Retos post Covid19 de América Latina y el Caribe según la CEPAL y OPS

Retos post Covid19 de América Latina y el Caribe

Un estudio realizado por la CEPAL y la OPS pronostica que la reactivación económica post COVID19 en América Latina y el Caribe "estará en el marco de un escenario de elevada incertidumbre". Afirma que las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes han llevado la peor parte por las medidas de control de la pandemia.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dieron a conocer un documento de 24 páginas en el que hacen una radiografía de la situación social, económica y de la salud en América Latina y el Caribe antes y durante la pandemia. Partiendo de ese análisis propone diferentes alternativas para superar las consecuencias sociales, políticas y económicas.

El estudio se refiere a América Latina como una región “vulnerable por sus altos niveles de informalidad laboral, urbanización, pobreza y desigualdad, así como por sus sistemas frágiles de salud y protección social”.

En cuanto al control de la pandemia, señalan una diferencia entre las dos regiones estudiadas: “Los países del Caribe han logrado controlar la pandemia con mayor rapidez, mientras que en América Latina los niveles de contagio siguen sin disminuir”.

El título del estudio es “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”.

El prólogo precisa que “la conclusión principal de este documento es que, si no se controla la curva de contagio de la pandemia, no será posible reactivar la economía de los países”.

Precisa que “tanto el control de la pandemia como la reapertura económica requieren liderazgo y una rectoría efectiva y dinámica de los Estados, mediante políticas nacionales que integren políticas de salud, políticas económicas y políticas sociales”

También se aboga “por un aumento del gasto fiscal para controlar la pandemia y favorecer la reactivación y la reconstrucción y porque este sea más eficaz, eficiente y equitativo, de modo que el gasto público destinado a la salud alcance al menos el 6% del producto interno bruto”.

Según la CEPAL y la OPS, en estos momentos críticos, en América Latina y el Caribe las medidas de distanciamiento físico “deben complementarse con medidas urgentes de protección social para la población, que garanticen sus ingresos, alimentación y acceso a los servicios básicos”.

En cuanto a la reapertura de la economía, la recomendación es que sea gradual “y basarse en protocolos sanitarios que permitan controlar el virus y su propagación, además de proteger a los trabajadores, en particular a los de la salud. De esta manera, se garantizarán una reactivación y un entorno laboral seguros”.

Consideran que lo anterior debe ir acompañado de “normas y procedimientos que minimicen los riesgos de contagio, que favorezcan una reacción rápida a un entorno de salud pública dinámico y que contemplen, además, los aspectos concretos de los niveles subnacionales o locales”.

Los afectados por las medidas

El distanciamiento físico, la suspensión de actividades no esenciales y la cuarentena son las medidas que han puesto en práctica la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Aunque tales medidas son necesarias para controlar la trasmisión del Covid19, en América Latina, principalmente, han significado “pérdida de empleos y de ingresos”. Los más afectados han sido los trabajadores informales, en su mayoría mujeres. Este grupo, según el estudio, representan 54% del empleo total en la región.

Agrega que “la crisis afectará más gravemente a las mujeres, que se encuentran sobrerrepresentadas en las actividades económicas más golpeadas por las medidas de contención del virus y en los sectores laborales más expuestos al contagio”.

Como si lo anterior fuera poco, la mujer latinoamericana se ha visto expuesta “a mayores riesgos de violencia, incluido el femicidio”.

Según el documento de la CEPAL y la OPS, los pueblos indígenas, (60 millones de personas, cerca de 10% de la población de América Latina) y los afrodescendientes (130 millones de personas en 2015, 21% de la población de la región) “se verán afectados de manera desproporcionada, ya que tienden a vivir en peores condiciones socioeconómicas y a tener un acceso limitado a la protección social en comparación con el resto de la población, además de enfrentar altos niveles de discriminación en el mercado laboral”.

O se controla la epidemia o se cae la economía

El referido documento no está con medias tintas. Sus autores son enfáticos al afirmar que “no hay apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada”.

Las medidas de control recomendadas son: suspensión de actividades no esenciales y otras medidas de distanciamiento social, la trazabilidad de los casos y su aislamiento, el monitoreo de los contactos y la intensificación de las pruebas de diagnóstico.

Agregan que esas “medidas de salud pública dirigidas a aplanar la curva de contagios deben ir de la mano de medidas de protección social”.

Hacen especial énfasis en la necesidad de proteger a los trabajadores de la salud, “tanto por una razón de derecho de los trabajadores como también porque son actores cruciales para dar respuesta a los desafíos actuales y futuros.”

La incertidumbre de la economía

Según el documento, la reactivación económica post pandemia no será de la noche a la mañana sino “en el marco de un escenario de elevada incertidumbre, alejada de una concepción de recuperación lineal, y con altas probabilidades de rebrotes de la pandemia”.

Advierte que “es necesario considerar una transmisión comunitaria controlada y contar con una capacidad efectiva de vigilancia de nuevos casos, disponibilidad de pruebas, seguimiento de contactos y monitoreo continuo”.

Recomienda una reactivación gradual y “basarse en protocolos sanitarios que permitan contener la propagación del virus. Para garantizar una reactivación segura es necesario definir estándares y procedimientos que minimicen los riesgos de contagio, considerando la especificidad de los sectores productivos y territorios, y que prioricen la protección de los trabajadores y los consumidores”

A fin de enfrentar los profundos impactos sobre las condiciones de pobreza y desigualdad, se recomienda que continúen las transferencias monetarias y que lleguen a amplios estratos de la población, incluidos aquellos que son vulnerables a caer en condiciones de pobreza.

Consideran que “se debe avanzar hacia un pacto social entre múltiples actores, ya que la crisis puede profundizar expresiones de malestar, desconfianza y desafección respecto de la democracia, lo que constituye un riesgo importante para la cohesión social y el desarrollo sostenible”.

Como consecuencia de la pandemia “se estima que la tasa de pobreza en América Latina aumentará 7,1 puntos porcentuales en 2020, hasta alcanzar el 37,3%, mientras que la de pobreza extrema aumentará 4,5 puntos porcentuales, pasando del 11,0% al 15,5%. Esto podría suponer un aumento de 45 millones en el número de personas en situación de pobreza (hasta llegar a un total de 231 millones de personas) y de 28 millones de personas en el caso de la pobreza extrema (hasta un total de 96 millones de personas)”.

El documento finaliza invitando “a todas las autoridades de las esferas de la salud, la economía y el bienestar social, así como a los líderes políticos, del ámbito académico y de la sociedad civil, a analizar la evidencia y los puntos de vista que aquí se presentan y a evaluar la implementación de lineamientos adaptados a las especificidades de sus países, con miras a promover la resiliencia de la sociedad y, en definitiva, la salud y el bienestar de la población, con la igualdad en el centro”. @erondoni

El documento completo se puede bajar haciendo click aquí

Enrique Rondón Nieto - Informe21

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