PDVM pide a La Haya investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El poeta Quinto Horacio aseguraba que “la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”. En Venezuela, donde la justicia parece ser un poco más coja que en otras partes del mundo, se cuenta con el apoyo de organismos internacionales que buscan darle un pequeño empujón para que alcance con mayor rapidez a quienes violan las leyes.

Así es el caso de la Plataforma Democrática de Venezuela en Madrid (PDVM), una asociación civil que, ante la parcialidad política de los tribunales nacionales, ha solicitado a la fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Fatou Bensouda, que a través de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional se estudien los sucesos registrados en la nación caribeña a raíz de las protestas ciudadanas y que, a partir de la gravedad de los sucesos, se investigue la existencia de crímenes de lesa humanidad y sancione a sus responsables.

Para el presidente de la PDVM, Williams Cárdenas, esta investigación está en conformidad con el Artículo 15 del Estatuto de Roma que, habiendo sido creado por la propia Corte Penal Internacional, asegura que “el fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte (…)”. En este sentido, se cumplen con los procesos establecidos por el propio organismo internacional con el fin de contar con una investigación veraz sobre la violación de crímenes de lesa humanidad y el juicio a sus responsables.

Cárdenas asegura que “entre las personas que señalamos como presuntos responsables de ordenar, propiciar e inducir estos crímenes de lesa humanidad están: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional; Miguel Rodríguez, ministro de Interior; y Carmen Meléndez, ministra de Defensa; así como los gobernadores José Vielma Mora (Táchira), Francisco Arias Cárdenas (Zulia), Tareck el Aissaimi (Aragua), Francisco Ameliach (Carabobo) y Ramón Alexis Ramírez (Mérida)”.

Sin embargo, no son los únicos. La lista también incluye a jefes militares como responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas bajo su mando, donde destacan los nombres del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, General Justo José Noguera Pietri; los jefes de los Comandos Regionales de la Guardia Nacional Bolivariana, General de Brigada Arquímedes Herrera Ruso; General de División Antonio Benavides Torres; y General de Brigada Manuel Salvador Quevedo Fernández. Al que se suma el Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General Vladimir Padrino López, por ser el principal responsable de los ataques perpetrados en San Cristóbal los días 29, 30 y 31 de marzo.

En la solicitud enviada a la Corte Penal Internacional, la PDVM ha recordado a la Fiscal que “en la ejecución de dichos crímenes se han concertado funcionarios del gobierno venezolano, cubano y sus fuerzas armadas, Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana, que han actuado conjuntamente con las bandas terroristas dirigidas y financiadas por altos funcionarios del gobierno de Venezuela”.

Asimismo, Cárdenas ha asegurado que “en los archivos de esta Fiscalía constan las numerosas denuncias que hemos presentado sobre otros crímenes de la misma naturaleza cometidos por miembros del gobierno venezolano, que dieron lugar al inicio de la investigación preliminar conocida como Caso Venezuela”.

En este sentido, la PDVM considera que “la intervención de la Corte Penal Internacional es indispensable. Tanto por ser el único tribunal ante el cual dichos hechos pueden ser investigados y juzgados de manera imparcial, como porque su actuación, ya que ―además de contar con un efecto sancionador que, como fin último, se persigue― tiene un gran efecto preventivo y disuasivo, a fin de evitar que crímenes semejantes se sigan cometiendo contra personas que se encuentran en territorio venezolano, muchas de ellas de origen europeo”

Cárdenas confía en la importancia del proceso, debido a que “estamos plenamente convencidos de que en Venezuela, recientemente, se han cometido crímenes de lesa humanidad y de que el colapso del sistema nacional de justicia no garantiza la investigación imparcial de estos crímenes”. En este sentido, el presidente de la PDMV precisa que este es el motivo por el que “la competencia de la Corte Penal Internacional y la puesta en marcha de su jurisdicción complementaria deben acordarse con carácter urgente”.

“La jurisdicción nacional sólo perseguiría sustraer a los verdaderos responsables de la acción de la justicia y con ello la impunidad de dichos crímenes. De manera que, si se actúa con sujeción a los hechos y al derecho, se debe iniciar la investigación en La Haya”, sentencia Cárdenas.

Una investigación que, según lo dispuesto en el Artículo 77 del Estatuto de Roma, podrá conllevar a sancionar a quienes sean culpados de cometer crímenes de lesa humanidad con la reclusión por un determinado número de años (menor a 30 años), condena perpetua (si así lo justifica la extrema gravedad del crimen y circunstancias personales del condenado) y, a penas concurrentes de multas y decomisos.

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Por Informe21.com/ @JosePuglisi

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