Tribunal impone prohibición de salida del país a 22 directivos de medios

La jueza 12ª de juicio, María Eugenia Núñez, también estableció que los acusados deben presentarse una vez a la semana ante el tribunal. La prohibición de salida del país recae en “presunciones razonables” de peligro de fuga y obstaculización de la justicia, según alega Cabello.

De forma extraoficial se conoce que Cabello ratificó su acusación el 28 de abril y esta fue admitida por el tribunal el 5 de mayo. Los acusados no han sido formalmente notificados por las autoridades.

Los señalados en la demanda de Cabello y afectados por las medidas impuestas por la jueza Núñez son: Miguel Henrique Otero, Mariana Otero, Argenis Rafael Martínez Mota, José Simón Elarba Haddad, Oswaldo Karam Macía, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font Fernández, Ramón José Medina Simancas, Beatriz Cecilia De Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique, Leopoldo Eduardo López Mendoza, Teodoro Petkoff Malec, Juan Antonio Rafael Golia Amodio, Francisco Layrisse, Manuel Antonio Puyana Santander, Alberto Federico Ravell Arreaza, Isabel Cristina Ravell Nolck y David Alberto Morán Bohórquez.

El presidente del Parlamento impuso la demanda luego que El Nacional, La Patilla y Tal Cual difundieran una información publicada por el diario ABC de España en la que Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Cabello, lo acusó de estar involucrado en narcotráfico internacional.

En el artículo, Salazar también señalaba a Cabello como uno de los líderes del llamado “Cartel de los Soles”. Esta noticia fue suscrita por el corresponsal en Washington Emili J. Blasco, y avalada por el director Bieto Rubido. El diario la publicó el pasado 25 de enero.

Cabello alega que estos medios le han causado “grave perjuicio sobre su reputación y honor”.

Cada uno de los acusados debió haber sido citado personalmente por el tribunal tras la admisión de la demanda el pasado 5 de mayo, lo que hasta ahora no ha ocurrido. Al no ocurrir esto, se trata de un proceso a espaldas de los afectados que implica una violación al debido proceso.

Fuente: El Carabobeño

PS

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