El Gobierno promueve una reforma para evitar el corte de electricidad a los más pobres

El Gobierno promueve una reforma para evitar el corte de electricidad a los más pobres

El Gobierno español anunció este viernes una reforma con la que quiere evitar el corte del suministro eléctrico a personas pobres, tras el escándalo provocado por el fallecimiento de una anciana que no podía pagar su factura de la luz. La reforma completa el llamado 'bono social', gracias al cual 2,3 millones de hogares de toda España, es decir, siete millones de habitantes, gozan de un descuento del 25% sobre su factura energética por ser considerados "vulnerables", según los datos del Gobierno.

Se trata en buena medida de familias numerosas, jubilados que cobran la pensión mínima y hogares con todos sus miembros desempleados.

En caso de impago, la compañía no podrá cortar el suministro sin aviso previo. Deberá notificar la situación al cliente y comprobar con la administración autonómica correspondiente si se trata de "un consumidor extremadamente vulnerable", en cuyo caso no se aplicará el corte, explicó este viernes a la prensa el ministro de Energía, Álvaro Nadal, tras el consejo de ministros.

Dicho mecanismo rige ya en Cataluña.

Álvaro Nadal insistió en que la materialización será laboriosa, ya que el Gobierno, conservador y minoritario en el Congreso, deberá negociar los detalles con los demás partidos políticos y las administraciones autonómicas.

Igualmente, y por tratarse de un sector sensible, "tiene que llevar el visto bueno de la Comisión Europea", añadió.

Las conversaciones políticas sobre la cuestión comenzaron a raíz del fallecimiento de una anciana en noviembre.

La mujer, de 81 años, vivía con su nieta en la localidad catalana de Reus. Tenía la luz cortada por impago desde hacía dos meses

De noche iluminaba su vivienda con velas, y, un día, una de ellas originó un incendio en el que falleció por la inhalación de gas.

El caso se convirtió rápidamente en el símbolo sangrante de la pobreza energética que desde hace años denuncian diversas entidades de activismo social en España, coincidiendo con la pérdida de capacidad adquisitiva general causado por la crisis y un considerable aumento de las tarifas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2006 y 2015, el precio de la luz se encareció un 56%, el del gas, un 28%, y el agua, un 43%.

Por su lado, Podemos convirtió esta causa en un caballo de batalla y, en un reciente informe elaborado por tres eurodiputados, fustigó las conexiones políticas de las grandes empresas energéticas.

Numerosos altos cargos se marcharon a éstas como consejeros poco después de dejar el Gobierno, como fue el caso, entre otros, de los exministros socialistas Pedro Solbes (Enel) y Elena Salgado (Endesa), o los expresidentes José María Aznar y Felipe González, quienes luego colaboraron con Endesa y Gas Natural, respectivamente.

AFP/ MF

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