El delito de informar

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La información es poder. El gobierno de Venezuela lo sabe y, por eso, ha destinado grandes esfuerzos en el control absoluto de todos los medios de comunicación (indiferentemente de su formato). El silencio es el mejor aliado para un régimen que necesita moldear la realidad a la figura de sus intereses políticos, disfrazando los acontecimientos cotidianos y sacando la mayor rentabilidad políticas a sus mentiras. En pocas palabras, adoptando lo que decía el autor George Orwell: “Si los hechos demuestran otra cosa, habrá que cambiar los hechos”.

Sin embargo, el gobierno es consciente de que aún no cuenta con el monopolio total de la información, por lo que sigue “ajustando” algunas tuercas que, en momentos puntuales, les resultan incómodas. De ahí, que el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) apunte que, entre enero y junio, se registraran 240 alertas, las cuales derivaron en 287 violaciones al derecho a la libertad de expresión. Unos datos alarmantes que obligan a que la profesión del periodista está enmarcada con casos de agresiones físicas a trabajadores de la prensa, criminalización del trabajo periodístico (con apertura de procesos judiciales), limitaciones al acceso a la información, entre otras.

La situación, no obstante, no es nueva. Durante los 16 años de la ‘revolución’, los ataques contra los medios de comunicación y sus profesionales se han realizado de forma continua y sistematizada, llevando no solo a la apertura de juicios, amenazas y cierre de los propios medios de comunicación, sino también a la muerte de periodistas y reporteros gráficos en el desempeño de sus labores profesionales. Por eso, los organismos internacionales reclaman anualmente que Venezuela cese la represión contra la libertad de expresión y garantice las condiciones para su desarrollo.

Lamentablemente, los pronunciamientos internacionales suelen ser ignorados. Un ejemplo más cercano es la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que establece que Venezuela deberá restablecer la concesión de RCTV en la frecuencia en la que operaba. Una noticia que ha sido aplaudida por el Comité para la Protección de los Periodistas, pero que poco ha inquietado a los representantes del Gobierno, quienes, con casi toda seguridad, harán oídos sordos de la medida y seguirán transmitiendo sus mensajes políticos a través de Tves.

La libertad de expresión en Venezuela se está tambaleando con fuerza. Si no se toman las medidas pertinentes, será cuestión de tiempo antes de que la censura mediática sea absoluta y la única realidad que se conozca es la transmitida por parte de los medios oficialistas, ya que incluso se ha comenzado a realizar un cerco en las informaciones digitales, bloqueando la ventana internacional de la información. El tiempo se acaba, mientras que los periodistas siguen haciendo malabares para cumplir con su trabajo: informar sobre todos los hechos de una forma objetiva, veraz y oportuna.

@JoséPuglisi