La comisión de la verdad

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Las “comisiones de la verdad” se han convertido en una práctica corriente en países que han vivido períodos de violencia y transiciones democráticas. Buscan afrontar la impunidad, romper el ciclo de violencia y de violación de los derechos humanos y lograr establecer, de manera objetiva e imparcial, qué fue lo que realmente ocurrió en un determinado lapso histórico. Todo ello para propiciar una reconciliación auténtica, basada en recomendaciones de políticas que buscan identificar y atender las causas de los abusos y de las violaciones con el fin de prevenir su futura repetición.

Históricamente, las comisiones de la verdad se han creado durante períodos de cambio político, cuando se derrumban regímenes dictatoriales o con la finalidad de ayudar a la resolución de un conflicto armado. No suele ocurrir que sea el régimen autoritario y represivo el que la promueva.

La característica más importante de una verdadera comisión de la verdad debe ser su absoluta imparcialidad. A estos efectos, sus miembros deben estar totalmente alejados de toda parcialidad o influencia política, así como gozar de una intachable honorabilidad y reputación moral y profesional. Los procedimientos para las investigaciones deben ser absolutamente transparentes y no pretender sustituir a los tribunales de justicia. No les corresponde establecer responsabilidades penales individuales y sus actuaciones solo pueden servir como elementos de juicio para los procesos judiciales

En Venezuela, la mal llamada e ilegítima asamblea nacional constituyente ha creado una “comisión para la verdad, la justicia y la tranquilidad pública”; una suerte de tribunal de inquisición, con amplios poderes de investigación y atribuciones sancionatorias.

Este mamotreto, que desvirtúa la esencia de las comisiones de la verdad, es totalmente inaceptable y merece un rechazo general que aún no ha ocurrido. No olvidamos los muy acertados comentarios del Observatorio Venezolano de la Justicia que dirige la profesora Laura Louza y otras valiosas opiniones de organizaciones no gubernamentales como Transparencia Venezuela que, con legítima indignación, han señalado que más que una comisión de la verdad es una comisión de la venganza que busca perseguir a la oposición política y a quienes se atreven a pensar distinto.

¿Quiénes integran este adefesio? Empecemos por señalar que su presidente es Delcy Rodríguez. Está integrado por el defensor del pueblo, el fiscal general, tres miembros de la ANC, tres de organizaciones de víctimas de la violencia política 1999-2017, un miembro de una organización venezolana de derechos humanos; dos personas designadas por su “competencia profesional, integridad y ética”, y tres diputados de la Asamblea Nacional en representación de la “derecha”.

Muy correctamente, la Asamblea Nacional se negó a participar en esta parodia. Las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos no fueron ni siquiera consultadas y solo las “víctimas” afines al gobierno fueron tomadas en cuenta. En resumen, los 14 miembros de la comisión son militantes o declarados simpatizantes del PSUV.

La presidente de la ANC y de la comisión anunció que ésta abordará varias investigaciones, entre ellas: los planes desestabilizadores promovidos por Julio Borges contra el sistema socioeconómico y financiero del país; la violencia y el terror que generaron grupos de choque opositores durante los últimos meses, dirigidos por el diputado Freddy Guevara; y la presunta red de corrupción y extorsión encabezada por la fiscal general Luisa Ortega Díaz y por su esposo. No hay ninguna intención de investigar los asesinatos de cientos de manifestantes ni los miles de heridos en las calles de las ciudades venezolanas, ni la tortura sistemática, ni las detenciones arbitrarias, ni los juicios por tribunales militares, ni el saqueo de los dineros públicos, ni las violaciones de la libertad de expresión.

¿Engaña a alguien esta payasada? No lo creo, pero sí pienso que el repudio a esta manipulación espuria, a este patético mamarracho, debe ser mucho más sonoro y contundente, antes de que empiece a “establecer verdades” y a imponer “la tranquilidad pública”. Nadie con un átomo de respeto por sí mismo puede participar en actividades promovidas o auspiciadas por una comisión de odio y de venganza.
Gustavo Tarre Briceño