Impsa negocia pago de una deuda de Venezuela por 1.200 millones de dólares

Juan Carlos Fernández, CEO de Impsa, indicó que el diálogo está centrado en poner en marcha las dos turbinas listas de Tocoma y después avanzar en función de los recursos disponibles

La empresa Impsa está negociando con el gobierno de Venezuela para reiniciar los trabajos en ese país y poder cobrar la deuda de cerca de 1.200 millones de dólares que fue un factor clave para que la empresa entrara en default en 2014.

"Por primera vez hay una mesa de negociación con el gobierno de Venezuela. Fue complejo, pero vamos a ir por etapas, no con toda la deuda junta. Ellos necesitan energía y nosotros, cobrar", define a LA NACION Juan Carlos Fernández, CEO de Impsa. A la deuda venezolana se sumó el retraso de un proyecto en Brasil, y el combo generó la crisis que provocó el default hace cuatro años.

La clave en Venezuela es Tocoma, la represa hidroeléctrica en la que la firma mendocina ganó la licitación para el diseño, la fabricación, el transporte, el montaje y la puesta en marcha de 10 generadores Kaplan de 216 MW cada uno. Fue en 2012. Hay dos unidades casi montadas y el resto están en la Argentina, dos de las cuales están casi listas. Además, quedó a mitad de camino la rehabilitación de la central de Macagua, con seis generadores.

Fernández apunta que el diálogo está centrado en poner en marcha las dos turbinas listas de Tocoma y después avanzar en función de los recursos disponibles.

Los negocios con Venezuela son los que llevaron al ex dueño de la firma, Enrique Pescarmona, y a su ex vicepresidente Rodolfo Valenti a integrar la causa de los cuadernos de las coimas. Ambos están procesados y Pescarmona fue aceptado como "arrepentido". El empresario reconoció que le dio casi tres millones de dólares al entonces Ministerio de Planificación "bajo presión", y en su declaración relató los problemas que tuvo la compañía durante el kirchnerismo porque la marginaron de las licitaciones públicas.

En abril de este año la compañía inició una nueva etapa: cambió de composición accionaria y de nombre. Era de la familia Pescarmona, en 2014 entró en default y en los últimos meses completó la reestructuración de un pasivo cercano a los 1.100 millones de dólares. Desde entonces, 65% de las acciones pasaron a manos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Nación y bonistas, y la familia solo tiene 35% de las acciones. De allí que el nombre se redujera a Impsa SA.

Hace unos meses, Impsa entregó los cuatro generadores de vapor de 14 metros de largo, 13 toneladas, 3.500 tubos y 7.000 soldaduras de alta precisión cada uno que se instalaron para prolongar la vida útil de la central nuclear de Embalse (Calamuchita, Córdoba). La obra de repotenciación se inaugurará esta semana.

En ese trabajo, la mendocina logró un "récord de calidad" porque tuvo cinco fallos en los cuatro generadores de vapor, cuando el nivel permitido es de 10 por cada uno. El Carem 25 es la antesala de un reactor más potente que pondrá a la Argentina como "líder en el mundo" en materia nuclear. El cliente del prototipo es la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), con la que la empresa trabaja en conjunto.

"Lo más importante es el próximo Carem, que dará continuidad al trabajo que se viene desarrollando con Energía, la Conea y Nucleoeléctrica Argentina y que acompañamos -dice Fernández-. Es crucial no perder el dinamismo, que no se vuelva a cortar el proceso". Nucleoeléctrica tiene en carpeta la construcción de nuevas centrales nucleares, algunas en sociedad con China.

La oficina de Impsa en Estados Unidos avanza en las negociaciones para vender equipos a ese país y a Canadá. "Miramos siempre al exterior; de los 180 proyectos ejecutados en los últimos 15 años, 140 fueron fuera del país. Son siempre a largo plazo, todos miran a cinco años", apunta Fernández. Uno de los factores importantes es que no requieren financiamiento. "El problema no es el tipo de cambio; lo que se requiere es estabilidad".

Hasta antes del default, la facturación promedio de Impsa era de entre 200 millones y 250 millones de dólares anuales -con picos excepcionales de 1.000 millones-. Este año será de unos 60 millones de dólares. "Por el alto contenido local de nuestros productos, entre 70 y 77%, pagamos 22% más de impuestos que quienes importan, además de tener un efecto derrame importante en otras industrias locales", apunta Fernández.

Fuente: El Nacional

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