Excusas para el autoritarismo

José Antonio Puglisi's picture

Las recientes sanciones de Estados Unidos a siete altos cargos del gobierno venezolano han sido la excusa perfecta para que Nicolás Maduro moviera sus fichas políticas con el único objetivo de afianzar, aún más, el autoritarismo nacional. Utilizando la amenaza de una posible intervención internacional, los representantes oficialistas quieren otorgar al presidente poderes especiales que le permitirían gobernar sin necesidad de una Asamblea Nacional que, según las encuestas, podría ser mayoritariamente opositora para finales de 2015.

Una Ley Habilitante se traduciría en una estrategia que permitiría al Gobierno prescindir de la oposición y vetar cualquier esfuerzo de contrapeso político, así como lo hizo, en más de una ocasión, Hugo Chávez, quien disfrutó durante varios años de la oportunidad de gobernar a sus anchas a través de Decretos Ley. Una medida que, ahora, recupera el régimen para frenar el fortalecimiento electoral de la oposición ante el descontento social promovido por la escasez, inseguridad, desabastecimiento y represión.

Lejos de demostrar una tendencia democrática ─por medio de una investigación transparente y real que demuestre la culpabilidad o inocencia de los siete implicados en caso de violaciones de Derechos Humanos ─ el Gobierno ha preferido hacer la vista gorda y condecorar, con ascensos políticos, a varios de los altos cargos sancionados por Estados Unidos. Lo que demuestra, en pocas palabras, el respaldo firme hacia quienes, en más de una ocasión, han desempeñado acciones que atentan contra derechos fundamentales.

Es importante destacar que, lejos de lo que se opina, no se trata de un ataque al gobierno de Venezuela, sino a quienes, presuntamente, han atentado contra Derechos Humanos de la oposición, estudiantes o miembros de las organizaciones civiles. Lo que deja carente de todo sentido a aquellas acusaciones de una supuesta injerencia en la soberanía nacional o, incluso, aquellas teorías conspirativas, según las cuales, Estados Unidos tiene previsto derrocar al Gobierno a través de una intervención militar o de la desestabilización.

A pesar de que resulta evidente que no se trata de un ataque a la soberanía venezolana, el Gobierno ha encontrado en el “imperio” una ventana para implementar medidas legales que le fortalezcan durante uno de los periodos más difíciles de los últimos 16 años. La Ley Habilitante servirá para hacer oídos sordos a una población que pasa días enteros en colas para adquirir alimentos mientras sueña con encontrar los medicamentos necesarios o, al menos, llegar a sus casas sin haber sido víctima de la delincuencia o sumarse a las 25.000 muertes que cada año azotan a la población.

Los poderes especiales se convertirán, de esta manera, en el mejor escudo para afrontar las embestidas que provendrán desde una economía (que caerá un 7% en 2015). A los que se sumarán aquellos de los Estados e instituciones internacionales que observan con preocupación el deterioro progresivo de Venezuela, y los de una población ahogada por el fracaso de las políticas implementadas durante 16 años, que sólo han servido para financiar y dotar de recursos a partidos extranjeros, como es el caso de Podemos.

Las elecciones parlamentarias, que son la principal esperanza de un cambio democrático, ahora están en jaque. Habrá que esperar a conocer cuál será el movimiento en el tablero político que realizará la oposición para garantizar que las sanciones de Estados Unidos no se conviertan en una vil excusa para recrudecer el autoritarismo venezolano.

@JosePuglisi