Editorial. El éxodo en Venezuela denuncia el fracaso de Maduro

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Ante la marea humana de venezolanos que huyen del chavismo, cruzan la frontera y buscan una nueva vida en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos está tratando de poner orden.

Este jueves, el presidente colombiano anunció el envío de más de 2,000 agentes para controlar los cruces fronterizos por donde muchos venezolanos entran sin permiso en Colombia.

También se eliminarán las tarjetas que permiten a más de un millón de venezolanos cruzar la frontera para comprar alimentos y medicinas, cuya escasez en Venezuela alcanza las proporciones de una crisis.

El gobierno de Santos está en una encrucijada. El mandatario colombiano quiere mantener la solidaridad con los venezolanos que huyen del colapso del modelo económico impuesto por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Pero al mismo tiempo, Santos quiere que la inmigración se realice de manera legal. Quiere evitar lo que ya se está convirtiendo en una crisis migratoria en la vasta zona fronteriza con Venezuela.

No le será fácil controlar y ordenar la entrada de los que huyen despavoridos del país vecino. Escapar del hambre y de la represión es una reacción natural.

Se calcula que unos 600,000 venezolanos ya están residiendo en Colombia. Muchos viven en condiciones angustiosas: realizando trabajos precarios para sobrevivir, pidiendo dinero en las calles, durmiendo al aire libre porque no pueden costearse un techo. Aun así, muchos dicen que están mejor que en Venezuela. Tal es la magnitud del desastre económico que Maduro preside, que los fugitivos de su régimen prefieren la incertidumbre del futuro en otro país, donde salen cada mañana sin saber cómo se van a ganar un puñado de pesos en un duro esfuerzo por sobrevivir.

Entretanto, el jueves la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que examinará de manera preliminar los abusos cometidos por el régimen de Maduro contra los manifestantes opositores.

La CPI examinará las denuncias de atropellos cometidos por lo menos desde abril del 2017. Según las denuncias que la corte internacional estudiará, el Estado venezolano utilizó con frecuencia fuerza excesiva para dispersar las manifestaciones populares contra el gobierno de Maduro.

También se ha denunciado que opositores detenidos fueron sometidos a maltratos por las autoridades.

El objetivo del examen preliminar de la CPI es determinar si el organismo debe investigar a fondo las denuncias contra el gobierno venezolano.

Si la conclusión del examen da luz verde para una pesquisa exhaustiva, sería un duro golpe para el régimen de Maduro, que intenta ganar legitimidad con unas elecciones presidenciales anticipadas, anunciadas para abril.

Los opositores han denunciado esta convocatoria electoral como una treta de Maduro para seguir en el poder, tomando por sorpresa a la oposición. Maduro sabe que la oposición está desunida y quiere ganar tiempo. Al mismo tiempo, también debe de saber que su gestión es incapaz de aliviar la profunda crisis económica que devasta al país y que ha provocado el éxodo de millones de venezolanos, de ellos cientos de miles a la vecina Colombia.

El ocaso del madurismo ya ha llegado, pero el mandatario se niega a aceptarlo. Por eso es importante que la CPI decida investigar a fondo las denuncias de violaciones de derechos humanos en contra del régimen. Por eso es importante que se cierre el cerco internacional de presiones contra el régimen chavista, y que los gobiernos, sobre todo de los países vecinos, ayuden a los que emigran. La huida de los venezolanos hacia otros países es una prueba del fracaso de un gobierno que debe realizar elecciones, de acuerdo, pero limpias, transparentes y con una supervisión internacional imparcial.
Junta Editorial de El Nuevo Herald

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/en-nuestra-opinion/article199195...