Gobierno de Maduro propone oferta condicional a tenedores de bonos

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La oferta condicionada a los tenedores de bonos de la República de Venezuela, PDVSA y Electricidad de Caracas presentada por Delcy Rodríguez, ministra encargada de Economía y Finanzas, el pasado martes 15 de septiembre, busca lograr un acuerdo con los tenedores de deuda venezolana, que además implique un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. El acuerdo implicaría suspender indefinidamente cualquier reclamación futura y debe contar con el apoyo del 75 por ciento de los acreedores de cada emisión, dispuestos a aceptar un proceso de reestructuración que, sin embargo, no se encuentra detallado en el documento.
Más del 50 por ciento de los bonos emitidos no poseen clausulas de acción colectiva, por lo que aún cuando el 75 por ciento de los tenedores acepte la reestructuración, existiría el riesgo de un “holdout” por parte de fondos dedicados a invertir en instrumentos que requieran largos procesos de litigio, también conocidos como “fondos buitres”. Lo cierto es que si bien la iniciativa de la administración de Nicolás Maduro es un movimiento inteligente, tiene una baja probabilidad de concretarse.
En enero de 2020 expertos legales advirtieron sobre la existencia de una “extraña clausula” que impediría a los tenedores de bonos el cobro de los intereses caídos, si estos no inician las acciones legales en un período de 3 años a partir del evento de impago.
Es bueno destacar que en noviembre de 2017, después de cancelar los compromisos correspondientes al bono PDVSA 2020, el Ejecutivo Nacional anunció la suspensión de los pagos de deuda y convocó a los bonistas a una reunión en el Palacio Blanco, encabezada por el entonces Ministro de Finanzas, Simón Zerpa y el Vicepresidente Ejecutivo para le época, Tareck El Aissami. En la mencionada reunión se indicó que se comenzaría un proceso de negociación para la reestructuración de la deuda, que aún no ha podido iniciarse.
Venezuela tiene una deuda adquirida por cerca de 70.000 millones de dólares en bonos suscritos bajo la ley del Estado de New York. En el año 2019, el gobierno estadounidense dictó una medida en la que prohibía a los ciudadanos y organizaciones de este país negociar deuda venezolana y se estableció un plazo para que los tenedores liquidaran sus posiciones. Esta decisión llevó a instituciones como JP Morgan a retirar los bonos venezolanos de sus índices, lo que trajo como consecuencia que los gestores de fondos pasivos que utilizaban este índice como referencia, tuvieran que rebalancear sus portafolios, a través de una “venta obligada” de estos títulos de deuda.
En mayo de 2020, algunos fondos de cobertura comenzaron a calificar a los bonos venezolanos como “oro puro”. Altana Wealth, representante de una empresa gestora de fondos londinense, se refirió a estos títulos como “el negocio de la nueva década”, al considerar que presentan un bajo potencial de pérdida, lo que despertó el interés de otras instituciones europeas, latinoamericanas y asiáticas que estarían dispuestas a emprender las acciones legales para evitar la prescripción como consecuencia de la interpretación de los Estatutos de Limitación.
La iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro, busca sumar el apoyo de los tenedores de bonos que hasta la fecha no han iniciado acciones legales para reclamar el pago. Cualquier demanda realizada ante las cortes de Nueva York recaería sobre la administración de Juan Guaidó, debido a que los Estados Unidos reconocen a su gobierno interino y no a Maduro.
La administración del líder opositor enfrentó durante el año 2019 las acciones legales emprendidas por los tenedores del bono PDVSA 2020 que tiene como garantía el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO, considerado como el activo más valioso de la República de Venezuela en el exterior, que además es el objetivo de otros litigios comerciales, como el de la empresa Crystallex.
Actualmente, tanto CITGO como otros activos de Venezuela se encuentran protegidos por una orden ejecutiva del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por lo que no pueden ser reclamados por los acreedores. @rudi_cressa

Rudi Cressa