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 ¿Cuánto ha avanzado la democracia en El Salvador en 30 años de paz?

¿Cuánto ha avanzado la democracia en El Salvador en 30 años de paz?

Tres décadas después del cese de las hostilidades del conflicto armado de El Salvador con la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, el país centroamericano conmemora la fecha en medio de grandes confrontaciones entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y diferentes sectores sociales de la población.

Para conmemorar la fecha, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos convocaron protestas para mostrar su descontento hacia la actual administración y sus políticas. El Gobierno de Bukele se negó por tercer año consecutivo a reconocer la fecha.

Además, continúa calificando los acuerdos de paz como un "farsa" y “un pacto de corruptos”, de ahí que, con apoyo del Congreso, de mayoría oficialista, derogó un decreto legislativo de 1993 que designaba la fechas como el “Día de la Conmemoración de los Acuerdos de Paz” para renombrarla y dar su propio significado a la fecha.

Ese ambiente polarizado, según analistas, actores políticos, participantes de la firma y organismos sociales consultados por la Voz de América, ocurre en medio de un “deterioro democrático” que se ha agudizado en los últimos años, pero que no tiene todas sus raíces en la actual Administración.

Actores y observadores. ¿Qué se logró y que se ha perdido?

Los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno y las fuerzas guerrilleras terminaron 12 años de asesinatos y desapariciones, redefinieron el mandato de las fuerzas armadas, reformaron el Órgano Judicial y reconocieron las graves violaciones a los derechos humanos de la época.

El conflicto dejó 75.000 muertos, 9.000 desaparecidos y 12.000 presos políticos.

La excombatiente y líder política María Marta Valladares, conocida como Nidia Díaz, y el General retirado de la Fuerza Armada Mauricio Vargas fueron partícipes de la firma de la Paz. Ambos coinciden en que hay un retroceso democrático y un “desmantelamiento” de las instituciones públicas creadas tras la firma de la Paz.

“Lo que hay ahora es un retroceso enorme de todo lo que se logró con la firma de la Paz. Los Acuerdos de 1992 fortalecieron el sistema de pesos y contrapesos; le dieron funciones a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Fiscalía, pero si uno ve ahora, la Fiscalía se supedita al Ejecutivo, el Órgano Judicial se supedita al Ejecutivo, el Órgano Legislativo también es controlado por el Ejecutivo”, explicó Díaz, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido que gobernó el país desde el 2009 hasta el 2019.

El Salvador dio un giro radical a su mapa político en 2019 cuando eligió como presidente a Nayib Bukele, un publicista de 39 años que fue alcalde de la capital salvadoreña bajo el ala izquierdista.

Bukele desbancó a las dos grandes fuerzas políticas que gobernaron el país centroamericano tras la firma de la Paz, y buscó darles a los salvadoreños una propuesta política fresca.

Pero tras haber ganado el Ejecutivo, el mandatario inició una lucha discursiva en contra de la Asamblea –controlada por otros partidos políticos– y del Órgano Judicial que puso freno a varias de las decisiones políticas consideradas autoritarias.

Fue el 1 de mayo, con un Congreso controlado en su mayoría por Nuevas Ideas, que Bukele logró la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema, incluidos el presidente de la Corte y la Sala de lo Constitucional, así como la del fiscal general. Tras la movida, analistas hablan de un control total de los tres poderes del Estado, los mismos que fueron clave en las negociaciones que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña.

“El país necesita retomar el rumbo de la institucionalidad, de la independencia de poderes, de los pesos y contrapesos, del respeto a la pluralidad democrática y sobre todo a las libertades. No puede haber un retroceso de los Acuerdos de Paz de forma tan impune”, añadió la excombatiente y militante del partido FMLN.

Eric Olson, director de Política e Iniciativas Estratégicas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señaló que dicha acción representa “un gran peligro” para El Salvador porque no solo debilita a la fiscalía, sino también a la Corte Suprema.

Olson cree que “el hecho de que las instituciones democráticas han sido debilitadas, especialmente las de justicia (…) hace posible que el Gobierno en este caso tome otras acciones antidemocráticas” que pueden atentar contra la libertad de expresión u otras libertades.

Momentos de desconexión con los Acuerdos

La excombatiente Nidia Díaz asegura que en los 30 años que El Salvador lleva sin guerra, han habido dos momentos que evidencian una desconexión con los Acuerdos de Paz.

Uno fue en 2014, cuando Norman Quijano, candidato a la presidencia por el partido de derecha ARENA llamó públicamente a la Fuerza Armada a rebelarse luego de conocer que los resultados no le favorecieron. El alto mando militar de la época salió al paso enviando un mensaje de tranquilidad a la población.

El segundo ha sido en el mandato de Bukele, el 16 de diciembre de 2020, el presidente salvadoreño dio un discurso donde calificó los acuerdos como una “farsa”.

Meses después, habló de afrontar un “enemigo interno” y pidió a los jóvenes enlistarse en la Fuerza Armada con el propósito de elevarla a 40.000 miembros, pese a que uno de los acuerdos de 1992 fue la reducción del Ejército.

Ante esto último, Díaz agregó: “En tiempos de paz no puede crecer el Ejército. En esa época, nosotros lo disminuimos hasta donde pudimos, 51.2 %. Ahora el riesgo es que el presidente ha prometido duplicarlo. Y ya empezó un reclutamiento que fue una de las prohibiciones de los Acuerdos”.

Gobierno: “No estamos negando la historia”

El discurso anti-Acuerdos de Paz iniciado con el presidente Bukele y seguido por los legisladores afines a su proyecto político ha llevado a otros firmantes de la Paz, como al general retirado Mauricio Vargas, a considerar “una falsificación de la historia” en los hechos recientes.

