La Nueva Ley del Trabajo: de espaldas a la realidad laboral de Venezuela


Imagen de Leonardo V. Vera

Las leyes que regulan las relaciones laborales de una nación se cuentan entre las piezas centrales del contrato social al que se someten las partes o grupos de interés. En un régimen de libertades y de participación democrática no hay reformas o nuevos códigos legales laborales que no supongan un diagnóstico de la realidad que rodea al mercado laboral, una identificación de sus principales problemas, un esfuerzo por promover el debate plural y representativo, y finalmente una acción de construcción de consensos que permitan fraguar un equilibrio en las aspiraciones de cada parte. Venezuela, conocerá en unas horas, una nueva Ley Orgánica del Trabajo, cuyo texto se está escribiendo en la Habana (Cuba), de puño y letra de Hugo Chávez Frías.

Nadie sabe a ciencia cierta que trae en concreto la nueva Ley Orgánica del Trabajo, ni siquiera los miembros de la comisión asesora que el mismo ejecutivo constituyó para lidiar con ciertos aspectos de la Ley. Tan sólo ha trascendido de boca de algunos voceros, y en medio de no pocas contradicciones, un conjunto de reformas: la posible creación de un “fondo único” que concentraría las prestaciones por antigüedad de los trabajadores, la aparición de la figura de los Consejos de Trabajadores “Socialistas” y ciertas formulas garantistas que disminuirían la jornada diurna laboral (a 7 horas diarias), aumentaría los días de vacaciones, ampliaría el alcance de ciertos beneficios y bonificaciones, y cambiaría el calculo de las prestaciones por antigüedad usando como base el último salario integral devengado.

Desde luego una ley no tiene el potencial para solucionar todos y cada uno de los grandes puntos críticos y debilidades que exhiben el mercado laboral venezolano, pero un contrato marco de escala nacional bien concebido puede ser la palanca que propicié el desarrollo de políticas e incentivos que a la larga resulten en un juego no suma cero que beneficie a todas las partes. ¿Estaría esta ley recogiendo aspectos medulares de la realidad laboral venezolana como para convertirla en esa palanca de cambios positivos? Tenemos dos razones para no ser optimistas. Por una lado, el método atenta contra los buenos resultados. Por otro, los cambios que se anuncian no parecen apuntar en la dirección que reclama la realidad laboral venezolana.

Seamos breves con respecto al método. Chávez, desconociendo la Constitución, le ha quitado al parlamento una atribución que le es exclusiva: La aprobación de Leyes Orgánicas. La Ley Habilitante que le cedió el parlamento varios meses atrás para legislar tampoco le dio competencias en materia laboral. Pero Chávez, desde su cenáculo en la Habana, se dispone a presentarles a los trabajadores venezolanos, posiblemente antes del primero de mayo, lo que se ha vendido como el mejor de sus regalos. La verdad es que las decisiones de cenáculo tienen sólo una virtud. No hay debate, no hay costos de negociación y por ende las decisiones se toman con rapidez. En contraste, estas decisiones suelen ser portadoras de graves problemas. Por no ser el fruto de una discusión abierta y plural, las leyes aprobadas en cenáculos, no pueden identificar los puntos críticos, ni las prioridades y mucho menos las demandas de los afectados. Suelen ser sesgadas por diseño y terminar siendo profundamente asimétricas. Tal desconocimiento de la realidad termina haciéndolas inaplicables.

Nuestro segundo temor es que esta Ley desconozca ciertos problemas que son centrales al mercado laboral venezolano. Veamos muy rápidamente una lista no exhaustiva. La tasa de desempleo en Venezuela en los últimos cinco años ha estado gravitando sobre un promedio de 8%. En adultos jóvenes de sexo masculino es 20%. De no ser por la absorción del sector informal de la economía (donde laboran 5 millones y medio de personas) la tasa de desempleo en Venezuela sería de 51%, niveles socialmente intolerables. Los jóvenes que buscan trabajo están siendo empujados masivamente a la informalidad. La precariedad del ingreso en el sector informal es de tal magnitud, que es difícil concebir como factible cualquier sistema contributivo voluntario de beneficios laborales sobre esa población y por eso ésta reclama generación de empleos de calidad.

Pero el empleo de buena calidad en el sector formal de la economía no sólo no abunda, sino por el contrario, se ha mantenido estancado en los últimos años. De hecho, en los últimos 2 años, 7 de cada 10 empleos se crearon en el sector público y esta dinámica tiene sus límites. Crear más dificultades, cargas y costos sobre las empresas medianas y grandes ya existentes es apuntar en dirección contraria. Por ejemplo, en Venezuela la Ley de Trabajo establece que las empresas con más de 20 trabajadores deben tener una guardería infantil (para los hijos de aquellos trabajadores que ganen menos de 5 salarios mínimos) ¿Qué incentivos tiene entonces una empresa para crecer? Las exigencias en materia laboral sobre las empresas suelen ser tan abundantes que es común que las pequeñas empresas del sector privado no tengan capacidad para cumplir con el entramado de normativas laborales ya existentes, especialmente en lo que concierne a seguridad y salud del empleado y por ello acumulan expedientes en los tribunales laborales.

Por otro lado, de los 10 millones de ocupados que existen en el sector privado de la economía (formales e informales), sólo el 5% está sindicalizado, desde luego, por el peso que tiene la informalidad. En el sector público, 65% de los trabajadores están afiliados a sindicatos y amparados por contrataciones colectivas, pero paradójicamente, la violación de las convenciones colectivas es la norma. Existe cerca de 300 convenciones colectivas vencidas en Venezuela y los tribunales laborales no sancionan pues las presiones políticas también han invadido esos predios. El movimiento sindical en el sector público está permeado por las divisiones políticas y los movimientos no-oficialistas son constantemente asediados. De hecho en Venezuela está vigente y vibrante la odiosa y aberrante “Lista de Tascon”. Así, una de las mayores asimetrías que hoy día se observa en Venezuela se presenta entre el Estado y sus trabajadores.

Uno se pregunta si la creación de sindicatos políticamente capturados como los Consejos de Trabajadores Socialistas constituye la mejor respuesta a esta problemática. Adicionalmente, existe una deuda por prestaciones de antigüedad con los trabajadores del sector público cuya monto podría ascender a 5.500 millones de dólares y hay trabajadores esperando el pago de estas deudas desde el año 1997. Situaciones aún más escandalosas han ocurrido con ciertos fondos de pensiones del Estado, donde el caso más emblemático corresponde al fondo de jubilaciones de los trabajadores de PDVSA. Ahí se perdieron en operaciones financieras fraudulentas cerca de 480 millones de dólares. Por eso la creación de un fondo único y obligatorio de prestaciones de trabajadores públicos y privados en manos del Estado cuyos recursos se destinarían a la construcción de viviendas, es una propuesta absurda y temeraria, que razonablemente ha contado con el rechazo mayoritario del movimiento laboral.

Son estas, y nos las realidades que copaban al país hace 50 años atrás las que demandan la modernización y adaptación de los estatutos laborales. La Ley del Trabajo, por los vientos que soplan, está de espaldas al futuro y su viabilidad está amenazada antes de haber comenzado el juego.

Economista por la Universidad Central de Venezuela, Master en Economía por Roosevelt University, Chicago, Ph.D. en Economía en la University of East London.

Fuente: http://www.infolatam.com/2012/04/27/la-nueva-ley-del-trabajo-de-espaldas...

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