Las nuevas leyes aprobadas esta semana ponen en peligro la libertad de expresión en el país

Así, se establecen sanciones por difundir mensajes que pudieran hacer apología del delito, constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o desconocer a las autoridades legítimamente constituidas, según el texto de la ley.

"El gobierno pretende pasar una gran cortina que impulse a los medios independientes a autocensurarse por miedo, y pone en peligro el derecho de los usuarios a usar libremente internet", declaró a la AFP la comunicóloga Gloria Cuenca, profesora de la Universidad Central de Venezuela.

"Sobre todo en lo que se refiere a internet, lo que más nos angustia es el temor a que pasemos a una situación de bloqueo de contenidos como en China o Cuba", continuó.

La ley también incrementa las multas a los medios radioeléctricos, que llegarán al 10% de los ingresos brutos del año anterior, además de la suspensión del servicio por 72 horas continuas; más la revocación definitiva de la señal si se reincide en alguna falta.

La ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión e información, señaló que la ley "limita seriamente la difusión de ideas, el debate y el pluralismo tan necesarios en una sociedad democrática".

Se establecen "sanciones agravadas que alimentan la inhibición y la autocensura", advirtió la ONG.

Pero el presidente Hugo Chávez, cuyo gobierno controla al menos cuatro televisoras, cinco radios y un periódico de alcance nacional, y cuenta con un periódico y una extensa red de medios comunitarios afines, aseguró queno se busca "limitar" internet sino "regularlo".

"Hay que proteger al pueblo de la violencia, de la pornografía y del anonimato",explicó Chávez, que mantiene una tensa relación con los medios privados.

El diputado oficialista Manuel Villalba, de la comisión de medios del Parlamento, aseguró que "no es verdad que se va a imponer censura o restringir el acceso a internet. Aquí lo que se busca es que cada quien sea responsable de las opiniones que pueda emitir en un programa de radio o de televisión".

Por su parte, la ley de Telecomunicaciones declaró de servicio público el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones, así como la prestación de estos servicios.

"Con la declaración de servicio público hay una amenaza latente a los medios de comunicación. El Estado se reserva por completo la administración, vigilancia y tenencia de radios y televisoras", explicó a la AFP el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz.

"Las concesiones pasan a ser un préstamo temporal a los empresarios, con la amenaza permanente de una expropiación o revocatoria del permiso,según el corte político de las informaciones emitidas", continuó.

Esta nueva legislación también facilita al Estado obtener las acciones de los medios. Por ejemplo, cuando muera un accionista de una radio o televisora el Estado tendrá prioridad para obtener su participación.

"Ambas reformas sin duda acentúan la política de persecución y hostigamiento en contra de los medios y forman parte de una obsesión del gobierno por criminalizar, castigar y censurar el trabajo periodístico",dijo Ruiz.

Por su parte, Cuenca aseguró que el gobierno busca restringir a medios independientes porque "atribuye todas las derrotas electorales a la información. No ve que su problema es por la ineficiencia oficial, no por la información libre". AFP

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