Buhoneros acusan a militares de la especulación en alimentos

El alcalde José Ramón López y concejales de Caroní, a través de una comisión especial de lucha contra el acaparamiento, la especulación y la usura económica, informaron esta semana la próxima medida local en materia económica: prohibir a los buhoneros la venta de alimentos de la canasta alimentaria.

Liliana dice que formalmente no han recibido comunicado por parte de la Alcaldía o cualquier otro ente, sino que por medio de comentarios entre vecinos le ha llegado la información. “Me dijeron que a partir del lunes nos iban a retener la mercancía, y si reincidíamos entonces nos colocaban una multa”.

Desde el 1 de febrero de 2010 (Gaceta Oficial 39.358), la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios tipifica como ilícito la especulación (artículo 65), acaparamiento (artículo 67) y boicot (artículo 68).

Entre las sanciones que establece esta ley están: charlas, talleres y cursos sobre los derechos y obligaciones de las personas en el acceso a los bienes y servicios; multas de 100 a 5 mil unidades tributarias; clausura temporal de almacenes, depósitos y establecimientos (por hasta 90 días); ocupación temporal; o cierre definitivo.

“Cuando el funcionario bajo fe pública constate la comisión in fraganti del ilícito de especulación, deberá abrir de inmediato el procedimiento administrativo sancionatorio”, remarca la ley en el artículo 132.

Liliana asume lo que está por venir: “Yo estaré aquí así tenga que vender otra cosa”, no sin antes señalar de dónde viene el conflicto por los precios de vendedores informales. “El problema no son los que estamos en la calle, no somos la raíz del problema, sino los mayoristas”.

Explica otra de las raíces de la crisis de abastecimiento: si los productos se consiguiesen regularmente, como debería ser, no habría necesidad de ventas informales a sobreprecio… públicas o clandestinas.

Regular desde arriba

Como otros compañeros que prefirieron no identificarse, Liliana solicita que las regulaciones y controles se hagan “desde arriba”. A juicio de ellos, la escasez, el acaparamiento y la especulación con problemas cuyas raíces se han extendido hasta involucrar a efectivos de la Guardia Nacional.

Aseguran que los uniformados suelen retener arbitrariamente las mercancías. Liliana comenta que ha sido testigo que en las ventas reguladas no expenden el 100 por ciento de los productos, por lo que cuestiona cuál es el destino final de la mercancía restante. Insiste en que son parte de un negocio con mayoristas y abastecimientos chinos.

La versión de Domingo, otro buhonero, es similar. Solicita supervisar el puerto de la chalana, desde donde asevera se gestiona la venta por parte de los guardias a los revendedores.

Entiende que “el problema nos afecta a todos”. Con sus dos años en el negocio, optaría por la venta de quincallería, pero tampoco ha recibido comunicación formal de la Alcaldía sobre.

Desde hace ocho días le fue retenida la mercancía en el Comando del CORE 8. No sabe qué harán con ella. “Si la van a vender que la vendan y me den el dinero que invertí… buscaré otra cosa para vender”. Asegura que realmente la ganancia es muy poco, pues también adquieren los productos a un precio muy elevado a los mayoristas; y a veces a la Guardia.

Crisis sin resolver

La crisis económica no fue sólo por una contienda electoral. Mireya, una consumidora, recuerda que “durante la campaña sacaban productos a cada rato, habían más operativos, ahora hasta el pan escasea”.

Otros consumidores aplauden la idea de regular el mercado informal, sin dejar de lado el formal que “también están vendiendo muy caro”. Aun así se ven en la necesidad de adquirir el producto con sobreprecio.

Cada cinco o diez minutos se acercaba al menos una persona a preguntar por el precio de una lata de leche o Cerelac, que ha pasado a ser un producto sustituto. A 150 bolívares la compraban; era pagar ese precio o esperar que los anaqueles vuelvan a estar surtidos, o pasar horas en largas colas en cualquier establecimiento donde haya llegado el producto.

“Mientras más se dificulte conseguir el producto, se pondrán más caro”, razonó una consumidora.

Problemas de otrora y ahora

De acuerdo con el informe mensual del Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida (Ciepv), el índice de escasez de la canasta alimentaria en Puerto Ordaz fue de 35.67% de noviembre de 2013. Los renglones con mayor índice fueron: aceite de maíz (85.71%), margarina (80%), leche en polvo (75%), pollo entero (50%), harina de trigo y harina de maíz (85.71%).

En junio, por ejemplo, el reporte mensual del Ciepv registró 25,99% en el índice de escasez; en abril, 31,42%; en tanto, para enero del año pasado 31,18%.

Fuente: Correo del Caroní

AJ

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