Aprobación de ley de Tierras elimina el derecho de propiedad de inmuebles


Con la reforma de la ley de Tierras el Gobierno podrá declarar de uso público todos los terrenos en construcción o no. Las direcciones de tierras del estado y del municipio aseguraron que se afecta el derecho de propiedad privada porque el Gobierno declarará "de utilidad pública las tierras urbanas sin uso", según precisa la normativa, quedando facultado para expropiar incluso estructuras en construcción que exceden los 60 años. Ayer en la madrugada la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó la reforma de ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamiento Urbanos Populares, tras la propuesta presentada por el Ejecutivo nacional que modifica la normativa vigente de 2006.

La iniciativa de cambio a un documento gestado hace tres años por el propio Gobierno saltó a la mesa de la AN luego de que el Presidente de la República anunciara que necesitaban una política de regularización de las tierras urbanas adaptada a la revolución socialista y tras el déficit de vivienda descontrolado, que supera los dos millones de familias.

En una primera discusión del anteproyecto de ley se plantearon más de 50 artículos. Pero en la segunda discusión cerraron con 36. La disposición fija su objetivo en "regularizar el uso de las tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat, a los fines de establecer las bases de desarrollo urbano".

Ada Raffalli, concejal de la comisión de Urbanismo de la cámara municipal de Maracaibo, dijo que con la reforma el Estado podrá declarar de utilidad pública cualquier inmueble, afectando el derecho de propiedad de los ciudadanos. Tildó de "inconstitucional" el documento al recordar que no se cumplió el proceso de consulta a la población establecido en la Constitución según el artículo 211. Un alerta lanzó: "El artículo 115 queda afectado porque existe en esa ley una declaración genérica" de "qué será utilidad pública" para el Gobierno. Pero además "el propietario va a estar sometido a una camisa de fuerza porque el Estado va a quererle pagar tres lochas por el bien".

Aseguró que a pesar del proceso administrativo que debe hacerse de acuerdo con la declaratoria de utilidad pública "para saber cuál es el precio, no es menos cierto que el Gobierno está confiscando equipos, acciones, empresas y no las paga". La ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública establece que debe darse un pago oportuno tras la medida de expropiación.

La Secretaría de Ambiente, Tierras y Ordenación Territorial del estado Zulia, adscrito a la Gobernación, acusó que con esa aprobación seguirán las confiscaciones, con la diferencia que ahora apuntan a familias y propietarios urbanos. Édgar Espina, secretario, señaló que el Estado podrá ocupar tierras privadas alegando que hay un desarrollo urbanístico que realizar. El criterio será sólo para el Ejecutivo ya que qué será ocioso y qué no queda bajo la competencia del Poder central.

Según la disposición: "Corresponde al ministerio con atribuciones en materia de Vivienda y Hábitat ejecutar la ley por medio del órgano o ente con competencia técnica nacional para la regularización de la tenencia de la tierras urbanas". Raffalli indicó que el ente tiene competencias, también "dice que habrá una colaboración con competencias de tierras" regionales y municipales en cuanto a dar información.

La edil destacó que el artículo 16 de la reforma señala: "Las tierras urbanas ocupadas con edificaciones que están en ruina, con fallas de construcción, deterioradas, que superen sesenta (60) años de haberse construido o declarados inhabitables, deberán ser enajenadas por sus propietarios, con la finalidad de que las mismas cumplan la función social a la que están destinadas". Cuestionó que esa afectación no da seguridad jurídica y está dentro de una disposición genérica. Recordó que el Hotel Granda, la edificación del antiguo Banco Comercio y el ubicado en las cercanías de la plaza Reina Guillermina están en abandono.

Jober Gamboa, director de Tierras del ayuntamiento marabino, señaló que hay varios aspectos que afectan los derechos de los ciudadanos. A la decisión única del Gobierno de fijar la declaración de utilidad pública los terrenos agregó la regulación que se da a usucapión -adquisición de un derecho mediante el ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley-, que disminuye en tiempo que tienen las familias en una tierra bajo ocupación o invasión. El lapso para entregar los títulos a los habitantes baja de 10 años a cinco, elemento que consideró "preocupante" porque el impulso que pueden tener las invasiones a inmuebles privados y públicos. Explicó que además las comunidades podrán ser las denunciantes los terrenos sin uso, así como los comités de tierras y consejos comunales.

La ley dice que podrán las comunidades organizadas presentar denuncias de la existencia de tierras, ante el órgano con competencia técnica nacional, regional o municipal de la tenencia de la tierra urbana.

Regular

La promulgación de la regularización de tierras rurales en 2001 animó la creación de un nuevo instrumento para las tierras urbanas.

En 2006 el Gobierno promulga la ley de Tierras.

Con la nueva reforma del instrumento legal se establece como normativa el ordenamiento. Para desarrollar los planes el Ejecutivo crea un banco nacional de tierras.

La Verdad
Yasmín Ojeda
http://www.laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=18330

YU

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