Un costoso estado disfuncional

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Cuando se produjo la sucesión presidencial entre las etapas históricas que daban por culminada la llamada democracia parlamentaria, afianzada en la Constitución que hizo su aparición en 1961, y el nacimiento del nuevo formato inspirado en el pensamiento de las “tres raíces” y “la mejor Constitución del mundo”, y que pusieron a valer con base en un formato ideológico identificado como presuntamente “socialista”, se hizo presente en Venezuela el surgimiento de un Estado de dimensiones inimaginables.

De la “moribunda”, se pasa a un proceso gubernamental dirigido a hacerle frente a una situación de presunta “conmoción social debida al deterioro persistente del estado económico del país, en particular de las clases populares”, como diría el abogado Juan Garay. Pero, además, al gran reto de poner sobre el tapete de las realidades la utilidad cierta y seria de un Estado, cuya reforma se desestima y echa a un lado, cuando desde Miraflores se parte de la idea de que el Socialismo del Siglo XXI bastaba y era suficiente para que se produjera el gran cambio transformador, renovador y revolucionario.

Tal cambio, sin embargo, no pasó más allá de servirle de razón y justificación a la puesta en escena de lo que el desaparecido periodista Oscar Yánez denominó “mondongo ideológico”, y que millones de ciudadanos, por su parte, convirtieron en la razón y causa justificada para contrarrestar. Sobre todo cuando apreciaron y entendieron que no podía haber una Venezuela distinta a lo que se quiso modificar, a partir de una Constitución cuyo propósito no pasaba de ser una simple excusa de textos de amplios alcances, para terminarse convirtiendo en una raquítica justificación desprovista de instituciones jurídicamente funcionales, como de voluntad para hacer del Estado una estructura transformadora. No como accidente; sí como instrumento para el posicionamiento del personalismo que no ha cesado, ni cedido, sino que se ha enquistado mañosamente en los fundamentos de la conducción, para beneficio de una estructura de mando cuya finalidad ha sido y sigue siendo el óptimo aprovechamiento del control absoluto del ejercicio del poder.

Hoy el Estado ya no lo es. Porque, si acaso lo fuera, el Estado no podría rebasar su verdadera condición que cada ciudadano vive y aprecia: es el propio Gobierno. Mejor dicho, la estructura que dice gobernar, pero que lo hace a sus expensas, apelando a la vigencia de una Constitución que, de repente, es interpretada caprichosamente para que sirva de soporte legislativo y jurídico, en respuesta a objetivos que poco, por no decir nada, le resultan de utilidad a la población.

Y si la población no se beneficia de dicha gestión en los términos y condiciones que establece la Constitución vigente, ¿cuál, entonces, es el por qué y para qué de quien hace uso del ejercicio del mando, pero que, sin reparo alguno, exhibe su más absoluta disfuncionalidad, al evidenciar que es el dominio del poder su principio y finalidad?.

El Gobierno -que no el Estado- hoy es costo absoluto, alto, improductivo, ineficiente; también la expresión de una estructura administrativa cuyo funcionamiento lo sostiene y mantiene una sociedad que naufraga en una hiperinflación a cuyas causas nadie combate. Pero que, además, se desenvuelve ausente de su obligación legal de acatar y cumplir con disposiciones presupuestarias, porque se desestima tal obligación, a la vez que le encomienda a un paralelismo legislativo la tarea de dotarlo de formalidad, aprovechando, de paso, que la figura rectora del Banco Central de Venezuela se ha esfumado.

No es de extrañar, entonces, que, entre estas contradicciones e incomprensiones, una numerosa población agraviada por la carencia de trabajo y de ingresos lo suficientemente apropiados para hacerle frente al costo de adquirir bienes y servicios para satisfacer necesidades básicas, deba depender de sistemas de subsidios públicos. De igual manera, de modalidades monetarias relacionadas con generaciones inorgánicas de fondos, que luego pasan a fortalecer procesos inflacionarios, y costos que afianzan su capacidad destructiva en la base funcional del sector productivo.

Con septiembre, hay un desprendimiento inflacionario que convierte en sólo agradable recuerdo lo que sucedió durante los primeros meses del 2019. Fue cuando el Gobierno decidió transitar sobre condiciones de libertad para que la economía, sin rigideces cambiarias ni extremas restricciones de precios, comenzara a ofrecerle una respuesta satisfactoria a la demanda, a partir de una oferta realmente creciente.

Se desconoce qué sucederá si tales procedimientos se reactivan en los términos del pasado, cuando, por sus efectos y calificados de errores, se tradujo hasta en la desaparición del papel sanitario de los estantes del comercio formal.

Sin embargo, no habiendo impedimentos que lo detengan, lo más probable es que, junto con el año escolar, entre limitaciones causadas por la ausencia de docentes y estudiantes, altos costos operativos y dificultades para el equipamiento estudiantil, la población, una vez más, pase a ser espectadora de la reedición de errores adoptados años atrás. Sobre todo, haciéndose valer argumentos relacionados con la presencia de un Gobierno que dice velar por el pueblo y sus intereses, pero cuya disfuncionalidad compromete su capacidad real para garantizar servicios públicos eficientes y de calidad, como la posibilidad de que los ingresos familiares estén a merced de la destrucción inflacionaria, y no de la capacidad administrativa de las familias venezolanas.
Egildo Luján Nava