El delito cometido por Donald Trump contra las instituciones democráticas de Estados Unidos y del mundo tiene que recibir un castigo ejemplar. Debe ser inhabilitado de por vida para que jamás vuelva a ocupar un cargo de elección popular. Su conducta no es producto de un error circunstancial, sino el resultado de una estrategia diseñada para disfrazar una derrota electoral que era previsible, debido a su pésimo manejo de la crisis provocada por la pandemia. No fue que se equivocó.
Durante la instalación de la Asamblea Nacional, el pasado martes 5 de enero, los líderes del madurismo hablaban como si hubiesen obtenido un triunfo apoteósico en unas elecciones concurridas, competitivas y transparentes.Hay que recordarles que la abstención anduvo en las cercanías de 80%; los principales partidos de la oposición y sus líderes fueron inhabilitados; y, debido a la Covid-19, la campaña tuvo más restricciones que las impuestas normalmente por el ofi
La consulta popular realizada entre el 7 y el 12 de diciembre, concebida como respuesta política a la farsa del 6 de diciembre, fue un éxito en Venezuela y el exterior, a pesar de todos los obstáculos que debió sortear.
El 6D, el gobierno apenas logró acarrear alrededor de 15% de los votos del Registro Electoral Permanente (REP), a pesar de los puntos rojos, el ventajismo grosero en los medios de comunicación y los organismos públicos, las amenazas y los chantajes. Con ese minúsculo porcentaje, Nicolás Maduro conseguirá de nuevo la hegemonía total del Estado, pero no el reconocimiento internacional. La mayoría de los países democráticos han desconocido y ratificado la condena a esas elecciones.
La asamblea constituyente electa en 2017, presidida primero por Delcy Rodríguez y luego por Diosdado Cabello, se encuentra entre los adefesios más inoperantes y costosos de cuantos ha inventado el régimen. Fue un foro electo por un grupito de venezolanos, que reunió a 545 asambleístas dedicados a malgastar recursos que habrían podido invertirse en áreas más importantes.
En la más reciente encuesta flash realizada por Consultores 21, con una muestra telefónica de 1.000 personas, los datos son categóricos: 78% de los electores se niega a participar en los comicios del 6 de diciembre. Para ese gran universo, las elecciones parlamentarias resultan intrascendentes. Suceda lo que suceda ese día, no se modificará la actual correlación de fuerzas, ni cambiarán las políticas públicas, ni se modificará el curso de la pendiente tomada por el país durante la era Maduro, quien lo ha llevado a la ruina en la que se encuentra en la actualidad.
La consulta popular prevista para realizarse entre el 5 y el 12 diciembre es la respuesta política de las 27 agrupaciones opositoras firmantes del documento en el cual denuncian por fraudulentos los comicios del 6 de diciembre. Fue la jugada ideada ante la decisión del régimen de mantener esas elecciones, a pesar de la solicitud de los partidos venezolanos y la Unión Europea para que fueran postergadas hasta una fecha que garantizara las condiciones mínimas que les permitieran a los candidatos desplegar su campaña y a los electores mantener contacto con los aspirantes.
Apenas tres lustros después del derrumbe del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, cuando parecía que el planeta que se enrumbaba hacia la mundialización de la democracia liberal como forma de gobierno, comenzaron a aparecer en distintos países autócratas que manifestaban un desprecio olímpico por los valores liberales: respeto a la independencia de los poderes públicos, manipulación de los organismos electorales, uso del voto popular para eternizarse en el poder y acoso a los medios de comunicación independientes, entre much
Mientras escribo este artículo aún no se sabe quién es el ganador de las elecciones norteamericanas, aunque Joe Biden se perfila como el triunfador. Lamentaría que si finalmente se confirma su triunfo la victoria no sea por una ventaja considerable. Le habría impedido a Donald Trump seguir atentando contra las instituciones democráticas y continuar enrareciendo el ambiente de confrontación que ha fomentado durante años en la nación más poderosa de la tierra.
El reencuentro de Leopoldo López con la libertad estuvo rodeado del misterio, la sorpresa y la espectacularidad de las operaciones planificadas con precisión milimétrica, con el fin de asestarles un golpe noble a enemigos implacables e incansables. El gobierno quedó desconcertado. Tanto, que Nicolás Maduro destituyó al ministro de Relaciones Interiores, el siempre compañero de ruta Néstor Reverol.
El triunfo de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia muestra las fortalezas de esa opción y, sobre todo, las enormes debilidades de los factores opositores que provocaron la salida de Evo Morales, luego de pretender consumar el fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2019. Esos líderes, movimientos y organizaciones le hicieron pagar muy caro el abuso al caudillo.
Mi hija menor vive en Miami, como centenas de miles de venezolanos que huyeron de Venezuela a partir de 2013 cuando Nicolás Maduro, el heredero, fue electo presidente en unos comicios que nadie sabe si en efecto ganó. En días recientes, la directora del colegio donde estudia mi nieto de ocho años convocó una reunión de padres y representantes para tratar el tema de la covid-19 y las medidas de seguridad que el colegio adoptaría. Resulta que la señora es trumpista militante.
