Terrorismo de estado en Venezuela

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El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, orientados a inducir el miedo y el terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justificarían por razones de Estado.

En la República Bolivariana de Venezuela la “razón de Estado” no es otra que la intención del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de mantenerse aferrado en el poder a costa, de hacer letra muerta la Constitución Nacional, de la violación de los derechos humanos y, a costa de la negación sistemática del derecho a la vida, a la seguridad, a las libertades esenciales de expresión, trabajo, educación, de libre tránsito y circulación, e incluso; a costa de la negación al acceso a la alimentación, a los medicamentos y a los servicios públicos básicos.

Como es del conocimiento de toda la nación y del mundo, el gobierno de Nicolás Maduro y su predecesor han recurrido al expediente de la agresión física directa a quienes disienten de la política oficial con lamentables saldos de muertes provocadas o inducidas y a la privación indebida de la libertad de varios líderes de la oposición política y a representantes de todos los sectores de la población empleando para ello de manera indebida a los diversos componentes de la Fuerza Armada Nacional y a los denominados colectivos, círculos bolivarianos y unidades de batalla Hugo Chávez (UBCH) en abierta y flagrante violación de los derechos fundamentales.

El terrorismo de Estado en la Venezuela de hoy ha llegado a adquirir dimensiones dantescas haciéndose patente de las formas siguientes:

1. Uso de la coacción y de la persecución ilegítima, el secuestro, desapariciones forzosas, tortura, asesinato y desapariciones extrajudiciales.
Diversas Ong’s y defensores de los derechos humanos han denunciado y documentado la represión, el confinamiento forzoso en “La Tumba” a detenidos por causas políticas y la inenarrable situación de hacinamiento y violencia en todas las cárceles del país donde se confunden prisioneros políticos y condenados de la delincuencia común.

2. Creación, normalmente en secreto, de organizaciones terroristas clandestinas convencionales -reales o simuladas-, apoyo a las mismas y negligencia deliberada en su persecución. Estas organizaciones se presentan como extremistas de las fuerzas opositoras, lo que otorga justificación a sus promotores frente a la opinión pública.
La comunidad nacional e internacional así como los medios de difusión masiva poseen sobradas evidencias y pruebas de los grupos armados que operan en Venezuela en forma pública o clandestina.

3. Instrucción o inducción a la tropa propia para que actúe de tal manera que cause terror en la población civil del adversario político, o negativa a introducir medidas o que limiten o persigan tales acciones. El Ministro del Poder Popular para la Defensa Vladimir Padrino López ha llegado al exabrupto de justificar el empleo de armas de guerra en la represión de manifestaciones pacíficas en abierta violación de la Constitución y de las leyes de seguridad y defensa de la nación.

4. Realización abierta de operaciones militares con el mismo objetivo, encaminadas a minar la moral opositora, normalmente mediante el uso de Armas estratégicas u otro armamento cuyas características produzcan un grave estado de inseguridad y temor en la población civil. Actualmente, estas operaciones se enmascaran con frecuencia aduciendo que se trata de combatir el contrabando de extracción, o de ataques u operativos contra el “bachaqueo”, las colas o saqueos ejecutados por civiles en procura de alimentos, cuya relevancia, sin embargo, resulta ser insignificante en comparación con el daño o pavor sufrido por la población.

5. Creación de una política de emigración que impide a la propia población el abandono del país, o bien la promoción del exilio personas desafectas y críticas con el gobierno.

6. Negación sistemática por parte del gobierno a que la población reciba la ayuda humanitaria ofrecida por organismo internacionales debidamente calificados.

7. Imposición gubernamental forzada de proyectos atentatorios contra la biodiversidad y contra reservas naturales patrimonio de la humanidad como es el caso del Proyecto Arco Minero en el Amazonas y el Escudo de Guayana protestado por toda la comunidad nacional y las comunidades autónomas que ocupan dicho hábitat .

En Venezuela el Terrorismo de Estado ha llegado ya a los límites de forzar los preceptos constitucionales para establecer sin la anuencia de las instancias legislativas correspondientes el Estado de Excepción y el Estado de Conmoción Nacional, recursos éstos a los cuales no han recurrido ninguna de las naciones del continente que han experimentado verdaderas tragedias y calamidades como producto de eventos naturales o bélicos como Haití, Ecuador, Colombia e incluso los Estados Unidos de América en el caso Katrina y que sólo tienen como objetivo perpetuar en el poder a grupos de narcotraficantes cuyos familiares más directos son hoy reos y procesados de la justicia internacional.
Por las razones antes expuestas, considero llegado el momento en que el caso de Venezuela sea elevado a la consideración de la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, al Mercosur y demás organizaciones internacionales con las cuales nuestro país tiene suscritos convenios para la preservación de los derechos humanos en procura de los correctivos indicados en la presente situación.
Antropólogo Pedro José Sotillo Bolívar