Con sarampión elecciones en abril

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La ilegítima Asamblea Nacional Constituyente o Comunal sigue metiendo ruido. Es su trabajo. Y lo hace, desde luego, a conciencia de que su origen no obedeció a un mandato constitucional; sólo a un propósito partidista; cuasimaquiavélico.

Para no ser señalada de sólo obedecer a tales fines, su nacimiento debió haberse sometido a una consulta previa del pueblo soberano. Porque en procedimientos políticos de esta naturaleza, sólo el soberano decide si aprueba o no su convocatoria y/o sus bases comiciales. Pero así no sucedieron las cosas,porque tampoco ese ese era el objetivo.

Tal montón de obedientes activistas grupales, entonces, no goza de legitimidad ni de aprobación dentro y fuera del país. Aquí, quienes se benefician de ella y de su particular comportamiento, desde luego, la alaban y magnifican. Pero más allá de la frontera patria, sencillamente, es tan normal que la descalifiquen organismos internacionales, como diferentes países, dado precisamente ese cuestionado origen.

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el de los Estados Unidos, Donald Trump, el de España, Mariano Rajoy, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, la Canciller de Alemania, Angela Merkel, entre otros, han alzado su voz de rechazo. Y declarado, una vez más, además, que su desconocimiento incluye actos de ese grupo ilegítimo, como es el caso de las anunciadas elecciones presidenciales de abril.

Reconocer dicho proceso comicial, sencillamente, equivaldría a legitimar y darle legalidad administrativa a un organismo que no es legítimo ni legal; constitucional ni democrático; que fue engendrado y promovido en su alumbramiento desde la esencia misma de un delito. También, desde luego, a reconocer el resultado del proceso y aceptar como válida la elección, a los fines del reemplazo del actual Presidente de la República, que, de hecho, pudiera no producirse, en razón de la naturaleza y características que distinguen las elecciones en Venezuela.

Por otra parte, si en el país todavía existe y se supone que funciona un Poder Electoral teóricamente autónomo, y que es a quien le correspondería llamar a sufragio con base en lo que está establecido en la aún vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿a qué obedece la capciosa usurpación?. Además de que es un reemplazo que pasaría a funcionar como aliado de un organismo electoral que, de hecho, no garantiza imparcialidad, transparencia, mucho menos las condiciones igualitarias para todos los posibles candidatos y la participación ciudadana. ¿0 es que existe algún ciudadano medianamente informado que confíe en que esa misma institución va a facilitarle participación a la diáspora venezolana; a ejercer su legítimo derecho constitucional a elegir nuevas autoridades en el país, aun estando fuera del territorio nacional?.

No en vano resulta el hecho contaminante de las elecciones presidenciales, en las condiciones como están planteadas. Porque, además, la vigente Constitución establece que las mismas no pueden ser anunciadas con no menos de 6 meses de anticipación a la fecha de su ejecución, y las está convocando con apenas 2 meses de antelación. Absurdo que se añade a otro relacionado con la convocatoria para abril, y es que, de realizarse una elección presidencial para entonces, la entrega del mandato al que resultare electo Presidente, según la norma constitucional, sería en enero del 2019; casi un año después.

Pero ¿y si la victoria le sonriera a las fuerzas democráticas?. Imposible evitar o impedir el desarrollo de una locura conflictiva de gobernabilidad entre un Presidente electo y un Presidente perdedor en funciones durante 9 meses. Coloquialmente, ya la han descrito con acierto: “sería como una pelea en un botiquín full de borrachos con la luz apagada”.

El tema y hecho planteados, desde luego, añaden más y más complejos detalles. Y es el caso que, en adición a las inconveniencias ya analizadas, el Grupo de Lima conformado por 12 países Latinoamericanos, además de los del Norte: Estados Unidos, México y Canadá, y la Comunidad Europea, también han anunciado su rechazo y desconocimiento a las autoridades del país, como, obviamente, a los írritos resultados de estas anunciadas elecciones.

De todo esto se puede deducir que gran parte del mundo, de hecho, ya está aplicando análogamente el Artículo 350 de la vigente Constitución Nacional. Allí reza que "El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por su independencia, la Paz y la Libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos".