El auge de las clases medias en Venezuela fue uno de los símbolos más representativos de la acelerada transformación vivida por el país, al dejar de ser en un período muy breve una sociedad rural y convertirse en una sociedad urbana. Fue uno de los íconos de la modernidad y de los avances democráticos.
Durante las dos últimas semanas se han visto unas protestas sociales que se han extendido por buena parte del país. En estados tradicionalmente chavistas, la gente espontáneamente ha salido a manifestar su descontento contra la irresponsabilidad de un clan que lleva más de dos décadas gobernando.
Por allí circulan rumores de unas supuestas conversaciones que contarían con el aval de la Unión Europea y otras instancias internacionales –la ronda de Noruega revitalizada– que podrían desembocar en un acuerdo global para realizar los comicios parlamentarios y la elección del presidente de la República, con todas las garantías establecidas en la Ley del Sufragio y de acuerdo con las exigencias de la ONU, la UE y las demás organizaciones interesadas en que la crisis nacional se resuelva de forma pacífica. Sin vencedores, ni vencidos.
El régimen insiste en que las elecciones del 6 de diciembre son inamovibles y amenaza con utilizar soldados para buscar los electores en sus casas. Quiere triturar a Juan Guaidó y a los diputados de la actual Asamblea Nacional, quitarse de encima el fantasma de diciembre de 2015, cuando sufrió la humillante derrota que desató su furia, llevándolo a cometer toda clase de atropellos contra el Parlamento recién electo.
Durante la era madurista se han dado fenómenos extraños, pero ninguno como el que rodea la consulta del 6-D: la oposición no puede desarrollar la campaña electoral por las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19; y el gobierno no necesita adelantar ninguna campaña, porque posee el control de todos los mecanismos de chantaje, coacción e intimidación que le permitirán obtener una cómoda victoria con el reducido universo de electores dispuestos a sufragar.
La medida de gracia decretada por Nicolás Maduro a favor de ciento diez compatriotas que se encontraban presos en las cárceles del país, en las sedes de distintas embajadas o que debieron huir al exterior, no tiene nada que ver con un indulto; y mucho menos con un gesto humanitario de buena voluntad en aras de la reconciliación nacional, tan necesaria para sacar al país del foso donde el régimen la hundió.
Luego de la destrucción del Muro de Berlín -muro del oprobio, símbolo de la dictadura y la incompetencia comunista- buena parte del mundo político e intelectual creyó que se haría realidad la profecía de Francis Fukuyama, según la cual el planeta avanzaría de forma acompasada hacia la democracia liberal y la economía de mercado.
La política y las medidas de Nicolás Maduro frente a la pandemia desatada por la Covid-19 han sido erráticas, parciales e insuficientes. Un retrato hablado de la incompetencia característica del grupo enquistado en el poder desde hace más de veinte año.
En el más reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que trata el tema de las venideras elecciones parlamentarias de diciembre, percibo en sus elaboradas líneas lo difícil que debe de haber sido para los obispos que integran la institución, redactar ese documento, que parece mecerse en una soga de equilibrista .
Los argumentos señalados por las 27 organizaciones opositoras firmantes del documento unitario, en el cual manifiestan que no participarán en el fraude electoral convocado por Nicolás Maduro para el próximo diciembre, resultan categóricos.
Es cierto que el régimen, prevalido del control que ejerce sobre todos los poderes públicos y en su capacidad represiva, acabó con la posibilidad de cualquier tipo de elección libre y competitiva.
La sola presencia en el país de la delegación del reino de Noruega, que vino a actualizarse sobre la situación humanitaria y política nacional, inmediatamente desató la ira de los sectores más radicales, tanto dentro como fuera de Venezuela, y la respuesta destemplada de varios dirigentes políticos de quienes cabría esperar reacciones más sensatas frente a las maniobras ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro, que trata de limpiar un poco su deteriorada imagen internacional.
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), adelantada por la UCV, la UCAB y la USB, posee muchos méritos. Destaco dos excepcionales. En el cuadro que pinta, se encuentra una fotografía descarnada de la miseria nacional y también un libelo contra el régimen de Nicolás Maduro. Los dirigentes del gobierno llaman al régimen, socialismo del siglo XXI. Identificarlo con ese pomposo nombre solo contribuye a elevarle la dignidad a un mecanismo de destrucción y saqueo que carece de antecedentes en América Latina y el resto del planeta.
Los factores internacionales de poder representan una de las dos dimensiones claves sin cuya activa presencia la crisis venezolana no se resolverá. La otra dimensión es la integrada por las Fuerzas Armadas. Sin conexión con aquellos centros nerviosos carecerá de sentido participar, o dejar de hacerlo, en las elecciones legislativas previstas para diciembre de este año. La decisión que se adopte tendrá que ser compartida por los factores globales que respaldan el retorno a la democracia en Venezuela.