Litigio con Guyana obliga a reflexionar sobre costo para sociedad venezolana

Los venezolanos han expresado su indignación por la intención de Guyana de apropiarse de territorio que consideran es suelo nacional y exigen la necesidad de su rescate, la mayoría lo ha hecho desde la comodidad de sus hogares y a través de redes sociales. Sin embargo, explicó el profesor e historiador, Luis Alberto Buttó, cualquiera de las dos opciones que podrían manejarse para este caso: diplomacia armada y la acción de guerra, exigen una reflexión sobre el costo que generaría para la sociedad venezolana, no sólo por la alta inversión, sino muy especialmente, por las pérdidas humanas que podrían ocurrir, entre otras graves consecuencias.

Los problemas éticos, internacionales, económicos y sociales, serían algunos de los cuales enfrentaría el país de tomarse alguna de las respuestas antes mencionadas, por lo que “nuestra sociedad debería informarse acerca de las consecuencias y asumir una postura clara, que sea defendida por el Gobierno”, dijo el experto durante el foro Litigios fronterizos: viejos conflictos, nuevas dimensiones, en el marco de la VI Semana Latinoamericana y Caribeña en la Simón.

La diplomacia armada, explicó, consiste en mostrar las armas para disuadir al contrario con el propósito de que acepte nuestras condiciones. “Yo muestro la fuerza para presionar al contrario y eso no tiene que ver con la justicia de la naturaleza del reclamo”.

Esto podría generar alianzas internacionales a favor o en contra. También significa abrir una puerta al enfrentamiento, pues para que funcione dicha táctica, el país debe ser lo suficientemente creíble como para generar una amenaza que intimide a Guyana y la haga desistir de su decisión.

En ese sentido, frente a esta táctica de disuasión que implica una movilización de tropas y equipos, señaló que “Venezuela debería preparase para cualquier respuesta de Guyana ante esa amenaza de acción y el liderazgo venezolano tiene que tener claro los intereses vitales de su sociedad”.

La otra opción de defensa, mencionó el historiador, se trata de una acción de guerra. “Es la agresión directa sobre un enemigo con la esperanza de generar el mayor daño posible”, indicó. Esa agresión conlleva la pérdida de equipos costosos que se deben reponer y al mismo tiempo, la pérdida de vidas, además del costo internacional. “Después que termina la agresión, se suman costos mayores por el proceso de reconstrucción y pacificación”.

Tales situaciones, opinó el profesor, no pueden ignorarse cuando se exige la defensa de nuestro territorio. Motivo por el cual, enfatizó, hay que analizar cuál es nuestro principal problema, cuáles son los intereses vitales de Venezuela, cuáles son los costos y si la sociedad está dispuesta a dar ese debate nacional en todas sus dimensiones.

Entre confusiones y viejos problemas

Comentó Buttó, que un hecho que causó un gran retroceso en materia de políticas públicas ocurrió en la década de los 90. “En aquella época hubo una moda que planteaba el surgimiento de “nuevas amenazas” a la seguridad y a la defensa de América Latina. Pero una cosa es la seguridad y otra es la defensa. Ahí está el primer error. El segundo error estuvo en llamar nuevas amenazas a problemas de cualquier índole como los fenómenos naturales y la pobreza, olvidándose el concepto de amenaza que se basa en la existencia de un actor que tenga los medios y el deseo de amenazar y causar daño”.

Las fuerzas de la naturaleza, citó como ejemplo de la confusión, no son entes autónomos que decidan sus acciones. Un terremoto no ocurre porque él mismo decidió generar destrucción. Por ello, al analizar la historia de este continente el historiador afirmó que no existen nuevas amenazas, ya que nuestras principales amenazas provienen de otros estados vinculados a viejos conflictos que aún no se han resuelto.

Este evento se realizó el 21 de octubre, bajo la organización del Centro de Estudios Latinoamericanos de Seguridad, del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Tuvo lugar en en la Sala de Conferencias de la Coordinación de Ciencia
Política José Miguel Sanz.

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