Recuperación: Extinción de dominio y cooperación

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La Asamblea Nacional debate la Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción, ya aprobada en primera discusión.

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Freddy Guevara realizó en julio de 2016 el foro internacional “Una ley para la recuperación de bienes producto de la corrupción: lineamientos y desafíos”, en el que diputados, expertos internacionales y miembros de ONG’s intercambiaron conceptos, perspectivas y experiencias acerca del proyecto de ley para la recuperación de fondos públicos desviados en actos de corrupción.

En el evento que contó con la colaboración de Cuentas Claras Digital, se realizaron importantes aportes a la nueva ley que introduce aspectos novedosos como el establecimiento de formas de recuperación de activos – distintas del clásico decomiso penal – y el reconocimiento a las personas que proporcionen información útil para recuperar los bienes robados a la nación.
Un aspecto importante de la Ley es la incorporación de la denominada extinción de dominio o decomiso sin condena, que permite al Estado perseguir e incautar activos de origen ilícito, sin importar en manos de quien estén y sin la necesidad de una condena penal previa.

La nueva ley prevé la concesión de incentivos económicos o de otra naturaleza para los cooperadores eficaces. Dichos incentivos se ubican entre un tres por ciento (3%) y un diez por ciento (10%) del valor de lo efectivamente recuperado en virtud de la información suministrada (Art. 100).

Cuando los activos ilícitos se encuentren fuera del territorio de la República, se podrán acordar incentivos por un monto superior a los límites establecidos anteriormente, si en la legislación extranjera que resulte aplicable se establecen límites superiores. En este caso, los incentivos no podrán ser mayores al límite establecido en la legislación extranjera más un tres por ciento (3%) (Art. 102).
El proyecto de ley también toma en cuenta la protección de testigos y cooperadores eficaces así como el derecho a que se mantenga la reserva de su identidad por lo que no podrá ser obligado a testificar en juicio (Art. 103), de acuerdo a ello, un tribunal competente podrá otorgar cualquier medida que considere necesaria para garantizar la integridad del cooperante y su estabilidad laboral.

Con el marco jurídico establecido se podrá comenzar a estructurar equipos interdisciplinarios de contadores, economistas, auditores, abogados, en fin, toda la capacidad humana y técnica necesaria para acometer esta importante labor.

Calcular lo que le han robado al Estado en estos últimos veinte años no es tarea fácil. Hay algunas estimaciones preliminares como las que efectuamos en el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos (2015). Ciframos en unos 350 mil millones de dólares la cantidad sustraída a las arcas públicas sólo entre 2003 y 2013. Montos similares han sido reconocidos por ex altos funcionarios del régimen como Jorge Giordani, Edmée Betancourt y Héctor Navarro.

La investigación de la Comisión de Contraloría de la AN dirigida por el diputado Guevara a finales de 2016 precisa en 11 mil millones de dólares sólo el saqueo a PDVSA, por lo que el parlamento emitió un voto de censura contra Rafael Ramírez. Un informe más reciente realizado por el diputado Freddy Superlano ubica en 5 mil millones de dólares el daño patrimonial relacionado con las cajas Claps. Por su parte, el diputado Juan Guaidó ha señalado que los sobornos pagados a altos funcionarios por Odebrecht rondarían los 1.300 millones de dólares. Son solo muestras del saqueo que ha sufrido nuestro país.

Mientras Venezuela logra la transición a la democracia se pueden adelantar acciones como la nueva legislación que debate la AN para acelerar el proceso de recuperación. El proyecto de ley que introdujo el senado de EEUU hace unas semanas también será clave. La legislación de ayuda humanitaria a Venezuela prevé colaborar con la reconstrucción económica y por lo tanto con la recuperación de los bienes robados al Estado venezolano. EEUU realizaría investigaciones financieras especiales a fin de rastrear, identificar y bloquear los fondos robados, tanto en su territorio como en otras naciones, por medio del intercambio de información, el trabajo conjunto coordinado y la asistencia técnica en materia de confiscación civil.

Cálculos de expertos sostienen que Venezuela necesitará al menos 80 mil millones de dólares en los primeros 3 años para iniciar la reconstrucción económica. La mayor parte se obtendrá de préstamos multilaterales. Sin embargo, recuperar aunque sea una parte de los más de 350 mil millones de dólares robados a los venezolanos por la cleptocracia de Chávez y Maduro será, además de justo, un apoyo significativo. @TablanteOficial
Carlos Tablante