Datanálisis recomienda a oposición no enfocar su campaña en los candidatos

De acuerdo con las palabras de Gil, la estrategia para la oposición no radica en mostrar a sus candidatos y propuestas sino en colocar la atención en tres temas sensibles para la opinión pública y susceptibles a la manipulación a través de los medios.

No obstante, la sugerencia de Gil ha sido acatada desde mucho antes por la oposición venezolana, ya que en los últimos meses han puesto esos temas en la palestra a través de sus medios de comunicación, como parte de su agenda de campaña para los comicios parlamentarios del próximo 26 de septiembre.

La publicación extemporánea de fotos de cadáveres, lesivas a la dignidad del pueblo y contrarias a la ética periodística, para hablar del supuesto "aumento de la inseguridad"; las ollas mediáticas sobre falsos hallazgos de alimentos descompuestos; y la “preocupación por el desempleo” que manifiestan sectores de la derecha que propiciaron un golpe de Estado y sabotearon la industria petrolera para provocar pérdidas millonarias, han sido recurrentes en los medios de oposición.

La línea de los sectores adversos al Presidente Chávez es seguida al pie de la letra por candidatos como Andrés Velásquez, quien recientemente acusó al Gobierno Nacional de estimular la violencia.

“El Gobierno Nacional estimula la impunidad, fortalece y potencia la violencia criminal en Venezuela por su terquedad de hacernos ver que es una sensación, un invento de los medios de comunicación o un producto del capitalismo imperialista”, reseñó el portal Web Noticiero Digital.

Por su parte, Julio Borges, quien al igual que Velásquez participó en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en 2002, reaparece con el tema del empleo y plantea una Ley que, supuestamente, estimularía la ocupación de los jóvenes “con la participación de la iniciativa privada”.

Un aspecto no tan visible de su planteamiento es que para que las empresas contraten a jóvenes, éstos deberían aceptar ganar menos y el Estado estaría en la obligación de “estimular” a las compañías con exoneraciones, lo que a la postre sólo contribuye a beneficiar a los dueños del sector privado y no a garantizar la estabilidad laboral en el tiempo.

Borges no habla de las importantes conquistas laborales alcanzadas por la clase trabajadora gracias al carácter socialista de la Revolución Bolivariana, que a lo largo de 11 años ha garantizado la estabilidad del empleo, impulsado el aumento del salario mínimo e implementado políticas sociales integrales que permiten el acceso gratuito a la salud, a la educación y a la recreación.

Sólo en el último año, el Ejecutivo Nacional ha firmado las contrataciones colectivas de los sectores petrolero, de salud y educación, y decretado el aumento de 25% al sueldo mínimo, que en septiembre sobrepasará los mil 200 bolívares fuertes, monto que mantiene a Venezuela en el tope de los salarios en comparación con el resto de América Latina.

En 1999, los venezolanos percibían lo equivalente a 120 bolívares mientras que hoy, el ingreso mínimo se ubica en Bs. 1.064, cifra que pasará a Bs. 1.223, 89 en septiembre de este año.

Antes de la llegada del Presidente Chávez, las cifras de desempleo en el país se ubicaban alrededor del 12%, mientras que los índices de pobreza superaban el 50% y más de 20% de los venezolanos vivían en situación de extrema pobreza.
Esta realidad, sustentada con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) no existe para Nora Bracho, candidata del Partido Un Nuevo Tiempo -tolda fundada por el prófugo de la justicia, Manuel Rosales.

Bracho dijo en días recientes que Venezuela “tiene la inflación más alta de toda Latinoamérica” y uno “de los peores gobiernos del mundo que está aplicando una verdadera conspiración alimentaria porque la inflación golpea con fuerza a las familias”.

La afirmación de Bracho resulta contradictoria ya que la candidata pertenece a la fórmula política que representada por quienes en 2003 propiciaron la paralización petrolera y permitieron que por más de dos meses miles de familias no tuvieran acceso a los alimentos de primera necesidad y le dejaron una pérdida al país de alrededor de 20 mil millones de dólares.

Luego de las consecuencias del sabotaje petrolero, provocado por la oposición que disolvió la Asamblea Nacional y hoy aspira llegar al Parlamento, el gobierno Bolivariano emprendió una serie de programas destinados a garantizar los alimentos a los venezolanos a precios por debajo del mercado capitalista.

Según el programa de la oposición, en caso de llegar a la AN buscarían privatizar las redes de distribución para que estén en control de las mismas empresas que pusieron en jaque la seguridad alimentaria del país como medida política de presión para sacar a la fuerza al actual mandatario nacional. AVN

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