Editorial. Un nuevo rumbo para Venezuela

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La cantidad de muertos en Venezuela asciende a 38 al momento de escribirse este editorial. Los heridos suman más de 700.

La situación es insostenible. Las protestas estremecen el país. La gente le ha perdido el miedo a la represión policial. Le tienen más miedo al hambre, a la crisis, a la imposición de una dictadura, a la incertidumbre del futuro.

Pero Nicolás Maduro no parece o no quiere darse cuenta. Debería saber que su única salida es la renuncia y la convocatoria a elecciones generales. En vez de eso, convoca una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. La del difunto Hugo Chávez ya no le sirve para mantenerse en el Palacio de Miraflores.

El anuncio de que se elaborará una nueva Carta Magna no es más que una estrategia torpe para ganar tiempo. Como ha denunciado la oposición, es un golpe de Estado contra el orden establecido, una treta para evitar la organización de elecciones anticipadas.

El proceso de redactar una nueva Constitución también ha sido criticado por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se opone asimismo a la nueva maniobra chavista.

Maduro apenas cuenta con poco más de un 10 por ciento de aprobación entre los venezolanos. Ha fracasado como presidente. Pero no lo quiere admitir.

Entretanto, se agrava la tensión política en medio de una avalancha de manifestaciones y protestas, y también de saqueos de comercios y actos de vandalismo. La crisis económica es devastadora, con una incontenible inflación de tres dígitos y un grave desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

La culpa del agravamiento del malestar hay que achacársela a la arbitraria gestión del gobierno. La gente se ha lanzado a la calle desde hace más de un mes, a fines de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia asumió funciones propias de la Asamblea Nacional –de mayoría opositora– y limitó la inmunidad de los diputados. Ante las protestas populares, el tribunal dio marcha atrás a sus medidas de usurpación de poderes legislativos, pero las protestas continuaron. Muchos venezolanos se dieron cuenta de que los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia –al que se acusa de plegarse a las decisiones del poder ejecutivo– no eran otra cosa que un intento de golpe de Estado, una medida que allanaba el camino hacia la imposición de una dictadura abierta en Venezuela.

No es solo la escasez de productos básicos lo que ha provocado las protestas. Es la convicción de que el régimen de Maduro está cerrando los últimos espacios de libertad que quedan en el país sudamericano.

Frente a la arbitrariedad de un gobierno desgastado, los opositores al chavismo han tomado las calles para expresar su descontento y exigir un cambio radical. Mientras los venezolanos libran una batalla heroica por su libertad, la comunidad internacional debe presionar al gobierno de Maduro para que convoque elecciones generales, libres y bajo la supervisión de observadores independientes.

El régimen chavista ha fracasado, y el pueblo de Venezuela debe tener la potestad de elegir el rumbo de su futuro.
Junta Editorial de El Nuevo Herald
Fuente: http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/en-nuestra-opinion/article148929...