Dicen que el "Vergatario" es "un dispositivo de espionaje"

La realidad de la tecnología utilizada en este teléfono celular popular cuyo costo es el más bajo del mercado, ha sido cuestionada en internet, donde han comenzado a circular rumores acerca de su naturaleza y propósitos de su existencia.

De acuerdo a versiones anónimas que circulan por la red, "el Vergatario" es un teléfono de bajo costo diseñado por científicos rusos expertos en comunicaciones globales, a petición del servicio secreto cubano, conocido como el G2, para espiar a funcionarios públicos y personalidades del gobierno y de la oposición.

Al menos así lo admitió el conocido presentador de televisión Mario Silva, quien acusó a la oposición de poner a correr estos rumores y "falsas bolas" con el objetivo de perjudicar al gobierno y al Presidente Chávez.

En estos escritos apócrifos que nos llegaron por vía de medios electrónicos, se afirma que fue mediante este dispositivo que Raúl Castro pudo descubrir los movimientos y reuniones secretas de los destituidos Lage y Pérez Roque con el propio Chávez.

Todo esto parece ciencia ficción o una barata especulación de un aspirante a espía o de un frustado analista político secreto, pero aún así, los rumores se esparcen por la red galopando sobre los temores de una población que se horroriza ante "el avance de la dictadura" y por los movimientos del gobierno hacia el control total de la sociedad con su tendencia hacia el totalitarismo estatal y la eliminación de las libertades de movimiento, circulación y expresión.

El teléfono, de acuerdo a estas versiones, puede ser activado a distancia. Cuando está fuera de cobertura o apagado supuestamente graba las conversaciones y luego las envía automáticamente.

Esto luce el reverso perfecto de las versiones paranoicas que hace un tiempo se aventuró a exponer a los cuatro vientos el inefable Pedro Carreño con sus análisis tecnológicos acerca de las virtudes violatorias de la intimidad de algunas operadoras de cable. Pero no todo es tan descabellado.

El "Vergatario", según se continúa exponiendo en estos argumentos en contra, tiene un dispositivo de contacto que se activa/desactiva, a la hora programada, o a temperatura corporal entre 35 y 36 grados sin que el usuario lo note.

La plataforma de soporte y rastreo la atribuyen a equipos rusos y cubanos coordinados por el alto gobierno desde las compañías estatales que operan en el ramo.

Según se dice, el aparato tiene un dispositivo geoposicionador que da la ubicación exacta de la persona, similar al usado por los israelíes para ubicar a Yasser Arafat.

En el helicoide, se especula que funciona una sala de tecnócratas que replica la información recibida desde donde se han hecho pruebas del funcionamiento de todo el sistema.

La orden es equipar a cada funcionario público con un aparato de vigilancia y tener otro en su casa para vigilar y espiar electrónicamente a la disidencia interna en el aparato estatal.

La verdad es que todo lo que se le atribuye a este teléfono puede ser producto de falsas acusaciones que buscan perjudicar o favorecer a la marca con una publicidad excesiva que ha comenzado por las creativas ocurrencias del propio Primer Mandatario, quien, haciendo caso omiso de las limitaciones que impone la Ley Resorte al tiempo de publicidad estipulado para los programas y el uso de las señales públicas del Estado en beneficio de marcas comerciales sin que por ello se reconozca si las mismas menciones generan los pagos respectivos de impuestos al Seniat ni se diga cuánto cobra el Presidente por estas alocuciones comerciales o si los canales del Estado ponen al aire estas cuñas, muchas de ellas en cadena, cobrando a la compañía que comercializa el producto los montos reglamentarios.

Lo cierto es que, en condiciones especiales, cualquier organismo de inteligencia, si las circuntancias lo ameritan, pueden activar estos dispositivos de espionaje, y muchos otros más que no se mencionan en estos escritos, sin que nadie lo sospeche, porque hoy en día la tecnología de punta ha acabado con la privacidad de las personas y con sus derechos a la intimidad. Y el ejecutivo a su vez, ha ignorado las sanciones que la Constitución prevee para la difusión masiva de conversaciones de carácter privado.

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