Importación privada de gasolina en Venezuela: un camino lleno de obstáculos

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El desespero por la grave escasez de gasolina que se registra en todo el país ha llevado al sector empresarial a solicitar que se autorice la importación de combustible por parte de particulares. Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, señaló que aún cuando es necesario incrementar la producción de combustible, la importación de gasolina es necesaria para solventar la crisis que se vive en Venezuela. Otros voceros del sector privado, y del sector empresarial también han hecho la solicitud, pero hasta el momento no ha habido avances.
El pasado 30 de mayo de 2020, Nicolás Maduro anunció un ajuste en los precios de la gasolina e indicó que 200 estaciones de servicio a nivel nacional serían gestionadas por empresarios privados que estarían en capacidad de “traer su gasolina” y podrían venderla a un precio de 0.5$ el litro.
Al momento de los anuncios, las autoridades no especificaron quienes eran estos empresarios ni la modalidad bajo la cual serían seleccionados y autorizados para encargarse de adquirir y comercializar el combustible. Esta medida violaría dos leyes orgánicas, la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos, que reserva al Estado la comercialización de la gasolina; y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que indica que dichas empresas deberían contar con la autorización del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, aunque Nicolás Maduro pudiese recurrir a los decretos de emergencia y apoyarse en la Asamblea Nacional Constituyente y el Tribunal Supremo de Justicia.
Desde que la intención de involucrar a los privados se hiciera pública, se han adelantado los proyectos para legalizar, registrar y regular a las empresas que deseen participar, pero aún no se ha materializado esta cooperación, que además carece de un marco fiscal. Por otra parte, la señal dada por el ejecutivo el día 26 de junio, cuando se notificó a 37 operadores privados de estaciones de servicio la suspensión de concesiones, fue una muestra de autoritarismo que además generó desconfianza en el sector empresarial.
Las refinerías nacionales han producido un promedio inferior a los 30.000 BPD de gasolina en lo que va de año y han operado de forma intermitente. Estas refinerías están lejos de poder abastecer el consumo interno, por lo que el país depende de unas importaciones de combustible que cada vez se hacen más complicado debido a las sanciones.
Tras el recrudecimiento de la escasez de gasolina que experimenta Venezuela, la participación privada ha vuelto a presentarse como una posible solución. El 14 de septiembre, Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, indicó que las 24 estaciones “Premium” de la entidad, podrían importar y comercializar su propia gasolina a un precio superior a los 0.75$ por litro. En este caso, la importación de combustible presentaría menores problemas logísticos, por ser el estado Zulia un estado fronterizo. Para la fecha se especula que cerca de 15.000 litros de gasolina de contrabando estarían ingresando diariamente desde Colombia y que alrededor del 70 por ciento del combustible que se consume en Zulia entra por esta vía.
La empresa privada pareciera surgir como un actor que pudiese solventar este problema, sin embargo, su participación no es ajena a las dificultades y retos que representaría. Además la modificación en las leyes y permisos locales, las empresas deben presentar una serie de recaudos y cumplir con las condiciones que tanto los vendedores como las empresas de transporte de combustible les exigirían, en caso de que existan productores de combustible interesados en vender su producto a empresas venezolanas y navieras dispuestas a enviar sus embarcaciones al país, que correrían el riesgo de una posible confiscación de la carga. Los contratos de importación de combustible requieren de estructuras financieras y de aseguramiento de carga, que están expuestos a contratiempos debido al “overcompliance” de las instituciones que buscan evitar sanciones de los Estados Unidos, por lo que las empresas privadas no dejan de ser vulnerables ante esta situación.
Los retos logísticos no son menores, para poder importar un cargamento de combustible, los empresarios necesitarían utilizar la infraestructura de recepción, almacenamiento y despacho de combustible de PDVSA, por lo que se requeriría establecer acuerdos y contratos entre los privados y la empresa estatal. Además sería necesario establecer un precio variable que dependa de los costos asociados a dicha importación, dado que, un precio fijo no responde a las dinámicas del mercado de combustible y a los costos adicionales en que pudiesen incurrir los empresarios para sortear los obstáculos mencionados durante esta nota.
Si bien los privados pudiesen desarrollar las capacidades y realizar las inversiones necesarias para encargarse del suministro de combustible, pareciera que a esta hipotética solución, aún le falta un largo camino que recorrer para poder materializarse. Más allá de la disposición e interés de los empresarios por participar el negocio, se requiere del cumplimiento de una serie de pasos previos que establezcan un marco legal y fiscal para que la actividad pueda desarrollarse de manera correcta y transparente, así como de acuerdos que permitan reducir o eliminar el riesgo de sanciones y confiscación de cargamentos. @rudi_cressa

Rudi Cressa