Acusados de un complot contra Morales dicen que la policía "ejecutó" a sus compañeros

Tóásó y Tadic dieron declaraciones a los periodistas durante una pausa en la audiencia convocada para comenzar la fase oral del juicio contra 39 acusados del presunto plan para asesinar a Morales y promover la secesión del rico departamento oriental de Santa Cruz.

"No hubo enfrentamiento. Dentro de cinco minutos los han ejecutado", dijo a Efe Tóásó, detenido ese día por la policía en un hotel de Santa Cruz donde se produjo la polémica operación policial que acabó con la vida del rumano Magyarosi Arpak, el irlandés Dwayer Michael Martin y el húngaro-croata-boliviano Eduardo Rózsa.

Tóásó, que se comunica por medio de un traductor, insistió en que es "inocente", que sufrió "torturas", que hubo "ilegalidades" en su proceso que deberían anular el juicio y que está recibiendo ayuda de su Gobierno y respaldo internacional.

El húngaro y su abogado eludieron hablar de detalles de la acusación de que formaba parte de un grupo armado, como insiste el Gobierno de Morales, porque dicen que eso se tratará en el juicio.

Tóásó lamentó no entender nada de audiencias como la de hoy, con decenas de intervenciones en español de abogados y fiscales, pues no conoce el idioma.

"Estoy triste porque no conozco el proceso y no puedo defenderme, ni reunir pruebas", dijo a Efe el húngaro.

También apuntó que tiene problemas con la traducción, porque su interprete no tiene formación en derecho, sino en ingeniería, y además dejará de ayudarle porque considera que es un caso complejo, de connotaciones internacionales.

Tadic dijo que la noche de la intervención policial en Santa Cruz estaba durmiendo desnudo cuando escuchó una explosión que dio comienzo al operativo en el que perdieron la vida sus compañeros.

"No ha habido enfrentamiento. Que de una vez quede claro (...) Si hubiera habido enfrentamiento, hubieran habido tiros afuera (del hotel), hubieran habido policías heridos", dijo Tadic.

"Fueron ejecutados. Sabemos que eso acá no se va a investigar, pero la familia de los muertos han iniciado los procesos a nivel internacional", añadió el croata, y señaló que la operación policial duró solo alrededor de dos minutos.

El Gobierno y los fiscales, tachados de progubernamentales por los acusados, han insistido que ese día hubo un enfrentamiento que permitió a la policía desarticular al grupo terrorista.

Pero la oposición, parte de la prensa boliviana y cables de diplomáticos estadounidenses difundidos por WikiLeaks han puesto en duda la supuesta trama terrorista y alegan que fue un montaje de agentes gubernamentales.

El vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento húngaro, Gergely Gulyás, exigió la libertad de Tóásó tras una reciente visita a Bolivia, y alegó que el caso está politizado, que es ilegal su detención de más de tres años sin una sentencia y que "Bolivia no cumple ni sus propias leyes".

El gobernador de Santa Cruz, el autonomista de derecha Rubén Costas, dijo que él sí cree que "ha habido terrorismo, pero de Estado", y agregó que el proceso ha sido utilizado por Morales para amedrentar a sus opositores.

Varios líderes de la oposición han sido acusados de ser parte del plan subversivo y huyeron de Bolivia tras el operativo.

El juez Claudio Tórrez decidió hoy atender las peticiones de los imputados cruceños, que son mayoría, para trasladar a esa ciudad el juicio oral, que se reanudará de manera formal el 23 de julio.

Previamente, la defensa argumentó que muchos de los acusados padecen problemas de salud como para ser enjuiciados en La Paz, a 3.650 metros de altitud, y prefieren Santa Cruz, a 400 metros, porque además allá se podrá hacer una reconstrucción del operativo policial y presentarán pruebas de descargo y testigos.

Diecisiete sindicados que están fuera de Bolivia fueron declarados "rebeldes" y otros siete que viven en Santa Cruz se excusaron de asistir por medio de sus abogados, alegando problemas de salud o notificaciones incorrectas.

Uno de los imputados, Ignacio Villa, que llegó desde la ciudad central de Cochabamba, abandonó el juzgado por supuestos problemas de salud ocasionados por la altitud y fue trasladado a una clínica.

El abogado del ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, dijo que se respetará la decisión del juez, aunque poco antes había mencionado su preocupación porque los familiares de los acusados están movilizados en Santa Cruz y teme que puedan afectar la tranquilidad de las audiencias.

El abogado Gary Prado Arauz, hijo y defensor del general Gary Prado Salmón, el militar que capturó en 1967 al guerrillero argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, dijo que la decisión del juez es un alivio para los acusados y en particular para su padre, que vive en Santa Cruz, porque padece problemas cardiacos y está parapléjico desde hace 31 años. EFE

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