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Estudiante universitaria

Rudi Cressa: Congelar matrícula universitaria profundiza crisis del sector educativo

El incremento de la matrícula universitaria en una economía hiperinflacionaria es inevitable.  El problema que se presenta es complejo, quienes administran las universidades privadas se enfrentan a la necesidad de un aumento para hacer viable su operación y generar las condiciones que permita retener a su cuerpo docente, a sabiendas que esa  decisión privaría del acceso a la educación a un sector que no estaría en capacidad de hacer frente a los nuevos costos de la matrícula.

El debate en torno a la crisis educativa debe ser de altura e ir más allá de la defensa de posiciones absolutas, debe considerar un análisis integral de todas las partes afectadas y establecer el origen y las causas que ha derivado en esta situación. Hoy Venezuela requiere un cambio de modelo que permita recuperar su economía, industrias, generar empleo y elevar los niveles de ingreso de los venezolanos. El país requiere un modelo que les devuelva el valor a los profesionales y que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación, sin hacerlo en detrimento de las instituciones privadas.

Aun cuando el incremento de la matrícula es necesario, el 7 de enero de 2021, el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trómpiz, indicó que el precio de las matrículas universitarias debía mantenerse congelado hasta nuevo aviso. La decisión fue sustentada con el objeto de garantizar el acceso de la población venezolana a la educación superior.

Este tipo de medidas son inviables e insostenibles, hay que recordar que el país  registra cuatro años consecutivos en hiperinflación. Los ingresos percibidos por las instituciones de educación superior se destinan al pago del personal, mantenimiento de las instalaciones y otros gastos operativos y administrativos, mantener congeladas las matrículas traería como consecuencia un congelamiento de los salarios y haría imposible cumplir con los demás compromisos, debido al constante aumento en los precios de los insumos y servicios.   

La Constitución de 1999 declara a la educación como un derecho humano y un deber social obligatorio. Por otra parte, establece de forma explícita la responsabilidad que tiene el Estado y no las instituciones privadas, para crear y sostener instituciones suficientes que permitan garantizar este derecho.

Recientemente se “viralizó” la decisión que tomó la Universidad Católica Andrés Bello,  una de las principales casas de estudios del país, de aumentar el costo de su unidad de crédito a 10 dólares. La institución argumenta que el aumento fue motivado por el contexto y la situación que atraviesa el país e indicó que el ajuste se encuentra por debajo de la inflación y que iría destinado a mejorar las condiciones de los profesores y el resto del personal. Dicho aumentó se haría efectivo a partir del mes de abril de 2021.

No es secreto para ningún venezolano que los salarios de los docentes universitarios no se corresponden con la realidad del país. En muchos casos los salarios percibidos, no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los profesores y son ellos quienes, de cierta forma y desde hace varios años, han subsidiado la educación de los venezolanos. En este punto es importante destacar, que la Constitución Nacional, también establece que el Estado es responsable de garantizar la estabilidad profesional y un nivel de vida acorde con la responsabilidad y papel que los docentes desempeñan en la sociedad, sin embargo, la gran mayoría de los profesionales de la educación dependen de otras fuentes de ingreso.

Por otra parte, se encuentran los estudiantes, quienes cada vez ven más difícil poder continuar con sus estudios. A pesar de que las universidades han aumentado el número de becas y ayudas estudiantiles, son muchos los que han tenido que abandonar sus estudios debido a que no pueden cubrir los costos de la matrícula. La crisis venezolana ha traído como consecuencia una reducción drástica en los niveles de ingreso en las familias, quienes además deben en muchos casos tomar la decisión entre estudiar o producir. Todo esto ocurre en un país donde las oportunidades de empleo no abundan y en el que se calcula que han cerrado casi 400 mil empresas en los últimos 20 años, por lo que la demanda de profesionales es cada vez menor y aquellos que optan por realizar estudios superiores, en muchos casos lo hacen con la esperanza de emigrar con un título universitario.

La encuesta ENCOVI, publicada en el año 2020, reveló una caída de 13 por ciento en la población escolarizada entre 18 y 24 años, respecto al año 2017. El dato resulta preocupante, dado que la educación es un factor determinante para las opciones de escalabilidad social. La intensificación de la crisis educativa venezolana pareciera inminente y es una consecuencia más de la insistencia en la implementación de un modelo económico y político fracasado. (Foto: Pexels

Rudi Cressa