Editorial. Una ley mordaza en Venezuela

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ha dado una nueva vuelta de tuerca al aparato de la represión.

El pasado miércoles, la Asamblea Constituyente aprobó una ley que limita a los medios informativos y sanciona con duras penas de cárcel a los que promuevan delitos de odio e intolerancia.

Estos últimos podrían recibir condenas hasta de 20 años de prisión.

La llamada “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” fue promulgada mediante un decreto-ley de la Constituyente, integrada exclusivamente por chavistas. Maduro les pidió el decreto para poner fin a los mensajes de odio, intolerancia y racismo que según él transmiten los enemigos de su gobierno.

Maduro afirma que esos mensajes de odio causaron las protestas que este año, entre abril y julio, sacudieron las bases de su gobierno y dejaron un saldo de más de 120 muertos.

En cualquier sociedad está muy bien poner un freno a mensajes que promuevan el odio irracional hacia personas por su orientación sexual, política o religiosa, por el color de su piel y por su origen étnico o nacional. La difamación también es, de hecho, un delito contemplado en las leyes de muchas naciones.

Los medios tampoco pueden incitar a la realización de acciones de violencia.

Ahora bien, los opositores al régimen de Maduro afirman que la ley tiene como objetivo acallar la protesta pacífica.

La ley contra el odio tiene 25 artículos y dos disposiciones transitorias. Y la Asamblea Constituyente la aprobó por unanimidad. ¿Cómo no iba a hacerlo, si está integrada por leales a Maduro? La Constituyente, además, es considerada ilegal por los opositores y también por muchos gobiernos.

La nueva medida abre las puertas a más censura y más represión. Basta que el gobierno considere que un mensaje u opinión transmitido al público en Venezuela sea una expresión de odio, para que la persona que lo emitió pueda ser enviada a la cárcel.

La implementación de la ley también podría causar el cierre de medios informativos y la sanción de agrupaciones políticas opuestas al gobierno. Y la medida ha despertado el temor de que comentarios en contra del gobierno colocados por ciudadanos comunes en redes sociales como Facebook o Twitter sean considerados como incitaciones a la violencia, y los comentaristas sufran la represión de las autoridades.

La aprobación de la ley pretende justificarse como un medio para fomentar la convivencia pacífica en un país que este año estuvo sacudido por fuertes protestas. Pero en realidad puede ser una herramienta muy útil para el gobierno, que puede utilizarla para consolidar su poder amordazando a la oposición.

Sembrar el miedo entre la gente no es la manera de lograr que la sociedad viva en paz.
Junta Editorial: El Nuevo Herald

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/en-nuestra-opinion/article184012...