades gubernamentales. Al final, gobernantes y gobernados saben perfectamente que el narcotráfico, entre otras consecuencias, y como negocio ilícito de alto impacto social, genera corrupción, sobornos, delincuencia, degradación humana, además de un crecimiento exponencial de la violencia social.

En el concierto global de las naciones, lamentan que un país que alguna vez se distinguió por ser uno de los más ricos del mundo, hoy esté sumido en la pobreza y la miseria. Que sobresalga por su fragilidad institucional e impunidad, y una ciudadanía que trata de migrar a cualquier parte del mundo en procura de condiciones confiables para trabajar, prosperar y vivir acorde con el efecto de sus ingresos. Desde luego, es una migración que también complica y pone en peligro la estabilidad del Continente, pero que, a la vez, suma otra razón para que la casi totalidad de los 196 países que conforman a las Naciones Unidas, apresuren respuestas dirigidas precisamente a rescatar y restituir la institucionalidad de Venezuela, la recuperación de su economía, la paz, el orden y el bienestar de sus ciudadanos.

Vista y considerada dicha realidad como un motivo de fuerza e importancia para que se susciten reacciones internas acordes con la importancia de revertir esa situación, sin embargo, no deja de llamar la atención que, puertas adentro, no se produzca un efecto que se corresponda con esa valiosa posición.

De hecho, una parte importante de la ciudadanía considera que, salvo contadas excepciones, los voceros de la mayoría de las organizaciones políticas venezolanas están negadas a propiciar un acuerdo para bien de todos. Los bandos enfrentados, sencillamente, mantienen posiciones rígidas, intransigentes en contra de la utilidad e importancia de dialogar. 0ptan por recurrencias sistemáticas a un fundamentalismo revanchista, mientras desatienden la utilidad de abrir puertas con miras a una negociación en la que las partes sean capaces de transigir, y no de seguir dependiendo de máximas ególatras como las de "quítate tú para ponerme yo " .

Sólo actúan y trabajan en función de intereses personales para únicamente empeorar la situación. Y hasta pareciera que, en algunos, lo que les induce o empuja a actuar de esa manera, es su casi patológico deseo de prolongar su permanencia en el poder, a la vez que a otros se les desborda su ambición por conquistarlo.

Entre estas dudas y apreciaciones de gente ajena al ejercicio del oficio político, son inevitables sus múltiples conjeturas sobre lo que acaba de suceder en República Dominicana. Y es que allí, una vez más, sin agenda ni preparación previa, se convoca a un diálogo, con la participación de otros países como observadores. Se nombran y conforman dos delegaciones representando a las partes, que hoy, de paso, tampoco representan a la mayoría de los ciudadanos. A la vez que, de igual manera, se ignora a organizaciones independientes, laborales, gremios y Universidades, que deberían estar representadas en esa convocatoria, y con lo cual se desperdicia así la ocasión de darle espacio y participación a otras personas de conocida y reputada trayectoria, independientes y preparadas para actuar como mediadores y dolientes de su país.

Desde luego, identificar a los seleccionados en ambos bandos, para quienes se refieren al caso, equivale a la presunción de haberse optado por la comprometedora conducta del individualismo grupal. No por descalificación a priori de quienes se trata; sí por esa apreciable presunción de haberse apelado a la escogencia de individuos que, en razón de sus características personales, son los ideales para jamás avanzar en un exigente y de por sí lento proceso de formalizar acuerdos.

No se puede consensuar ni mucho menos construir entendimiento, si al sitio de las reuniones se llega con maletas cargadas de odio, o rodeados de supuestos expertos en irrespetuosa e hiriente altanería. Presumir que en el infierno todo anda bien, es asumir una actitud de espaldas a la importancia del encuentro, como a la necesidad de impedir la reedición de los episodios anteriores y promovidos como pasos en favor del diálogo.

Por otra parte ¿cómo hacer posible que haya confianza en los voceros opositores, cuando, a la vez que insisten en tratar de ocultar sospechosamente su presencia en el lugar, dejan entrever que insisten en evitar el absurdo supuesto de ser criticados por asistir, sin entender que el país entero está interesado en que se comience a llegar a un gran acuerdo que se traduzca en mínimas condiciones de convivencia?.

Negarlo es subestimar la sabia apreciación ciudadana. Pero lo cierto es que, definitivamente, las partes deben admitir que sí existe una expresión mayoritaria de ciudadanos interesados en llegar a una solución o a un feliz término. Y que, como interesados, tienen legítimo derecho, entre otras razones, a saber cuál es el alcance de la agenda que sirve de referencia a las conversaciones; asimismo, qué se exigen las partes; cuáles serán las condiciones rectoras de la discusión; cómo es que los países concurrentes se convertirán en garantes de que este diálogo no fracasará nuevamente.

También, por supuesto, de cómo y quiénes seleccionaron a las personas de cada una de las comisiones responsables de trabajar en favor de pasos concretos para avanzar; de cuánto tiempo se disponen para concluir; y cuál es el alcance de autoridad de los invitados responsables, de paso, de aclarar si los acuerdos serán, o no, sometidos a una consulta ciudadana.

Son tantas –y justificadas- las interrogantes y preocupaciones que flotan en la mente de los venezolanos, que toda ausencia de explicaciones convalida la creencia de que se está en presencia de un nuevo intento de diálogo que, como los anteriores, pudiera terminar siendo otro “corredor de arrugas”, huérfano de soluciones, un nuevo formato para que una minoría termine ganando tiempo en sus desvaríos, y la mayoría en una inevitable derrota.

La casi totalidad de organizaciones multilaterales, como la OEA y la ONU, la Unión de Naciones Europeas, el Mercosur y la Unasur, entre otras, han criticado y condenado la situación venezolana. Lo han hecho exigiendo la restauración institucional y el orden democrático, además de respeto a los derechos humanos. Pero, internamente, responsables de la situación, y no obstante el reclamo institucional, además de la imposición de sanciones de países como los Estados Unidos y Canadá, insisten en jugar a un diálogo entre sordos parlanchines.

Ellos recurren a lo peor: a apostar que todavía hay espacio para la maniobra y la prórroga, apelando erróneamente a la convicción de que Venezuela está muy lejos del caos, cuando ya es víctima de un gran desastre. Y que las mentiras convertidas en propaganda pueden seguir siendo útiles para ocultar tragedias, cuando la verdad es que el avance incontenible de la hiperinflación está alimentando la eventualidad de una gran explosión social impulsada por el hambre y la hambruna que se está incubando desde hace ya 4 años.

¿Está Venezuela realmente en condiciones y goza del tiempo suficiente para ser sometida a otro diálogo entre sordos?.

Ya el ingreso laboral base conformado por el salario y el bono de alimentación, en su relación con el único Dólar que se consigue en el mercado negro, equivale a menos de $ 0,50 de ingreso diario, y eso, según parámetros de la ONU, equivale a un ingreso de miseria. Sencillamente no alcanza para absolutamente nada. El costo de la Canasta Básica en Venezuela para una familia de 5 personas sería el equivalente a 8 salarios de ingreso. ¿Qué y cómo, con un ingreso así, están comiendo los venezolanos ?. ¿Cuál es su verdadero nivel de nutrición?. Un pueblo con hambre no acepta ni tolera excusas.
Egildo Luján Nava

"Camarón que se duerme, mete la lengua en tapara" (Hasta los refranes están mal)