Sería impensable, desde luego, creer, aceptar y respaldar que las más duras respuestas ante este hecho sigan siendo las que provengan de más allá de la frontera venezolana. No obstante, tampoco podría descartarse que se reaccione de esa manera, cuando, por otra parte, desde adentro se insiste en repetir episodios contrarios a los derechos humanos. Ya no bastan situaciones como la crisis humanitaria por motivos de carencia de alimentos y de medicinas. Ahora también se suman casos como los de El Junquito, con su multiplicidad de dramáticos y sangrientos detalles, como quedó plasmado en un cruel y sangriento desarrollo en las redes sociales.

Lo cierto: Venezuela es hoy el epicentro de un complejísimo cuadro político, económico, social, cultural y moral en el Continente y fuera de él. Pero lo es también, individualmente, para una administración gubernamental que se resiste a aceptar semejante realidad como una problemática que le demanda respuestas. No para continuar alimentando episodios como el citado proceso electoral de abril. Sí para procurar un entendimiento básico con su entorno y el resto del mundo democrático, en procura de la flexibilización de las rigideces políticas e ideológicas; de impedir, de la manera que sea, un acomodo operativo dependiendo de mayor sacrificio de parte de la ciudadanía.

La figura del diálogo serio y dirigido a la conclusión en acuerdos verdaderos tiene que ser rescatado. Es importante para el país y sus administradores, quienes deben estar conscientes de que ningún Gobierno en el mundo que diga respetar a sus ciudadanos y que esté en similar situación a la suya, puede pretender avanzar administrativamente tomando decisiones inconsultas, a capricho, monodirigidas. Porque el resultado no será otro distinto a más ruina, aislamiento internacional, desabastecimiento de bienes, hambre, anarquía y ninguna posibilidad de paz y de convivencia.

Es, sin duda alguna, el momento de la cordura, de las conductas responsables. También del rescate y de la salvación del país; del afianzamiento de lo venezolano en el ánimo y voluntad de cada dirigente y dirigido, para que cesen las ambiciones y el juego alrededor de los intereses personales o grupales. Crudamente dicho: liberar al país de la posibilidad de ser sometido a los costosos rigores de una dolorosa catástrofe nacional.

Valiosas instituciones venezolanas se han pronunciado recientemente sobre esta situación. Es el caso de la Conferencia Episcopal. En representación de la Iglesia Católica Cristiana, hizo posible una respuesta participativa de la concentración de feligreses considerada una de las más grandes del mundo. Se trató de la que conformaron más de dos millones de creyentes en la procesión de la Divina Pastora, en Barquisimeto, Estado Lara. De una respuesta a un llamado a reactivar y fortalecer la esperanza; a convertir la fe y la confianza, precisamente, en un estandarte de identidad con el que debe ser el nuevo futuro de Venezuela. El del respeto, la convivencia y la solidaridad.

Por supuesto, sin pretensiones activadoras de más distanciamiento y odio entre hermanos, aunque sí con la anuencia del Estado Vaticano y el Papa Francisco, dicha Iglesia ha sugerido que se convoque al soberano, al pueblo venezolano, para que sea él quien, a partir de una consulta nacional con carácter de urgencia, haga valer su derecho a decidir cuál tiene que ser el rumbo de la nación; cuáles las condiciones para salir de esta terrible pesadilla; cómo lograr la paz y el reencuentro entre todos los venezolanos.

Mientras se insista en promover confrontaciones insalvables, y se desestime la utilidad reconciliadora capaz de minimizar el peso siempre influyente de vencidos y de vencedores, el resultado siempre será un agravamiento de lo presente. Aunque luzca una quimera, un imposible, sólo soñar, urge trabajar decididamente para que, al final, tan sólo se hagan sentir hijos de la misma patria; no distanciados, sí unidos, afanados en el forjamiento de un bello país capaz de garantizarles un gran futuro a todos los hijos, todos los nietos, todas las nuevas descendencias en la Venezuela de trabajo productivo.
Egildo Luján Nava

Coordinador Nacional de Independientes Por el Progreso (IPP)