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El caso del General Rivero y el desacato a la CIDH

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Sabe el gobierno nacional que existe un profundo malestar en la Fuerza Armada Nacional por tres razones fundamentales: a) El modo abusivo de politización al que se obliga a quienes quieren permanecer en la institución, violándose descaradamente el artículo 328 y 330 de la Constitución; b) el reconocimiento que ha hecho el Presidente de la República de la cooperación de Cuba en asuntos vinculados a las seguridad y defensa nacional y el daño que estos están generando al sistema jurídico político de Venezuela; c) el espinoso tema de las FARC, la neutralidad del Estado venezolano frente

La Fiscal y las FARC

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Lleva dos semanas la fiscal Luisa Ortega Díaz ocupada de la política exterior de la República y las relaciones internacionales de Venezuela. No ha abandonado el tema desde las declaraciones del Gobierno colombiano el 22 de julio pasado, ante el Consejo Permanente de la OEA, en la que señaló la presencia de 1.500 guerrilleros de las FARC en territorio venezolano. La Fiscal General de la República, ha señalado que Venezuela “se defenderá” si es denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI). La Fiscal se equivoca.

¿Qué cabe esperar de Colombia?

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Colombia dice tener detalles, coordenadas, videos y fotos de altos miembros de las FARC y del ELN establecidos en Venezuela. Una presencia por cierto que siempre ha negado el gobierno nacional, en un formato de declaraciones que van y vienen entre el Palacio de Nariño y el de Miraflores sin consecuencias de ningún tipo sobre la situación concernida. Algo está cambiando sin embargo: El Gobierno de Uribe ha solicitado una cita al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para tratar el asunto de la presunta presencia de guerrillas en Venezuela.

Juego bajo protesta

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La participación de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en las próximas elecciones del 26 de septiembre tendrá que permitirse “bajo protesta”, un término deportivo que significa que existe transgresión a las reglas por una de las partes convocadas al evento; y a pesar de ello, se realiza. Como se hace con los juegos bajo protesta y antes de iniciar el partido, continuaremos señalando y documentando las violaciones a la Constitución cometidas por miembros de la FAN, de cara a las elecciones del 26 de septiembre próximo, que son básicamente tres:

La Ley Sapo por goteo

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Con el engañoso alegato de más poder para el pueblo, ha sido aprobado en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social. Un conjunto de 22 artículos que tienen como eje de acción un modelo de “control social” que intenta instaurar el gobierno sobre los venezolanos. Varios son los elementos que mueven a la preocupación: 1) Establece un escalón más en la larga escalera de obstáculos que existen en el país para que la administración pública sea transparente, auditable y proba.

Los goles a Chávez

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Dos goles de honda repercusión le han metido al Presidente de la República en menos de 1 semana: La trasmisión de un reportaje titulado “Los guardianes de Chávez”, a través de los canales de televisión Cuatro y CNN Plus del Grupo Prisa de España, editora también del diario El País. Y la entrevista en exclusiva realizada por Stephen Sackur al mandatario nacional, que se emitió el lunes en el programa “HardTalk” (“Diálogo duro”), de la BBC de Londres.

El estado de excepción

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El Presidente de la República ha extendido la declaratoria del Estado de Emergencia por 60 días más, en fraude a la Constitución, que sólo autoriza en su artículo 338 a que se dicte por un periodo de 60 días, prorrogable por 60 días más, para un total de 120 días de emergencia nacional permitidos, entendiendo que un gobierno eficaz es capaz de resolver una emergencia en 4 meses.

¿Quién da la cara en Venezuela?

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¿Quién da la cara en este país por el deterioro institucional y el caos en el que nos encontramos como Nación? ¿Quién da la cara en Venezuela por los miles de combatientes que se forman en instituciones como el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Procuraduría General de la República, sin informárseles a estas personas que se convierten en objetivo militar y por tanto blanco de ataque hostil legal en caso de un conflicto armado, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario?

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