La falsa piedad, una estratégica "revolucionaria"

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El Gobierno ha vuelto a jugar una de sus cartas preferidas: la falsa piedad. A solo meses de las elecciones y ante el anuncio de una previsible caída en los precios del petróleo (lo que profundiza la crisis económica y social que ya atraviesa el país), el Ministerio Público está intentando mostrar un gesto de tolerancia a la población al otorgar casa por cárcel a Daniel Ceballos. Una medida que, en solo horas después, fue aplaudida por sectores oficialistas al destacar el carácter ‘democrático’ de la justicia venezolana.

La decisión, sin embargo, poco tiene de humanitaria o justa. Principalmente, porque el caso de Daniel Ceballos, así como el de Leopoldo López y otros presos políticos, está marcado por un proceso judicial que se ha caracterizado por las detenciones arbitrarias, falta de un juicio transparente y un espíritu que responde más a los intereses estratégicos del Gobierno que al verdadero peso de sus acusaciones contra figuras puntuales de la oposición. Es decir, la medida de casa por cárcel, lejos de ser una resolución propia del proceso, es una válvula de escape que esperan libere la presión que se está concentrando dentro de la sociedad.

No por casualidad, el anuncio del Ministerio Público se ha realizado a pocos días del ataque contra Empresas Polar. Una decisión que recibió el repudio de la mayoría de la población, quienes son conscientes de la gran inversión que ha realizado la compañía en el país y todos los recursos que ha destinado, desde su fundación, para fomentar el progreso económico y social de Venezuela. Por eso, el Gobierno ha apostado por la técnica de “una de cal y una de arena” y cedido ligeramente (debido a que en ningún caso se ha planteado la opción de dejarle en libertad) en materia de presos políticos.

Aunque el Gobierno crea que la medida ayudará a suavizar la situación nacional, los datos económicos prevén un agravamiento contundente del panorama. No solo por la estimación de que el precio del petróleo caerá en 10 dólares (lo que implicaría una desaceleración aún mayor en los ingresos nacionales, ya menguados), sino porque los análisis de firmas internacionales, como JP Morgan, apuntan a que el año terminará con un escenario peor al estimado hace unos meses. Una tendencia que toma más peso ante el silencio del Banco Central de Venezuela durante los últimos ochos meses (en los que no ha informado sobre los datos básicos de la economía nacional, como evolución del PIB o la inflación), violando lo establecido en la Constitución de Venezuela.

La gravedad de la situación llevará a que el Gobierno se vea obligado a apostar por otras medidas que, así como la de Daniel Ceballos, llegan de forma tardía e interesada. De ahí, que tras años sumidos en la delincuencia, ahora se hable tanto de la Operación Liberación del Pueblo y otras iniciativas que sólo funcionarán (o dirán que lo hacen) hasta que cerrar las urnas electorales y obtener los resultados convenientes para preservar el control total de la Asamblea Nacional. Una vez alcanzada la meta, se volverán a las viejas andanzas que se han implementado en los últimos 16 años.