ONU y OEA: Declaraciones de Chávez generan un ambiente de intimidación y limitan libertad de expresión

Así lo expresaron en un comunicado el Relator de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Catalina Botero.

La Rue y Botero recordaron a las autoridades venezolanas que al igual que tienen el deber de hacer cumplir la ley y el derecho a responder las críticas que consideran injustas o engañosas, tienen la obligación de respetar la libertad de expresión, en particular la independencia editorial.

En este sentido, subrayaron que los funcionarios públicos tienen que "respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando éstas son contrarias a sus intereses y posiciones", así como, "promover la tolerancia y la diversidad de ideas y opiniones".

Los relatores hicieron un llamamiento al Gobierno de Hugo Chávez a mantener la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión y a proteger las garantías internacionales en los procesos contra los medios de comunicación privados, en este caso, contra Globovisión.

El Ejecutivo de Venezuela acusó a Globovisión de acudir al "terrorismo mediático" y al "discurso de odio" con "fines desestabilizadores" después de que la cadena retransmitiera una noticia sobre un sismo que afectó a algunas ciudades, antes de que se produjera la información oficial.

Durante la trasmisión, el director del canal señaló que no tenía información sobre la existencia de daños graves y criticó el hecho de que no se hubiere dado oportunamente información oficial.

El Gobierno venezolano alega que la cobertura del temblor generó "desconfianza del colectivo en las instituciones oficiales" y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió una investigación que le puede acarrear el cierre durante 72 horas del canal de TV e incluso la "revocación" de la concesión de transmisión por parte del Estado, según los abogados de la cadena.

Los relatores recordaron que los Estados "deben garantizar que los procesos administrativos o las facultades reguladoras no impliquen actos de censura indirecta motivados por la línea editorial del medio".
EFE

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