El peor escenario posible

Socorro Ramírez's picture

Elecciones regionales mostraron un chavismo que controla y mueve a su favor la maquinaria electoral... “Operación remate”, llamó uno de los voceros chavistas a la elección regional que acaba de realizarse en Venezuela y fue usada por el oficialismo como parte de su estrategia para revertir la derrota sufrida en diciembre de 2015 y atornillarse en el poder violando la Constitución bolivariana con represión, cambio de las reglas de juego, trampas en el proceso electoral y manipulación de sus resultados.

En 2016, el Gobierno –apoyado por un Tribunal Supremo de Justicia que montó sin el lleno de requisitos– se dedicó a anular la Asamblea Nacional en la que la oposición había obtenido la mayoría; inhabilitó y encarceló opositores y usó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para aplazar las elecciones regionales e impedir un referendo que le hubiera revocado su mandato. En julio de 2017, sin sufragio libre ni universal, montó como suprapoder cogobernante lo que llamó Asamblea Constituyente (AC). En septiembre, esa AC adelantó para el 15 de octubre las elecciones aplazadas, aunque el CNE las había convocado para el 10 de diciembre, y dejó por fuera la escogencia de consejos legislativos, a pesar de que se eligen con los gobernadores y su mandato se venció hace un año.

El mes de campaña estuvo lleno de denuncias de ventajismo oficial y trabas a los opositores. La televisión pública les hizo propaganda continua a los chavistas mientras presentaba a sus contrincantes como traidores a la patria y promotores del terrorismo. El CNE prohibió que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) actuara como coalición e incluyó en la papeleta tanto a sus candidatos unitarios como a quienes habían sido ya eliminados en las primarias. A pocas horas de la elección, en sectores donde solía ganar la oposición y se concentraban las protestas, reubicó las urnas, dificultando así la participación de los electores.

El 15 de octubre se produjeron numerosas anomalías: fallas eléctricas, telefónicas y en máquinas de votación, agresiones a opositores votantes o testigos, rondas militares o de colectivos armados cerca de centros de votación. El oficialismo presionó el voto de empleados públicos así como de beneficiarios de bolsas de comida o misiones sociales y usó la elección para intentar validar su AC. Ahora exige a los gobernadores de oposición que se juramenten y subordinen ante ella so pena de ser destituidos.

El CNE le otorgó al oficialismo el triunfo en 18 de las 23 gobernaciones, con un poco menos de los sufragios obtenidos en las legislativas de 2015. Imposible volver a asignarse más de 8 millones de votos como en la AC. En medio de tan agudas crisis y de la impopularidad de Maduro, lo obtenido muestra un chavismo que controla y mueve a su favor la maquinaria electoral y con clientelismo o amenazas presiona a los electores.

La oposición se presentó dividida. Unos llamaron a votar para impedir el cierre de espacios y producir efectos más duraderos que los obtenidos con la protesta, y otros se abstuvieron para no legitimar el régimen. La competencia entre grupos y líderes de la MUD les impide consensuar iniciativas y acordar alternativas con disidencias chavistas y con el descontento social. No lograron canalizar su mayoría absoluta en la AN, los meses de protestas continuas o la movilización de más de 7 millones de votos contra la AC, y quedaron acorralados por un chavismo dispuesto a todo para controlar el poder. Una auditoría cuantitativa y cualitativa es crucial, en especial para casos tan graves como el del estado Bolívar.

De la medición de fuerzas que acaba de terminar sale el peor de los escenarios: la agudización de la confrontación, sin la posibilidad de que el voto abra una salida constitucional y democrática que permita enfrentar las dramáticas crisis acumuladas.
Socorro Ramírez

Fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/socorro-ramirez/el-peor-esce...