Amnistía Internacional critica la impunidad venezolana en DDHH

Impunidad. Así resume Amnistía Internacional los resultados de la justicia venezolana. Una institución que, a un año de las trágicas manifestaciones nacionales, aún “no ha investigado eficazmente ni puesto en manos de la justicia a los responsables de la muerte de 43 personas”, así como tampoco a quienes ocasionaron heridas o torturas. Lo que, según el informe de Amnistía, equivale a “dar vía libre a más abusos y actos de violencia”.

En las manifestaciones, las fuerzas de seguridad detuvieron a 3.351 personas. Una abultada cifra que, sin embargo, no ha sido capaz de castigar a los culpables de asesinatos y torturas, ya que la mayoría de las aprensiones se realizaron de forma arbitraria, lo que obligó a dejar a una gran parte en plena libertad, presentándose cargos contra 1.404 personas y teniendo a 25 presas a la espera de un juicio.

La impunidad en las investigaciones podría tener, según Amnistía Internacional, intereses políticos. El comunicado de la organización defensora de los Derechos Humanos indica que “según los indicios, miembros de la policía permitieron a grupos armados pro gobierno que cometieran abusos contra manifestantes y transeúntes, e incluso que entraran ilegalmente en viviendas portando armas de fuego”.

Sin embargo, Amnistía descarta que se trate de un caso aislado, ya que “después de las protestas ha continuado el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y las detenciones arbitrarias”, haciendo referencia a “la detención en dudosas circunstancias del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma (el 19 de febrero), y la muerte de un joven de 14 años a manos de la policía en Táchira (el 24 de febrero)”. Lo que demuestra que el gobierno de Nicolás Maduro no demuestra ningún intento por cambiar el rumbo represivo de su régimen.

Por el contrario, el informe también pone en evidencia que “a finales de enero de 2015, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió una resolución que permite la actuación de todos los componentes de las fuerzas armadas en el control del orden público, incluidas las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en tales circunstancias”.
La medida adoptada por el Poder Popular para la Defensa ha sido fuertemente criticada por Erika Guevara, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, quien apunta que “el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza es precisamente lo que exacerbó la oleada de acontecimientos trágicos del año pasado. En lugar de añadir leña al fuego, publicando resoluciones para que el ejército tome las calles, las autoridades de Venezuela deberían enviar un inequívoco mensaje de tolerancia cero al uso excesivo de la fuerza”.

Cifras devastadoras

El informe de Amnistía Internacional desnuda, una vez más, la represión gubernamental y pone en evidencia el fondo político que existe en la impunidad de los procesos judiciales, así como la grave situación que afrontan los venezolanos, debido a que “en la mayoría de los casos, los responsables de los abusos no han comparecido ante la justicia”.

Según los datos de la organización, el Ministerio Público ha investigado 238 informes de violaciones de Derechos Humanos, pero sólo ha presentado cargos en 13 casos. Una brecha que también se presenta ante la investigación a funcionarios policiales.

“La Fiscal General ha declarado que hay 30 policías acusados de la muerte de manifestantes, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos. Hasta ahora, tres funcionarios han sido declarados culpables de malos tratos, y 14 se encuentran detenidos (pero ninguno ha sido condenado)”. Datos que son preocupantes, más aún al conocer que 12 de los acusados están en libertad condicional y uno más cuenta con una “orden de captura que aún no se ha hecho efectiva”.

Ante la impunidad existente, Amnistía Internacional concluye que, ante la “evidente falta de compromiso de las autoridades de acabar con la impunidad que rodea las graves violaciones cometidas hace un año”, existe la posibilidad real de que “los trágicos sucesos que se documentan en este informe vuelvan a producirse, en especial en un contexto de creciente descontento social”.

En este sentido, la institución hace una doble petición: urgir a las autoridades venezolanas a garantizar el derecho de reunión pacífica y el derecho de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos a la justicia y a una reparación adecuada; la segunda, liberar a todos los detenidos arbitrariamente y el cese de la intimidación y acoso a todas las personas que denuncian estos graves abusos.

A la justicia venezolana se le ha caído la balanza, ya que sus manos han quedado atadas con las cadenas de la impunidad…

@JosePuglisi para Informe21

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