Nicaragua y Costa Rica vuelven a enfrentarse por la zona fronteriza del Río San Juan

La reciente denuncia añade nuevos ingredientes a la demanda presentada en noviembre de 2010 por Costa Rica, en la que acusaba a Managua de causar daños medioambientales en la parte costarricense del río mediante dragados para hacer más navegable el cauce del San Juan.

La denuncia de Costa Rica se encuentra en estos momentos todavía en su fase escrita -en la que las partes presentan sus respectivas documentaciones- pero ya ha contado con una orden provisional, dictada en marzo de 2011, y por la que se prohibió a ambos países colocar tropas o personal civil en el área de la desembocadura del río.

Managua contraataca ahora con acusaciones semejantes, supuestamente derivadas de unas obras costarricenses para construir una carretera cercana al río.

Nicaragua mantiene que esos trabajos ya están arrojando sedimentos perniciosos para la flora y la fauna del San Juan, por lo que pide que se le entregue un estudio medioambiental al respecto y se paralicen las obras "que afecten a los derechos" nicaragüenses, según indica un comunicado de la CIJ.

Reconociendo la similitud de las demandas, Managua no descarta la posibilidad de unir ambas denuncias en un solo caso ante la Corte.

Entre septiembre de 2005 y julio de 2009, los dos vecinos se enfrentaron a iniciativa de Costa Rica por los derechos de navegación en el río que les sirve de frontera.

Siguiendo un estilo salomónico, el fallo de la CIJ en ese caso reconoció los derechos de navegación de Costa Rica sobre el río, pero aclaró que la soberanía sobre el mismo estaba en manos de Nicaragua.

Confirmando su posición de reguladora del río, Nicaragua afirmó en su nueva denuncia que Costa Rica "viola" su soberanía en la zona fronteriza común del río San Juan al causar daños medioambientales al mismo.

"La amenaza más inmediata para el río y su entorno es la construcción de una carretera extremadamente cercana al banco sur del río", reza la demanda de Managua.

Los nicaragüenses consideran que esas obras "han arrojado ya al río volúmenes sustanciales de sedimentos producidos de las excavaciones de los terrenos que sirven de cauce a la carretera".

Además estiman que las obras también causan erosión, la cual se produciría como consecuencia de la tala de árboles y la destrucción de la vegetación colindante con el río.

Managua considera que "los sedimentos en el río suponen un peligro inminente para la calidad del agua" y la "diversificada flora y fauna" que habita en sus aguas.

Por ello, Nicaragua pide a la Corte que restaure la situación hasta los niveles anteriores a la realización de las obras, que pague por los daños ya causados y que no emprenda nuevos proyectos sin antes realizar un informe medioambiental transfronterizo.

Además solicita a los jueces que San José elabore y le entregue información sobre "las consecuencias medioambientales de las obras" o de lo contrario, pedirá "medidas provisionales" de urgencia.

Nicaragua y Costa Rica aceptaron la jurisdicción de la CIJ en abril de 1948 cuando firmaron en llamado "Acuerdo de Bogotá", el cual le sirve de base jurídica para presentar este tipo de demandas. EFE

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