"De haberse demostrado y constar esto en un informe de la Fiscalía Colombiana, lo que debe proceder inmediatamente es una solicitud del Gobierno colombiano para procesar, penalmente, a aquellas autoridades venezolanas que pudieran estar involucradas en este tráfico de armas", expresó la presidenta de la ONG Control Ciudadano.

Agregó, que el conocimiento preciso del sitio o la unidad militar venezolana del que quizá salieron las municiones, constituye un motivo para que el Gobierno colombiano tramite la acusación correspondiente.

Aquí hay competencias suficientes por parte de la Fiscalía General de la República para iniciar una investigación de oficio - indicó- pero también la hay para que la propia autoridad colombiana haga las solicitudes pertinentes al Gobierno venezolano.

No obstante, San Miguel acotó que los venezolanos aún esperan que la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, solicite a Ecuador mayores datos relacionados con el Informe de la Verdad, aunque no descarta que la posibilidad de que la titular del Ministerio Público "frente a un hecho público, notorio y comunicacional de la gravedad en que simboliza el tráfico de armas", proceda a la investigación de oficio.

El Presidente de la República es un traficante de crisis, no aporta soluciones de contenido y le gusta estar en los titulares de los diarios, así como hacer señalamientos escabrosos del tipo que ahora acuña en contra del reino de los países bajos en relación a nuestra relación de vecindad con araba, Curazao y Bonaire.

Así se refirió San Miguel sobre las insistentes denuncias del Presidente al señalar que el reino de los países bajos constituyen una amenaza, la cual calificó como vergonzosa y poco creíble.

Notitarde
Daniela Chirinos
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YU