Conflicto de poderes en Chile: parlamento rechaza inhabilitar a tres jueces

Conflicto de poderes en Chile: parlamento rechaza inhabilitar a tres jueces

Tras un tenso debate, la Cámara de Diputados rechazó este jueves inhabilitar a tres jueces de la Corte Suprema de Chile que en julio liberaron a siete condenados por crímenes de lesa humanidad en un inédito conflicto entre poderes.

La Cámara rechazó por 73 votos -del oficialismo y de la oposición- contra 64 el proceso de inhabilitación de los tres magistrados, después de que en una votación previa se había producido un empate a 69 votos.

"Es muy importante mantener la separación firme y estricta de la separación de poderes del Estado", concluyó el diputado conservador Renzo Trisotti, al término de una maratoniana jornada de debate.

Un grupo de parlamentarios de izquierda habían presentado una acusación constitucional destinada a inhabilitar a los magistrados Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, de la Corte Suprema, por decretar libertad condicional para seis militares y un policía retirados, entre ellos un excoronel responsable de la muerte de tres uruguayos.

En un país donde siguen abiertas las heridas que dejó el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el grupo de legisladores del Frente Amplio (izquierda radical) y de la extinta coalición que apoyó en el poder a la expresidenta socialista Michelle Bachelet, consideraban que la decisión de los jueces viola la legislación internacional, en particular el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI) en materia de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, los jueces aseguraron que su decisión cumple todos los requisitos previstos por la ley chilena ya que los reos habían purgado gran parte de sus condenas y no existían impedimentos para otorgarles dicho derecho.

En la bancada de la izquierda, los diputados enarbolaron fotos de desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El primer paso hacia la inhabilitación lo había dado en la mañana una comisión de cinco parlamentarios que resolvió por 4 votos contra 1 recomendar al plenario la aprobación de la acción presentada por el grupo de legisladores.

Una primera votación sobre la admisibilidad de la causa constitucional en el plenario concluyó en un empate a 69 votos por lo que fue necesaria una segunda votación. En caso de que la moción hubiera prosperado, el Senado hubiera tenido la última palabra.

Conflicto de poderes

Se trata de un conflicto sin precedentes entre los poderes judicial y legislativo, que considera que lo que está en juego es "la vigencia del Estado de Derecho" y la autonomía de la judicatura, aseguran analistas.

Desde la llegada de la democracia, sólo un juez, Hernán Cereceda, fue destituido en 1992 por negarse a investigar la desaparición del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Alfonso Chanfreau.

Uno de los liberados, el coronel retirado Moisés Retamal cumplía una condena de seis años de cárcel por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos a pocos días del golpe de Estado que encabezó Pinochet para derrocar al gobierno del socialista Salvador Allende.

Los uruguayos fueron detenidos por la policía cuando estaban escondidos en una mina abandonada cerca de la localidad de San José de Maipo, en el este de Santiago, cuando intentaban cruzar la cordillera de Los Andes para escapar a Argentina. Fueron torturados y luego desaparecidos.

Otro de los favorecidos por la decisión de los jueces fue el expolicía Gamaliel Soto, condenado como cómplice del secuestro de un médico que permanece desaparecido desde 1973, y el exmiembro del Ejército chileno, Manuel Pérez, condenado como cómplice del secuestro del exquímico de los servicios secretos de la dictadura Eugenio Berríos, en 1991.

También se beneficiaron el exbrigadier del Ejército, Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor de asesinatos, así como otros cuatro exoficiales.

Unos 122 condenados cumplían condena en la cárcel especial para represores de Punta Peuco a julio de 2017, según un Informe de Derechos Humanos de 2017 de la Universidad Diego Portales.

Al menos 31 exagentes de la dictadura de Pinochet acudieron a el año pasado a los tribunales buscando revertir las condenas en su contra, conseguir la libertad condicional o alegar inconstitucionalidad en sus casos.

Durante la dictadura de Pinochet unas 3.200 personas murieron o desaparecieron, mientras que unas 38.000 fueron torturadas, según datos oficiales. AFP / RA

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