Desafortunada política económica

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Curar con la enfermedad. Esa es la técnica implementada por el Gobierno de Venezuela para resolver la economía nacional. Es decir, ha anunciado cinco medidas financieras que, lejos de ofrecer una salida a la crisis, son el resumen de los motivos que generaron los actuales problemas del país. De ahí, que todos los analistas insistan en que, en solo unos cuantos meses, los índices inflacionarios se volverán a disparar, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) se contraerá drásticamente.

La medida ineficiente más evidente es la devaluación de la moneda. A pesar de que es necesaria una adecuación a la realidad financiera internacional, de poco sirve tirar por el suelo su valor sino existe una estrategia lógica por eliminar paulatinamente el control de cambio y garantizar, a través del aumento de la producción nacional y competitividad internacional, una reestructuración de su valor. De lo contrario, la medida solo sirve para calmar, por cuestión de horas los mercados paralelos y, en realidad, para aumentar la inflación nacional de forma abultada.

Ante la falta de un “plan B”, todos los analistas apuntan a una inflación anual que superará el 700 por ciento y que estará presente en todos los aspectos de la sociedad, pero en especial en aquellos más críticos, como son, por ejemplo, la alimentación. En estadísticas del economista Román Gutiérrez, la canasta básica tendrá un incremento de entre el 700 y 900 por ciento de su valor, lo que hace inviable que una sola persona o, en muchos casos una familia, pueda adquirir los alimentos necesarios a través del salario mínimo (a pesar de los anuncios populistas de dos aumentos anuales que, en la realidad, no cubren la tasa inflacionaria).

Como si no fuera suficiente, la población también deberá hacer frente al incremento de la gasolina (que reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos), la escasez creciente de los alimentos (que se verá aumentada por el anuncio de más controles y la creación de una megacorporación alimentaria estatal) y la inseguridad que está alcanzando cifras que superan con gran diferencia los datos de países en situación de guerra. A todo esto, se suman aspectos de carácter político, como la persecución a la Asamblea Nacional que ha sido electa por la mayoría de los venezolanos o la presión del Gobierno para evitar la liberación de los presos políticos.

Conscientes del cóctel que se está cocinando en el país, el Gobierno ha buscado dar un paso adelante y culpar a la oposición, una vez más, de promover actos violentos para desestabilizar la situación nacional, cuando en realidad son las políticas implementadas durante los últimos 17 años los que han mermado la paciencia de los venezolanos y que, lamentablemente, siguen llegando desde el poder Ejecutivo con la única finalidad de aumentar las arcas de los altos funcionarios y comprar las conciencias necesarias que les permitan aferrarse al poder.

Las políticas económicas de Venezuela son el manual perfecto a evitar, pero cuando se ve el conjunto de su trabajo en los últimos 17 años, se tiene el perfil completo de todo lo que un país demócrata debe esquivar. Al menos, para garantizar que sus ciudadanos no tengan que, diariamente, despertarse con el único sueño de encontrar comida.