Comerciantes no ven la Ley de Precios Justos como la solución a la crisis

La reforma a Ley de Precios Justos que entró en vigencia con la publicación de la Gaceta Oficial el 8 de noviembre no es bien vista por algunos propietarios y encargados de comercios en Barquisimeto. Consideran que el Gobierno nacional sólo trata de tener el control en un sector que su dinámica es variante.

Luis es el encargado de una ferretería, opina que la ley tuviese efectividad si no existiera una inflación tan alta como la que sufre actualmente el país. Explica que en su rama hay muchos productos que cambian de precio cada dos semanas debido al costo de producción. “Eso para nosotros es un dolor de cabeza porque adquirirlo significa vender a pérdida, entonces preferimos no comprarlo”.

El señor Juan mientras atendía a su abasto en la carrera 24, manifestó que la ley sólo está distorsionando el sistema económico porque intentan forzar un proceso que debe ser natural y encadenado hasta llegar a un precio acorde a esa estructura de costo. A su juicio la solución es incentivar a la producción con herramientas dadas por el mismo Ejecutivo, porque de lo contrario los ciudadanos estarán sometidos a una crisis de varios años.

Para el propietario de una tienda de ventas de equipos electrónicos, más escasez y especulación es lo que dejará la normativa porque ahora los comerciantes preferirán no adquirir los productos para no trabajar a pérdidas. En su caso dejaron de importar mercancía, a pesar de que más de la mitad de su inventario es fabricado en otros países. Señala que también existe mucha desinformación por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), que se activan en despliegues para sancionar y no orientar ante tantas modificaciones.

En el área de la seguridad industrial también afirman estar afectados, Carlos Torrealba, quien tiene un negocio de venta de implementos de seguridad para trabajadores expresa que en su área, quien termina siendo más afectado es el consumidor final, ya que las empresas están obligadas por ley adquirir los implementos aunque estén más caros, esos gastos deben ser incluidos en la estructura de costos de sus productos y se ven reflejado en el precio final.

“Es común escuchar que si el articulo es nacional por qué está tan caro. Las personas deben entender que muchos de los materiales con que se fabrican son importados. Si no tienes Simadi se recurre al mercado negro, pero si está prohibido entonces no hay implementos para trabajar. No se trata de guerras económicas”.

Entre las sanciones que establece la ley para quienes incumplan la normativa está la multa, cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos para el comercio, ocupación temporal, decomiso de la mercancía y hasta privación de la libertad dependiendo del caso.

Fuente: El Impulso

AJV

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