"Petro"

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El régimen anunció recientemente la emisión de 100 millones de petros, la nueva criptomoneda oficial. En el contrato firmado por el jefe del Estado se establece “el campo número uno del Bloque Ayacucho de la faja como base material que sustenta la riqueza del petro. En el perímetro hay 5.342 millones de barriles de petróleo certificados y no desarrollados”; en otras palabras, el petro quedaría respaldado con las reservas de petróleo no desarrolladas ubicadas en dicho bloque.

Por su parte, el pasado viernes 22 de diciembre el superintendente de la Criptomoneda, Carlos Vargas, anunció la legalización de la minería digital en Venezuela. “Debemos generar las condiciones para que (el mercado del petro) sea un mercado ágil, versátil, pero en primer lugar legal”, dijo desde un foro celebrado en el Banco Central de Venezuela.

Además, agregó que el petro no será minable sino preminado, es decir, la emisión completa (al igual que futuras emisiones) estará a cargo el Estado y bajo su control.

Conviene analizar cada una de las informaciones anteriores. De ellas se desprende que el petro puede ser cualquier cosa, pero no una criptomoneda. Veamos:

Las criptomonedas solo existen en la web y se utilizan a través de un sistema de pagos electrónicos encriptado sin intermediarios. Es un dinero fiduciario que carece de respaldo. El valor del dinero fiduciario depende de la confianza, es decir, de que otros lo acepten como medio de pago.

Además, el valor de una criptomoneda depende en esencia de que exista un número limitado de unidades a las cuales los “mineros” acceden a través de un complejo sistema de algoritmos (secuencia de instrucciones) mediante una inmensa red de computadoras que funcionan en el mundo entero las 24 horas del día.

Pero en el caso del petro las unidades no quedarían limitadas y las emisiones completas estarán bajo el control de un Estado tan ávido de recursos que no ha dudado en recurrir al BCV para que financie su déficit fiscal con inmensas emisiones monetarias que destruyeron el valor del bolívar.

Las criptomonedas nunca han estado controladas por ningún Estado ni por ningún banco central. Sus transacciones son anónimas. No tienen país de origen ni son emitidas por ningún gobierno, ni tampoco cuentan con un respaldo jurídico único. Son únicamente plataformas electrónicas que permiten hacer transacciones.

Pues bien, el petro es el polo opuesto de todo lo anterior. Es emitido por un Estado, bajo la regulación de un gobierno, sometido al control de un superintendente que da sus declaraciones desde un Banco Central y sin que exista anonimato, puesto que para adquirirlo hay que llenar unas planillas e inscribirse en dicha Superintendencia.

Más aún, las criptomonedas –como ya se dijo– son fiduciarias y carecen de otro respaldo que no sea la confianza. En el caso del petro, el Estado que lo emite dice que estará respaldado por las reservas de petróleo –no desarrolladas– que existen en el subsuelo en el Bloque Ayacucho de la faja del Orinoco.

Aquí es necesario detenerse. Mal puede generar confianza la emisión de una “criptomoneda” basada en un acto ilegal. En efecto, tanto el artículo 12 de la Constitución como el artículo 3 de la Ley orgánica de hidrocarburos establecen ad litteris que las reservas no desarrolladas de petróleo son “inalienables e imprescriptibles”; es decir, no pueden darse en garantía.

El petro no es pues una criptomoneda. Luce más bien como un nuevo signo monetario. Ahora bien, en tal caso también es ilegal porque la Constitución establece al pie de la letra en su artículo 318 que “la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar”.

El petro reúne también características de un título de la deuda, es decir, de un compromiso ilegal de pago que asume el régimen. En efecto, conforme al artículo 312 de la Constitución requeriría de la aprobación de una Ley de crédito público que lo autorice. Lejos de eso, la Asamblea Nacional ha declarado que el petro es ilegal y nulo.

Habría que ser bien osado para caer en la trampa del petro. Parece evidente que se trata de una obligación, diseñada para evadir sanciones y que no sería reconocida por algún nuevo gobierno. @josetorohardy
José Toro Hardy