“Naciones Unidas es parte del Acuerdo de Paz, los amigos del secretario general son parte del Acuerdo de Paz, los gobiernos de Centroamérica donde hablan de la finalización de la violencia y poner las condiciones del diálogo son parte también. (…) Con todos esos actores, ¿se puede llamar a esto un pacto de corruptos? me parece una manera descarada y artificial de querer ocultar la historia”, explicó Vargas a la Voz de América.

El 11 de enero, la Asamblea oficialista acordó derogar el 16 de enero como “Día de la Paz” y sustituirlo por el “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”.

“Los referidos Acuerdos, lejos de representar un beneficio para la población salvadoreña, se constituyeron como el inicio de una era de corrupción, dejando en el olvido por décadas los derechos y las necesidades más básicas de la población, como es la salud, educación, vivienda y la justicia social", detalla el dictamen.

Una postura compartida por el presidente del Congreso, Ernesto Castro, quien presentó la iniciativa aduciendo que la bancada oficialista no busca “negar la historia” sino “cambiar la perspectiva histórica”.

“No estamos borrando la historia, solo estamos llamando las cosas tal como son. Nunca hubo Acuerdos de Paz. No hay nada que celebrar”, sentenció en un discurso enérgico entonces.

Sin embargo, para Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, la iniciativa y su posterior aprobación representa la “negación de la importancia” que tiene la fecha.

Así como “una falta de cumplimiento al deber de resguardar el legado de los Acuerdos de Paz y por supuesto, caminar hacia una transición donde se cumplan los objetivos de justicia, reparación y medidas de no repetición”.

Valencia dijo que el Gobierno mantiene un doble discurso: uno “de aparente justicia hacia las víctimas del conflicto armado, pero con acciones totalmente contradictorias —por ejemplo, la falta de apertura de los archivos militares— el desprecio y la deslegitimación de personas defensoras y representantes legales de las víctimas del conflicto armado”.

Violencia más allá de la guerra

Masacres como la de El Mozote y lugares aledaños, donde fueron asesinadas al menos 986 personas, entre estos 552 niños, a manos de la Guardia Nacional, son otras de las secuelas sangrientas de la guerra civil salvadoreña. La firma de la Paz permitió que esos cuerpos de seguridad que dependían de la Fuerza Armada fueran sustituidos por la Policía Nacional Civil.

“El presidente con más señales de regresión de los acuerdos de Paz es Bukele. (…) Tiene control del Ejecutivo, tiene el Legislativo, tiene el Judicial, tiene la institucionalidad del país a su servicio y ha hecho una regresión de toda la institucionalidad de la Paz. ¿Cómo se puede buscar justicia cuando prácticamente todas las instituciones están coartadas? La vía pacífica que va quedando a los opositores es la protesta ciudadana”, denunció el general Vargas.

La acusación también la comparte Carlos Cañas Dinarte, investigador cultural salvadoreño, quien además dijo a la VOA que ve cómo en apenas dos años los acuerdos de paz “han sido denostados y sus instituciones han sido vulneradas”.

El analista ejemplificó cómo la PNC ha vuelto a prácticas que se creyeron desaparecidas y que esta institución se ha prestado “a vulnerar derechos esenciales de la población”, además de que su capacidad de reacción ante las graves denuncias de desapariciones “ha sido limitada y se mueve por presión de redes sociales”.

Amnistía Internacional inició en 2021 una campaña en El Salvador denominada Juventud sin Abusos, que apela a las autoridades nacionales a fortalecer a la Policía tomando en cuenta las necesidades y la protección de todas las personas jóvenes.

De acuerdo con información recogida por el organismo en el país centroamericano, existen serias denuncias por parte de los jóvenes de detenciones generalizadas, acoso policial, intimidación y hostigamiento, así como ejecuciones extrajudiciales y torturas que no están siendo investigadas.

La investigadora del organismo para Centroamérica dijo a VOA que desde la llegada del actual Gobierno, “la situación de los derechos humanos se ha ido degradando rápidamente” en el país.

Una de las preocupaciones del organismo es el “acoso y hostigamiento “dirigido a personas defensoras de derechos humanos, periodistas o todo aquel que muestre su “disenso” o crítica.

La corrupción, otro actor que entorpece el proceso

El director de Política e Iniciativas Estratégicas de WOLA explicó a la Voz de América que luego de la firma de los acuerdos, El Salvador tuvo grandes avances en materia de democracia. Sin embargo, uno de los problemas estructurales que han estancado el proceso es la “corrupción”.

“La situación de la corrupción en el país, la corrupción entre los partidos políticos, las debilidades institucionales que resultan en el camino han socavado los avances democráticos en este país”, apuntó.

Olson reconoció que en algunos casos de violación a los derechos humanos acaecidas durante la guerra, resultaron, en parte, en una justicia para muchos, pero que las instituciones democráticas y de derechos humanos actualmente están debilitados, lo que considera peligroso.

“Hay mucho peligro en el rumbo que este nuevo gobierno está tomando. Quiero señalar que este problema no empieza con el Gobierno de Nayib Bukele, empieza desde antes (…) pero [ha] debilitado aún más los procesos políticos y la democracia en su país”, dijo.

Los salvadoreños a las calles

Los salvadoreños han protagonizado tres grandes marchas en contra del gobierno en los últimos tres meses, la última el16 de enero de 2022.

Uno de los movimientos sociales más fuertes es el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que aglutina a varias organizaciones sociales de izquierda. En los mensajes publicados en redes sociales dejaron claro que el propósito de la marcha era la celebración del 30 aniversario de la firma de la Paz, pese a las críticas gubernamentales. VOA (Foto:Pixabay) Informe21/LJ