Fapuv rechaza las "tablas de hambre" y convoca lucha por el cambio político en Venezuela

Fapuv rechaza las "tablas de hambre" y convoca lucha por el cambio político en Venezuela

El gremio docente advierte en un comunicado, dirigido a las comunidades universitarias y al país, que "La imposición de estas tablas de hambre, regresivas en relación con la estructura de los tabuladores, beneficios adicionales y fórmula de cálculo de los mismos, que son conquistas de décadas de lucha del movimiento universitario, constituye una ratificación de la negación del derecho a la contratación colectiva y a la libertad sindical, lo que viola los derechos laborales progresivos, la Constitución Nacional y los convenios de la OIT suscritos y ratificados por la Nación y de carácter supra constitucional".

El documento, dado a conocer por la presidenta de Fapuv, Lourdes Ramírez de Viloria, señala que "El artículo 91 de la Constitución establece que el salario, aun el mínimo, debe ser suficiente, y definirse de común acuerdo entre los representantes del empleador, el Estado y los trabajadores, tomando en consideración el costo de la canasta básica.

"En Venezuela, precisa el escrito, el salario de un año no compra ni remotamente la canasta básica de un mes. No hay manera, con estos salarios, de cumplir con las necesidades básicas de nuestras familias, así como tampoco hay forma, con este Ejecutivo Nacional, de vencer la hiperinflación, ni de negociar como gremio las condiciones de trabajo y remuneración, porque todo se impone"

Fapuv también exhorta a las autoridades a hacer valer la autonomía universitaria y la normativa interna, y a no aplicar la medida discriminatoria hacia los jubilados.

Documento completo:

El pasado 10 de abril, FAPUV denunció ante la opinión pública nacional el envío por parte de la OPSU de un instructivo con nuevas tablas salariales para su aplicación en el sector universitario, con ajustes que oscilan entre un 16 y un 22% de dependiendo del escalafón, en un contexto de hiperinflación cuya tasa interanual entre marzo de 2018 y marzo de 2019, fue de 1.623.656% (un millón seiscientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y seis por ciento), de acuerdo con los cálculos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

A ese mísero ajuste se le agrega la bonificación del "salario” a través del llamado “Complemento de Estabilización Económica Temporal", que viola la igualdad de derechos de activos y jubilados, contemplados en las Normas de Homologación, Actas Convenio y Contratación Colectiva al excluir al personal jubilado, pensionado y sobreviviente de dicho beneficio.

No se trata, en esta oportunidad, de una decisión de OPSU ni de una política dirigida exclusivamente al sector universitario.

En la administración pública centralizada, los tabuladores salariales fueron ajustados de la misma manera: sorpresiva y unilateralmente, a través de un instructivo, en porcentajes irrisorios en comparación con la inflación, con el mismo bono de 40% sobre el salario tabla, sin incidencia salarial y solo para los activos.

Así mismo, las tablas comienzan en un salario mínimo que sigue siendo de Bs. 18.000, lo que representa 4,3 dólares mensuales, al cambio oficial. Esto pone en evidencia, sin lugar a dudas, que el Ejecutivo Nacional, de manera deliberada, consciente y continuada, mata de hambre, literalmente, al pueblo trabajador, y es el empleador que peor ha remunerado el trabajo en toda la historia de la Humanidad.

La imposición de estas tablas de hambre, regresivas en relación con la estructuras de los tabuladores, beneficios adicionales y fórmula de cálculo de los mismos, que son conquistas de décadas de lucha del movimiento universitario, constituye una ratificación de la negación del derecho a la contratación colectiva y a la libertad sindical, lo que viola los derechos laborales progresivos, la Constitución Nacional y los convenios de la OIT suscritos y ratificados por la Nación y de carácter supra constitucional.

Es tan miserable este ajuste de las tablas, que en esta ocasión, a diferencia de oportunidades anteriores, no hubo cadenas ni anuncios oficiales.

El artículo 91 de la Constitución establece que el salario, aun el mínimo, debe ser suficiente, y definirse de común acuerdo entre los representantes del empleador, el Estado y los trabajadores, tomando en consideración el costo de la canasta básica.

En Venezuela, el salario de UN AÑO, no compra ni remotamente la canasta básica de un mes. No hay manera, con estos salarios, de cumplir con las necesidades básicas de nuestras familias, así como tampoco hay forma, con este Ejecutivo Nacional, de vencer la hiperinflación, ni de negociar como gremio las condiciones de trabajo y remuneración, porque todo se impone. Los espacios democráticos para la lucha sindical y gremial han sido cerrados por el ex presidente Nicolás Maduro y esa es la realidad que determina el carácter de la lucha universitaria en la actualidad.

Esa es la razón, entonces, por la cual hoy, la lucha por un cambio político es el centro de la agenda gremial. Para recuperar nuestra calidad de vida es indispensable una apertura democrática que permita elecciones libres, discusión del presupuesto nacional y del presupuesto universitario en la Asamblea Nacional, y negociación de las condiciones de trabajo y remuneración.

FAPUV reitera su contundente rechazo y condena a esta nueva imposición de las tablas de hambre para el sector universitario y el sector público, en general. Exhortamos a las autoridades a hacer valer la autonomía universitaria y la normativa interna, y no aplicar la medida discriminatoria hacia los jubilados. Y llamamos a nuestros agremiados a enfrentar el acoso del Ejecutivo Nacional contra las universidades, sumándose a todas las actividades de protesta y de organización por el cambio político en Venezuela. NP

RA

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