Inmunidad parlamentaria y flagrancia, dos conceptos a tener en cuenta.

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Ante los últimos acontecimientos sucedidos en el país, producto del “supuesto” atentado al Presidente de la República y de la detención, presentación e imputación del Diputado Juan Requesens, es necesario hacer un análisis desde el punto de vista jurídico de las normas y disposiciones que regulan la materia, de manera de poder verificar la legalidad o ilegalidad de los hechos acontecidos desde el momento de su detención hasta su presentación ante los tribunales de la República; todo ello, partiendo de su condición de diputado y de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria que su cargo conlleva. De igual manera, debemos obligatoriamente analizar el marco jurídico referido a los delitos cometidos en flagrancia y al procedimiento aplicable a quienes detentan la inmunidad parlamentaria.

Así, en primer lugar, es necesario señalar que la inmunidad parlamentaria esta referida a la prerrogativa que poseen los diputados de la Asamblea Nacional, de no ser juzgados por los presuntos delitos que puedan cometer, sino de forma privativa por el Máximo Tribunal de la República y bajo las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución.

En este sentido, el artículo 200 de la CRBV, establece que: “los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”.

Ello así, observamos que nuestro texto constitucional fue claro y preciso al establecer la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional, como una prerrogativa a quienes ejercen tan fundamental función dentro del Poder Público Nacional; y al fijar su vigencia y duración. De igual forma, nuestra Carta Magna fue enfática al designar al Tribunal Supremo de Justicia, como único órgano jurisdiccional y de forma privativa sobre los otros tribunales, capaz de conocer los presuntos delitos cometidos por los diputados de la Asamblea Nacional y de solicitar su detención y enjuiciamiento previa autorización de la Asamblea Nacional.

Finalmente, nuestra Constitución estableció el procedimiento a seguir por las autoridades competentes, en los casos de delitos cometidos en flagrancia, estableciendo que el diputado no podrá ser detenido, sino colocado bajo custodia en su residencia e informando inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia, quien en el caso de considerarlo pertinente podrá solicitar su detención y enjuiciamiento previa autorización de la Asamblea Nacional.

Así las cosas, teniendo claro el concepto de inmunidad parlamentaria y el procedimiento a seguir en caso de la supuesta comisión de algún delito por parte de un Diputado ya sea en flagrancia o no; y previo al análisis de fondo del caso del Diputado Juan Requesens, es necesario hacer una breve aclaratoria entre dos la detención in fraganti y el delito flagrante, los cuales si bien pueden guardar relación, no es menos cierto que constituyen concepciones jurídicas distintas. Así pues, la detención in fraganti, esta referida al acto de aprehensión por parte de la autoridad o de algún particular en pleno desarrollo de la comisión del delito o durante su huida, ya sea porque se ha consumado o porque resulte frustrado o desistido; y el delito flagrante, el cual esta referido al delito que se esta cometiendo al momento o se acaba de cometer, o aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad, victima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas o instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que es el autor del delito. En este sentido, observamos que el delito flagrante puede darse incluso a posteriori de la comisión del delito y de haber cesado la persecución; siempre y cuando la persona sospechosa se detenga con instrumentos o cosas provenientes del delito y que hagan presumir fundadamente que él es el autor del delito.

Concatenando lo anterior con el caso del Diputado Juan Requesens, debemos observar en primer lugar que el Diputado fue detenido en su residencia por funcionarios del SEBIN el día 7 de agosto de 2018 y trasladado a la sede de dicho organismo, violando flagrantemente su inmunidad parlamentaria, que prohíbe que el mismo sea detenido por autoridad alguna; y que de sospecharse la supuesta comisión de un delito, debió remitirse al Tribunal Supremo de Justicia para que éste previo análisis solicitara su detención, previa autorización de la Asamblea Nacional. Incluso, en el caso que se considerase como un delito flagrante, lo cual sería totalmente incongruente y contrario a nuestro ordenamiento jurídico, puesto que los hechos que se le imputan y que han sido utilizados como prueba (Pasar supuestamente a una persona de Venezuela a Colombia), no se configuran dentro del supuesto de la flagrancia explicados anteriormente, por no haberse detenido con instrumentos u objetos provenientes del delito y que hagan presumir fundamental la autoría del delito; se debió poner en custodia en su residencia mientras se notificaba al Tribunal Supremo de Justicia, quien posteriormente debió solicitar autorización para su detención a la Asamblea Nacional; configurándose así una flagrante violación a su inmunidad parlamentaria, la cual esta protegida por nuestra constitución y la cual conlleva a consecuencias penales a quienes le violen.

Adicionalmente a la violación flagrante de la inmunidad parlamentaria, los organismos de seguridad una vez detenido en la sede del SEBIN, notificaron al Tribunal Supremo de Justicia, quien en sentencia de la Sala Plena consideró procedente del enjuiciamiento del Diputado Juan Requesens, instó a los órganos de seguridad del estado mantener su detención y remitió a la Asamblea Nacional Constituyente, a lo fines que esta decida sobre el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

De esta manera, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia incurrió también en vicios de legalidad e inconstitucionalidad, no solamente al estimar la existencia de la flagrancia, lo cual es errado; sino que en el caso negado de considerar su existencia, debió en todo caso ordenar la libertad del diputado, por el hecho de haberse detenido y no puesto en custodia en su residencia, mientras se solicitaba la autorización de la Asamblea Nacional para su detención y enjuiciamiento como manda la Constitución. Aunado a ello, la Sala Plena incurre en un vicio mayor de inconstitucionalidad, al remitir el caso a la Asamblea Nacional Constituyente y no a la Asamblea Nacional, para que decida ésta sobre el levantamiento o no de su inmunidad parlamentaria; ya que reiteramos lo señalado en el artículo 200 de nuestra Constitución, la cual establece que es la Asamblea Nacional, el único órgano competente para levantar o no la inmunidad de cualquier diputado.

Expuesto lo anterior, debemos manifestar que todo el procedimiento de detención, presentación e imputación del Diputado Juan Requesens son manifiestamente ilegales y en violación flagrante de la constitución, por lo que se debería ordenar su libertad inmediata y declarar la responsabilidad penal de quienes ordenaron y ejecutaron dichas violaciones; ello sin perjuicio de las responsabilidades producto de las posibles violaciones a los derechos humanos denunciadas durante su detención y presentación a los órganos jurisdiccionales.
Angel Dominguez