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Otro ataque a la libertad de prensa en Venezuela

Caso El Nacional: ¿Otro ataque a la libertad de prensa en Venezuela?

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha condenado al diario “El Nacional” a pagar 13 millones de dólares al vicepresidente del partido oficialista PSUV, Diosdado Cabello, como indemnización por “daño moral”.

La corte, que no está reconocida por los miembros de la oposición ni por la mayoría de los países de la comunidad internacional, obliga a los responsables del rotativo a depositar esa millonaria cifra como medida compensatoria por los perjuicios ocasionados.

El documento judicial concluye que “El Nacional” deberá abonar 237.000 petros, la criptomoneda que creó el ejecutivo venezolano en 2018 y que actualmente está sancionada por Estados Unidos. Según los índices del Banco Central de Venezuela (BCV), el valor de cambio de esa cifra se traduciría en más de 13 millones de dólares.

Los hechos se remontan a agosto de 2015, cuando El Nacional se hizo eco de una información publicada en el diario español ABC indicando que Cabello, actual número dos del oficialismo, estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico.

La investigación finalmente fue confirmada años más tarde, después de que la justicia norteamericana imputara a Cabello por narcotráfico, lavado de dinero y apoyo al terrorismo. Actualmente se ofrecen 10 millones de dólares por su captura.

La libertad de prensa, un derecho fundamental

Sin embargo, muchas organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos en Venezuela han alertado de la grave situación que vive la prensa y consideran que este tipo de acciones judiciales supone una forma de limitar la libertad de prensa de los medios de comunicación independientes.

El Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), coloca a Venezuela en el último puesto del ránking de los países latinoamericanos con menos libertad de prensa y responsabiliza al gobierno de perpetrar el “mayor cerco institucional contrario a la libre circulación de ideas y al derecho a la información”.

La libertad de expresión y, por ende, también de prensa está recogida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones de 1918.

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, reza el artículo.

Desde comienzos de este año, en enero pasado, el periodista de la Voz de América, Alvaro Algarra, informó sobre acciones contra medios locales en Venezuela. 

“Cada vez hay más represión”

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, lamentó en una entrevista con la Voz de América que los casos de “represión” se están dando de forma mucho más frecuente en los últimos tiempos, fruto de la agudización de la crisis política, económica y humanitaria que vive el país.

Jornet, encargado de velar por la situación de la prensa en la región, también criticó la “censura permanente” y las “trabas en el ejercicio del periodismo” por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, el diario El Nacional, a través de un comunicado, ha calificado el fallo como una “persecución política” y aseguró que esta decisión judicial tiene un objetivo: “Perpetrar una expropiación mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación”, fundado en 1943 por el poeta venezolano Miguel Otero Silva.

Las amenazas del chavismo

En 2018, un tribunal de Caracas ordenó el pagó de 1.000.000.000 bolívares, unos 12.500 dólares al cambio actual, como indemnización.  En ese momento, Pedro Carreño, que ocupaba un puesto en la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano reconocido únicamente por el chavismo, avisó que si no se cumplía con el fallo se llevaría a cabo una “medida de aseguramiento” a través de la confiscación de los bienes inmuebles del popular medio de comunicación.

Cabello, en esa línea, también sostuvo en varias ocasiones que él sería el próximo dueño del rotativo y que convertiría las instalaciones de la sede principal en una universidad.

“El Nacional tiene un edificio sede extraordinario para una universidad. Apenas tenga la sentencia, me dicen dónde firmar para entregar el edificio para la Universidad Internacional de la Comunicación que anunció nuestro presidente Nicolás Maduro”, manifestó en tono de sorna.

El apoyo de Guaidó

Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana, lamentó los hechos y a través de las redes sociales expresó su apoyo al medio de comunicación por resistir “valientemente” a “los ataques de la dictadura”.

“El régimen en su política de censurar a la prensa libre en Venezuela, de nuevo arremete judicialmente contra el Diario El Nacional; por eso mi respaldo al equipo de este importante medio que resiste valientemente pese a los ataques de la dictadura”, indicó.

Otros casos

El Nacional no fue el único caso que tuvo consecuencias legales por publicar esa información que atañía a Diosdado Cabello.  El número dos del chavismo también interpuso demandas contra los miembros del consejo editoral y accionistas del diario digital La Patilla y de Tal Cual, que también replicaron la información del diario ABC. VOA  (Foto: Twitter) Informe21/LJ