Causas por violaciones a DDHH naufragan en Chile un año después del estallido

Causas por violaciones a DDHH naufragan en Chile un año después del estallido

Miles de denuncias contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Chile siguen sin resolverse un año después del estallido social de octubre de 2019, lo que ha llevado a las víctimas a exigir justicia y celeridad en las investigaciones.

Han pasado casi 12 meses desde que el estudiante ecuatoriano Romario Veloz fuera asesinado durante una manifestación en La Serena, al norte de Chile, a manos supuestamente de un militar, y no ha sido hasta ahora que la Fiscalía solicitó la formalización de un capitán del Ejército como presunto responsable de ordenar los disparos que acabaron con su vida.

"Yo pensé que con la muerte de mi hijo terminaba la historia, pero es ahí cuando empezó recién mi calvario", reconoció a Efe la madre del joven, Mery Cortez.

La lentitud judicial llevó esta semana a la aguerrida madre a marchar por las calles de Santiago y desnudarse frente a La Moneda para mostrar un mensaje pintado en su pecho: "Justicia para Romario".

"Cayó un herido antes que él, debieron haber cesado el fuego, pero siguieron disparando y le tocó la parte más fea a mi hijo", lamentó.

"Las cifras hablan por sí solas"

Al caso de Veloz se suman el de otras 4.681 víctimas de supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales y militares, según datos del Ministerio Público.

Sin embargo, de las miles de causas abiertas desde el inicio de la actual crisis social, la más grave en tres décadas de democracia, solo se han formalizado a 66 agentes, que se encuentran bajo medidas cautelares.

Con respecto a los 460 heridos oculares cifrados por el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se han imputado al menos a dos policías, los agentes que supuestamente dejaron ciegos a Fabiola Campillai y Gustavo Gatica.

Sus casos dieron la vuelta al mundo y sirvieron para denunciar el elevado número de mutilados oculares en las marchas, que comenzaron como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtieron en un clamor popular por un modelo socioeconómico más justo.

La directora de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular durante el estallido social, Marta Valdés, explicó a Efe que estos dos casos son "excepciones" y que "no se ha hecho justicia" con el resto de violaciones a los derechos humanos.

Para Sergio Micco, director del INDH, institución que ha monitoreado las protestas desde sus inicios, "las cifras hablan por sí solas" y los avances realizados en las investigaciones "no son suficientes".

Durante la Asamblea General de la ONU del pasado septiembre, el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, aseguró que su Gobierno hará "todos los esfuerzos para que no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos ni para los violentistas".

Sin embargo, Micco señaló a Efe que "el compromiso de que no va a haber impunidad se expresa aumentando los recursos para el sistema procesal" y con la "reforma integral del cuerpo de Carabineros", algo que todavía "no ha sucedido".

"La pandemia es una excusa"

Entre las razones de los escasos avances judiciales, argumentó el funcionario, destacan los problemas estructurales del sistema procesal chileno que tiene un "bajo nivel de eficacia" y la "insuficiente" respuesta del Gobierno a la sobrecarga del sistema, que se ha agravado con la pandemia de la COVID-19.

Desde la llegada del coronavirus al país austral el pasado marzo, se han reducido a un tercio las audiencias judiciales, lo que ha ralentizado "todavía más" las investigaciones.

Para Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), la pandemia es una "excusa", puesto que "históricamente las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros se investigan poco".

"No hay fiscalías dedicadas en exclusiva a las violaciones a los derechos humanos y tampoco hay suficientes policías dedicados a investigar estos crímenes", agregó por su parte a Efe la analista en materia de seguridad de la Universidad de Santiago de Chile, Lucía Dammert.

Varias organizaciones de derechos humanos han planteado la necesidad de emplear recursos especiales para reforzar la Policía de Investigaciones (PDI), el único cuerpo policial encargado de indagar este tipo de delitos, y aumentar los recursos para el Ministerio Público.

"La justicia, la verdad y la reparación a las víctimas es el mejor remedio para un país herido", concluyó Guevara. EFE

EB

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