Sexodiversos aspiran a que la AN legisle en torno a sus derechos

El matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo es valorado desde distintas perspectivas en nuestro país.

Mientras algunos lo rechazan por considerarlo un pecado, otros estiman que debe ser garantizado como un derecho y -por lo tanto- califican de oportuna su inclusión en la agenda de la recién electa Asamblea Nacional (AN).

Luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el tema ha cobrado especial fuerza dada la elección de la primera diputada transgénero latinoamericana, Tamara Adrián.

Sin embargo, ya a finales de enero de 2014, más de 40 colectivos de sexo y género diversos presentaron ante el Poder Legislativo el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario.

La iniciativa se sustentó -entre otros instrumentos legales- en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con los Principios de Yogyakarta (del Consejo de DDHH de la ONU), que instan a la comunidad internacional y a los Estados a adoptar medidas para asegurar el derecho al matrimonio a las parejas homosexuales.

Más allá del matrimonio. Existe diversidad de visiones con respecto a los conceptos legales por impulsar para amparar a las parejas sexodiversas. Para Tamara Adrián, no solo es necesario que se consagre la figura del matrimonio, sino también debe irse hacia las uniones estables de hecho “porque lo más importante es garantizar la igualdad”.

En el seno de la actual AN, dice, este “ha sido un tema tabú (...) por el sentido que le dan algunas religiones, pero en el venidero período de sesiones se hablará del mismo porque la falta de protección a las parejas del mismo sexo expone a esas familias a la pobreza y a ser excluidos de beneficios laborales”. Sin embargo, aclara que está consciente de que los venezolanos también demandan el debate del tema económico.

Precisamente por la prioridad del tema económico, Giovanni Piermattei, presidente de la organización Venezuela Igualitaria, no es muy optimista en cuanto a los avances que puedan lograrse, ya que en la agenda legislativa propuesta por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “de 16 leyes no hay ninguna que tenga que ver con la diversidad sexual, a pesar de que esa realidad nos impacta”.

A su juicio, es fundamental que las familias sexodiversas puedan ser reconocidas, “porque todos somos iguales”.

En América Latina y el mundo, uno de los temas que cobra mayor fuerza es la igualdad. Hay países como México, Uruguay y Argentina donde no solo se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que legalmente existen las figuras jurídicas de maternidad, copaternidad (paternidad compartida sin vínculo emocional) y adopción.

Adrián, quien es abogada, explica que en otros países (como Brasil) existe el matrimonio; pero para la maternidad, copaternidad y adopción, es necesario recurrir a la vía judicial. Por su parte, en Colombia obtuvieron derechos de pareja y coadopción, y se está discutiendo el matrimonio igualitario en el Congreso.

En Ecuador y Chile pueden registrarse las uniones estables de hecho, mientras que el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero -independientemente de la genitalidad- existe en México, Colombia, Uruguay y Argentina.

Lo constitucional. El artículo 77 de la Constitución venezolana, aunque es usado frecuentemente como argumento por algunos sectores para rechazar ese tipo de matrimonio, no está reñido con el artículo 21 del mismo texto, el cual rechaza todo tipo de discriminación, incluso aquellas basadas en la condición sexual de las personas.

Adrián destaca que el año pasado consignaron más de 20 mil firmas ante el CNE sin obtener respuesta para impulsar una reforma, pero asevera que eso no limita a la AN para que legisle en torno a la materia.

Para Rummi Quintero, presidenta de la organización Divas de Venezuela, si bien la figura plasmada en la Constitución nacional está basada en una relación heterosexual, la Carta Magna no prohíbe que haya matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, indica que “los matrimonios del mismo sexo y género no se han aprobado porque existe una estructura patriarcal y machista, donde la institución es concebida para intercambiar a la mujer como un premio, mercancía o herencia”.

“Consideramos que debemos avanzar hacia leyes más vanguardistas y liberadoras”, señala Quintero. No obstante, agrega: “No tenemos que ser los excluidos quienes demos ese paso, porque tendríamos a todo un sistema en contra. La estrategia es mantener lo que hay hoy y luego transformarlo, incluso junto a personas heterosexuales con una visión más amplia”.

Larga batalla. Las luchas por los derechos de las personas sexodiversas en Venezuela no es reciente. En 1978 nació el Grupo Entendido y en 1993 surgió el Movimiento Ambiente de Venezuela (MAV), considerada la primera ONG del país interesada en los derechos homosexuales.

Posteriormente, en 1998, los activistas se agruparon en la Alianza Lambda. En 1999, Oswaldo Reyes, fundador del MAV, se postuló como el primer candidato abiertamente gay a la Asamblea Nacional Constituyente sin obtener una curul. Sin embargo, su iniciativa representó un avance en derechos igualitarios.

Siete años después, el 14 de julio de 2006, se realizó la primera unión homosexual en la embajada británica, entre un venezolano y un inglés.

Actualmente, aunque las organizaciones existentes están conscientes de que el camino para lograr la consagración de sus derechos no es fácil, coinciden en que es un trabajo que vale la pena, especialmente porque les permitiría alcanzar la igualdad.

Fuente: Ultimas noticias / LD

Categoria: